La inteligencia española reconoce espionaje a independentistas catalanes con orden judicial en plena tormenta Pegasus, incendiando toda la legislatura y sin visos de solución.
La ministra de Defensa sostiene que todo se ha hecho dentro de la legalidad, mientras ERC exige que dimita o la cesen y UP pide que se asuman responsabilidades "al más alto nivel".
Algunos miembros del Ejecutivo no confirman ni desmienten que sus terminales estén siendo investigados por el Centro Criptológico Nacional, avanza la 'Cadena SER'.