España: una alternativa a la mirada migratoria predominante en la UE

A lo largo del año y medio transcurrido desde el arranque de la Legislatura 2024/2029 del Parlamento Europeo (PE), de entre las incontables iniciativas impuestas por esa "nueva mayoría" que suma los escaños del Partido Popular Europeo (PPE) con los de los tres Grupos a su ultraderecha (Patriotas, Conservadores y Soberanistas) para hostigar al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez —referente de políticas progresistas en una UE escorada como nunca hacia el extremismo reaccionario—, ninguna nos había venido tan bien hasta la fecha como la de injertar en el Orden del Día del Pleno de febrero en Estrasburgo un debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes decidida a principios de este 2026.

El presidente del Gobierno de España no sólo no ha escamoteado la medida al escrutinio público sino que la ha explicado y defendido con convicción y coraje, incluso en una tribuna en el New York Times, tan cargada de intención en sus contenidos como en la elección del medio.

La regularización dignifica no solo a miles de personas que ya habitan en España (su cifra estimada alcanza a 500.000) sino a los puestos de trabajo que desempeñan y a su contribución al crecimiento y al modelo integrador e inclusivo por el que apuesta el Gobierno. El Decreto, compatible y consecuente con una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas (art.87.3 CE y LO 6/84) y aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, fija requisitos claros en términos de seguridad jurídica como: acreditar residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, con permanencia continuada al menos cinco meses en el momento de cursar la solicitud.

La retórica de la derecha (el PP, que en España aprobó la ILP) y de la ultraderecha en el PP abunda en tópicos tan habituales como predecibles, algunos más detestables que otros. Por descontado, se invoca, sin soporte empírico alguno, un hipotético "efecto llamada" bajo el que se encubre su apuesta por la sobreexplotación laboral de inmigrantes sin derechos, aherrojados al temor cotidiano de la discriminación o de la expulsión, sin más, de esa oportunidad por la que, en su mayoría, arriesgaron y sufrieron tanto. 

Fui ministro en el primer Gobierno de Zapatero que decidió en 2005, con audacia y con justicia, una regularización de hasta 700.000 inmigrantes (en su mayoría procedentes de la comunidad iberoamericana) que no solo no irrogó consecuencias disruptivas sino que mejoró nuestro ritmo de crecimiento económico con su integración laboral al tiempo que incrementó la recaudación fiscal y el sostenimiento de los servicios públicos con sus cotizaciones, confirmando, una vez más, que los trabajadores extranjeros contribuyen en proporción diez veces superior a las prestaciones que obtienen de nuestro Estado social.

La autorización reglada de trabajo y residencia no solamente es la opción jurídicamente más coherente con los valores constitucionales, sino la más producente para sectores esenciales como la agricultura, la hostelería, la economía de los cuidados y la atención a personas con necesidades especiales. Ejemplifica, de este modo, una apuesta valiente por la migración ordenada con la que las tribunas públicas se llenan tanto la boca sin que el discurso se cohoneste con todas sus consecuencias. 

El presidente del Gobierno la ha defendido por ser, primero, la moralmente correcta, pero también por ser coherente con nuestra realidad demográfica y con las constantes vitales de nuestra economía —primera en crecimiento y en generación de empleo en la UE— y de nuestro pilar social (impuestos, cotizaciones, prestaciones vinculadas a la dignidad del trabajo).

En lo demás, es evidente que el Gobierno progresista (de coalición y minoritario) de España está en el punto de mira de una ofensiva sin precedentes en la UE, determinada por una correlación de fuerzas escorada a la derecha y minada por la ultraderecha como nunca antes en la historia de sus Instituciones (el PE, con un 60% de escaños girados a la derecha; Comisión Europea y Consejo; en estas dos últimas, los líderes no conservadores o ultras se cuentan con los dedos de una mano y aun te sobran varios). 

Es obvio que el Gobierno de España se mantiene como contrapunto y alternativa a casi todo lo demás en un paisaje europeo cada vez más dominado por la mirada negativa ante el hecho migratorio y el zafarrancho de rechazo a migrantes estigmatizados —con discursos alarmistas de "invasión fuera de control"— como una amenaza inminente a nuestra seguridad y a nuestra identidad.

El hostigamiento de las derechas europeas en el PE —capitaneadas, claro, por las terminales del PP y Vox en sus respectivos Grupos— contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez es incesante y brutal: no hay Pleno del PE que se libre de un punto de debate impuesto por estas derechas —sea artificiosamente, sea con calzador, sea sin parar en mientes en el respeto a la verdad— con la declarada intención de infamar en la Eurocámara la imagen de nuestro país, que sigue, curiosamente, respirando europeísmo y dando ejemplo de crecimiento y buen estado de sus macromagnitudes con las políticas socialmente más avanzadas de la UE.

Pero, de entre cuantos hemos tenido que confrontar hasta la fecha en esta Legislatura, seguramente no ha habido uno en que a la fuerza moral de hacer lo que es justo se sumen las convicciones ideológicas y las razones económicas con tanta carga y tanto peso frente ese odio que persigue instigar miedo ante el hecho migratorio... para explotarlo a fondo, sin escrúpulo ni freno, en cada cita electoral.