El Consejo de Ministros aprobará el martes la reforma que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales

El Consejo de Ministros del próximo martes tiene previsto aprobar en segunda vuelta el anteproyecto que reformará por completo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una de las transformaciones más profundas del sistema penal español desde el siglo XIX. El texto, según ha adelantado El País, pasará a llamarse Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim) y culmina un proceso de casi quince años de debates y anteproyectos frustrados por distintos gobiernos de PP y PSOE.

El nuevo texto traslada a los fiscales la dirección de las investigaciones penales, función que hasta ahora recaía en los jueces instructores. Con ello, España se alinea con el modelo mayoritario de la Unión Europea y adapta su estructura a los estándares que ya siguen la Fiscalía Europea y los tribunales de menores. Además, introduce una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y limita la acusación popular, que no podrá ser ejercida por partidos políticos ni sindicatos.

El Gobierno prevé que la Loecrim se apruebe en esta legislatura y entre en vigor el 1 de enero de 2028, fecha desde la que se aplicará este sistema, solo en los procedimientos que se abran desde entonces. Con 1.023 artículos, la ley persigue modernizar la justicia penal y agilizar los procesos judiciales, una de las reivindicaciones históricas del sector.

Del juez instructor al fiscal investigador

No es la primera vez que se intenta dar este paso, pero sí la primera en que el Consejo de Ministros lo enviará al Congreso. El cambio de modelo ha sido una constante promesa en la agenda de la Justicia desde hace más de una década. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto que ya otorgaba la investigación a la Fiscalía, pero el final de la legislatura frenó su tramitación. En 2012, Mariano Rajoy encargó a una comisión encabezada por el magistrado Manuel Marchena un Código Procesal Penal con el mismo objetivo. El texto nunca llegó a ver la luz. Y en 2020, con Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescató aquella iniciativa, que el actual titular, Félix Bolaños, ha recuperado como base para la nueva Loecrim.

El calendario, sin embargo, ha encendido las suspicacias. Las asociaciones de jueces y fiscales más críticas con el Gobierno cuestionan la oportunidad política del momento elegido, ya que el proyecto llega al Consejo de Ministros a menos de una semana del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “El Gobierno pretende reforzar el papel de la Fiscalía justo cuando su máximo responsable está procesado”, advierten desde esos colectivos, que ven en la reforma una maniobra para ampliar el poder del Ministerio Público.

Nada cambiará de la noche a la mañana: la nueva Loecrim no será efectiva hasta el 1 de enero de 2028. A partir de esa fecha, las causas que se abran quedarán bajo la dirección de los fiscales, mientras que los procedimientos en marcha continuarán en manos de los jueces instructores. El nuevo sistema introduce además la figura del juez de garantías, que controlará las actuaciones de la Fiscalía y decidirá sobre cuestiones que afecten a derechos fundamentales, como la prisión preventiva, los registros o el secreto de las actuaciones. También resolverá los recursos contra las decisiones del fiscal, lo que, según el Ejecutivo, reducirá los retrasos que provocan los trámites en audiencias provinciales.

Una Fiscalía con más poder y más controles

Para adaptar la Fiscalía a su nuevo papel, el texto reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y rompe el vínculo entre el mandato del fiscal general y la legislatura. El nuevo modelo establece un mandato de cinco años no renovables —salvo si se ha ejercido menos de uno— y mantiene las causas tasadas de cese, aunque introduce una novedad relevante: si el Gobierno quiere destituir al fiscal general por incumplimiento grave, necesitará un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. De este modo, cuando se forme un nuevo Ejecutivo, heredará al fiscal general designado por el anterior, una figura que, en teoría, refuerza la estabilidad institucional.

El proyecto también blinda la autonomía de los fiscales frente al poder político. A partir de ahora, las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Público deberán realizarse por escrito y hacerse públicas. Además, se prohíbe expresamente que el Ejecutivo dé instrucciones sobre causas concretas. El fiscal general conservará la potestad de nombrar y sancionar a los principales miembros de la carrera fiscal, y la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio sobre el suyo si logra el apoyo de tres quintas partes de sus integrantes. Los fiscales, a su vez, dirigirán a la Policía Judicial en las investigaciones penales, un cambio que transforma la arquitectura del proceso criminal.

Otra de las patas de la reforma afecta a la acusación popular, una herramienta muy utilizada —y a menudo cuestionada— por los partidos políticos. La nueva Loecrim impedirá que formaciones, sindicatos y entes públicos puedan ejercerla. Solo podrán hacerlo las asociaciones o entidades que acrediten un “vínculo legítimo” con el objeto de la causa, y únicamente en un listado tasado de delitos, entre ellos los de corrupción, odio, violencia contra la mujer, financiación ilegal de partidos o vulneración de derechos de los consumidores. La medida sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en varias ocasiones ha pedido limitar una práctica que, en muchos casos, se ha convertido en un instrumento de desgaste político.

Si el Congreso da luz verde al texto, España cerrará un ciclo iniciado hace más de 140 años, cuando los jueces eran investigadores, árbitros y guardianes de la causa penal. La transición al modelo europeo —con los fiscales al frente de la instrucción y los jueces como garantes— marcará una nueva etapa en la relación entre poder judicial, Ministerio Público y política. Un cambio que, si nada se tuerce, llegará el primer día de 2028.