"Esto no va a quedar así": los vecinos de San Fernando denuncian que la reapertura de la Línea 7B no resuelve 17 años de "maltrato y abandono"

Han pasado más de 15 años desde que comenzaron los primeros problemas en las viviendas de San Fernando de Henares derivados de las obras de la línea 7B de Metro de Madrid. Lo que empezó con grietas y desalojos puntuales se ha convertido en un conflicto enquistado que afecta a cientos de familias y que no parece que vaya a solucionarse con la reapertura la línea, prevista para antes de que acabe el año.

Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro, resume la situación a El HuffPost como una "totura diaria" dividida en tres fases: "La primera, la más grave, sería la de los vecinos y vecinas que se han quedado sin casa; la segunda, los que viven en viviendas dañadas del entorno, y la tercera, quienes padecen la devaluación de su patrimonio y negocios aunque no tengan desperfectos directos".

Una reapertura rodeada de "escepticismo" y "miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó la semana pasada que la Línea 7B de Metro volverá a funcionar en su totalidad a finales de noviembre "con todas las garantías" tras la ejecución de trabajos de auscultación, consolidación y reparación en el marco del Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares.

"Ha habido un gran trabajo sobre el terreno que puede asegurar que esa línea se va a abrir con todas las garantías, mientras en la zona de donde antes hubo el problema con las casas afectadas se construirá un gran parque urbano para todos los vecinos de San Fernando y los municipios de alrededor", subrayó Ayuso en una entrevista en Antena 3.

La medida, destaca el Gobierno regional, beneficiará a unos 120.000 usuarios diarios que recuperarán la conexión con el Hospital de Henares, cerrada desde agosto de 2022. Se estima una inversión de más de 120 millones de euros en la rehabilitación de la infraestructura y en la reparación de daños, con la inyección de 13.000 toneladas de mortero en el subsuelo y la ejecución de trabajos de drenaje e impermeabilización.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo reivindica la reapertura como un éxito de gestión, entre los vecinos de San Fernando de Henares reina la desconfianza. "El estado de ánimo de los vecinos es de puro escepticismo. Y ya no solo de escepticismo, hay miedo", manifiesta Escribano.

Este recelo viene dado por todo lo vivido por los vecinos de la zona a lo largo de estos años, en los que cientos de viviendas, señala el portavoz, han sido demolidas. Como consecuencia, numerosas familias que han perdido sus viviendas y aún no tienen alternativa habitacional. 

"Ni siquiera lo más básico se ha cumplido: después de tirarnos nuestras viviendas, nos han dejado sin casa. Eso es lo que pedimos y nos han negado", denuncia Escribano, afrimando que la indemnización ofrecida resulta insuficiente: "Nos ofrecen una cuantía miserable con la que no se puede salir adelante".

Otro grupo de afectados son quienes habitan en casas dañadas por las obras. Más de 600 inmuebles figuran como expedientados por daños. Sin embargo, la mitad de las casas afectadas ni siquiera están reconocidas oficialmente, lo que impide reclamar a la Comunidad de Madrid.

También denuncia las graves deficiencias en la gestión de las viviendas afectadas, especialmente en relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial que han recibido algunas familias: "17 años de desalojos, hay familias que han sido desalojadas hasta en tres ocasiones a las que no se les reconoce ningún daño moral".

Asimismo, critica que estos expedientes solo cubren la reparación física de las viviendas, pero no garantizan el reembolso total: "Un vecino afectado repara su vivienda con sus propios fondos. Y la Comunidad de Madrid no tiene por qué devolverle la cuantía total". Esto implica que algunas familias, después de años de problemas, "incluso a lo mejor les sale a pagar la reparación".

No obstante, lo más preocupante, según Escribano, es que "si son los vecinos quienes se responsabilizan de las reparaciones, el efecto de la causalidad jurídica del daño desaparece". "Esto significa que si, en el futuro, la Comunidad de Madrid es denunciada por un vecino por daño en su vivienda, el Gobierno puede alegar que los daños que tiene son producidos por las obras que los mismos vecinos han hecho en sus casas", precisa.

El tercer impacto causado por las obras es la caída del valor inmobiliario y el colapso comercial: "El precio de la vivienda en San Fernando ha caído en torno a un 50% según qué zonas. Comprarse una casa en San Fernando ahora mismo es un suicidio". En paralelo, muchos negocios locales han perdido hasta un 40% de facturación, sin cobertura para más de diez años de crisis.

Por otra parte, los vecinos perciben el anunciado parque urbano de 12.000 metros cuadrados que será construido en los terrenos del complejo El Pilar como un gesto vacío: "Se piensa que con eso lo va a solucionar, pero nadie ha dicho qué va a pasar con los servicios que utilizaban nuestros vecinos y vecinas".

Falta de transparencia: "La Comunidad de Madrid denegó la mayor parte de los informes actuales"

Otro factor que ha alimentado la desconfianza hacia el Gobierno, señala Escribano, es la falta de transparencia. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, retirado temporalmente de la política para tratarse de un cáncer, afirmó hace unos días ante los medios que, a lo largo de estos años, el Gobierno regional ha mantenido un contacto constante con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, "sin ninguna intención de politizar el asunto, ya que lo primero son las personas".

Algo que pone en duda Escribano: "La Comunidad de Madrid tiene una agenda propia y avanza con ella sin contar ni con los afectados ni con las instituciones". "Diálogo es cuando tú  te sientas en una mesa a hablar para llegar a acuerdos con alguien para mejorar una situación o un problema, no que para que exijamos soluciones o respuestas y sigamos en la misma situación.

Asimismo, afirma que la Comunidad ha ocultado informes técnicos durante años, lo que llevó a los afectados a encargar un análisis independiente al Colegio de Geólogos: "La administración ha sido opaca. Contactamos con el Colegio de Geólogos, pero la Comunidad denegó la mayor parte de los informes actuales. Solo pudieron trabajar con documentos publicados hace años".

El dictamen de los expertos es contundente: la geología del municipio ha sido alterada artificialmente y el funcionamiento del metro agrava el problema. "La única solución viable es realizar un estudio geológico completo para crear un modelo predictivo que determine cuándo y dónde se producirán hundimientos. No se descarta que esto ocurra en 5, 10 o 20 años", explica.

El riesgo, asegura, radica en la movilización de aguas salinas que erosionan el subsuelo. "Si el metro funciona, lo que hace es extender las aguas salinas como una mancha de aceite por zonas sanas del municipio. Eso lo dice el Colegio de Geólogos y lo hemos visto en la vida real: hay áreas que no estaban afectadas y ahora lo están, incluso han sido derribadas", detalla.

Escribano critica que ya en 2008, apenas seis meses después de la apertura del metro, un informe hidrogeológico de la Universidad Complutense y la Politécnica advertía de estos riesgos: "Se sabía perfectamente lo que podía pasar y se metió en un cajón".

En su opinión, las obras actuales no resuelven el origen del problema: "Lo que hace la Comunidad es parchar el metro. Son los mismos tratamientos de túnel que se vienen aplicando desde 2016. Es un nuevo parche para que funcione, sin resolver el movimiento de aguas, la disolución de sales y, sobre todo, el problema social que está enquistado".

Por ello, Escribano plantea que "ese metro se tiene que cerrar, es así. Y hay que apechugar con las consecuencias", a la vez que reclama un verdadero plan integral de realojo para las familias que en el futuro puedan perder sus viviendas.

"Esto no va a quedar así. No vamos a ceder ni un palmo"

A los problemas judiciales, económicos y sociales se suman molestias cotidianas. Vibraciones, microseísmos, cortes de luz, gas e internet se han convertido en parte de la rutina de los vecinos de San Fernando de Henares y alrededores. "La situación de los vecinos es una tortura diaria", sentencia Escribano.

Algunos habrían tirado la toalla tras tantos años de lucha, pero esto no entra en los planes de los afectados por la línea 7B del metro. "Resignación jamás", afirma Escribano con contundencia. "Esto no va a quedar así. La Comunidad de Madrid lo que quiere es darnos un carpetazo y que se deje hablar de esto. Pues va a ser que no. Después de 17 años de maltrato y abandono, esto no tiene vuelta atrás", apostilla.

Los vecinos piden que se declare la zona como gravemente afectada, lo que permitiría canalizar ayudas, así como la "intervención a través de la sanción de impuestos para comprar casas y de ayudas fiscales para los comercios afectados, para que puedan vivir un poquito más desahogados". 

También exigen la construcción de viviendas públicas con recursos procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Ministerio de Vivienda o el futuro Plan Estatal de Vivienda 2025. "Pedimos viviendas públicas y baratas para la gente que pueda vivir en las ciudades de allí", insiste.

En cuanto a los próximos movimientos para seguir la lucha, el portavoz subraya que "lo primero ahora mismo en la agenda es intentar implicar a otras administraciones", ya que, desde su punto de vista, "el Gobierno de España tiene que reaccionar ante esto".

"Es imposible que la mayor negligencia técnica que se ha hecho en la historia reciente de España", dice, antes de recordad que "jamás ninguna administración había hundido un pueblo de 35.000 personas con una obra pública". "Lo más parecido es el Carmel y se resolvió en tres meses porque hubo respuesta política para resolverlo", asevera.

Además del contacto con otras administraciones y el Gobierno central, los vecinos planean salir a la calle: "Vamos a movilizarnos, claro que nos vamos a movilizar, vamos a salir a la calle a protestar". 

"Hasta que no haya soluciones claras y concretas para la gente, hasta que no se firme en papel negro sobre blanco que nuestro municipio y nuestras familias tienen futuro, no vamos a ceder ni un palmo de terreno. Vamos a pelear por lo que nos arrebataron y merecemos tener de vuelta: una vivienda digna, un transporte digno y un pueblo donde vivir digno", promete.