La Iglesia española, a favor de la regularización extraordinaria de migrantes: "Un acto de justicia social"

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han celebrado la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto, anunciada por el Gobierno.

Las entidades de Iglesia, que habían apoyado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya, consideran esta medida como "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular".

"Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión", han subrayado.

Además, el grupo eclesial considera que la regularización extraordinaria es un "complemento imprescindible" al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.

"El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria", han subrayado.

Según han advertido las entidades de Iglesia, el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables como "las personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos ,o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.

También se encuentran en esta situación, según han señalado, "los trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas".

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas.