La jueza imputa a la pareja de Ayuso por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto diligencias por dos supuestos delitos de fraude fiscal y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que tendrá que ir a declarar como investigado junto a otras cuatro personas.

La jueza ha anunciado esta decisión en un auto en el que apunta que los hechos denunciados por Fiscalía tras recibir un informe de la Agencia Tributaria "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades y otro por presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados.

El informe de la Agencia Tributaria indicaba que Alberto González Amador pudo haber cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros en 2021. También le imputaba falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas para así rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

La noticia ha llegado con la presidenta de la Comunidad de Madrid en pleno viaje institucional en Chile, donde este viernes mantendrá encuentros con empresarios del país y una visita a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Su regreso a España está previsto para el lunes.

Hasta este jueves, en la Asamblea de Madrid, Ayuso seguía insistiendo en que las acusaciones que recaían sobre su pareja se resumían en una simple inspección fiscal. Hace unos días, la presidenta regional llegó a decir que era Hacienda quien debía dinero a González Amador.

La magistrada toma esta decisión, además, después de que González Amador ofreciera un acuerdo a la Fiscalía el pasado 2 de febrero en un escrito en el que admitía los hechos por los que está siendo investigado.

La jueza explica que la denuncia de la Fiscalía se basa en un informe de la Agencia Tributaria referido a la entidad Maxwell Cremona S,L., cuya dirección corría a cargo de Alberto González Amador, que figura como administrador único en dichas fechas.

Añade que en el curso de las actuaciones se ha detectado que esta sociedad, ante el incremento en 2020 y 2021 del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cano determinadas conductas con la única finalidad de reducir la tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.

Indica que en el informe de la Agencia Tributaria consta que Maxwell Cremona registró un incremento de sus ingresos con ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 -año de inicio de la pandemia-- y la percepción de unos ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace unos años, Quirón Prevención.

Así en el ejercicio de 2020 se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por una sociedad mexicana en la que actuaba como representante otro de los investigados, Maximiliano Eduardo N.G., que no realizó ningún servicio o trabajo a la empresa de Alberto González Amador.

Añade que en el de 2021 se dedujo indebidamente otras catorce facturas, emitidas por diversos importes por una sociedad costarricense de Maximiliano Eduardo N.G. y por empresas de los también investigados David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S..

El auto detalla que en 2021 Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de otra empresa de la que es socio único y administrador Alberto González Amador.

"Dicha empresa carece de medios materiales para prestar los servicios, que se realizaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esta conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él con la finalidad de generar bases imponibles negativas", indica la instructora.

Y concluye que como resultado de dicha conducta Alberto González Amador "conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del impuesto de sociedades por los periodos impositivos de 2020 y 2021 no veraces".

Está pendiente que la jueza fije las fechas en las que los investigados deberán prestar declaración y en el auto ya adelanta que también citará como peritos a dos inspectoras de Hacienda para que ratifiquen o aclaren en su caso sus informes.