Ley de Amnistía, la "línea roja" y el gran escollo que puede decidir la legislatura

"Que esto se decida políticamente y no frente a un juez. Por nosotros, una ley de Amnistía, pero aquí hay otros actores. Entiendo que haya que le parezca insuficiente. Somos siete y esto es la Mesa. Falta la investidura". 

De este modo, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, dejaba claro el pasado mes de agosto cuál era la prioridad de su partido respecto a la posible investidura de Pedro Sánchez, el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones. 

Idéntica exigencia que Junts, clave en la investidura y el otro actor al que se refería Rufián, que reclama desde hace mucho una amnistía a los condenados por el procés, así como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Amnistía que, en los últimos días, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont hace extensible a su presidenta, Laura Borràs, condenada en marzo a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos.

Los portavoces de estas formaciones nacionalistas han repetido hasta la saciedad el mismo término a la hora de hablar de esta exigencia: "es una línea roja".

Después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha contado con más tiempo para negociar los "hechos comprobables" que exige Puigdemont para un sí a la investidura del candidato socialista y este sábado lo ha terminado admitiendo. Sus votos favorables son fundamentales para que se pueda reeditar un gobierno de izquierdas en La Moncloa y el expresidente catalán, huido en Waterloo, no va a desaprovechar la ocasión. 

"El diálogo es el camino, la Constitución es el marco", dijo, en un primer momento, Sánchez al ser preguntado por las exigencias nacionalistas. El presidente del Gobierno en funciones evitó referirse a si le ve encaje constitucional a una eventual ley de Amnistía, pero este sábado ha reconocido que estará dentro de la Constitución.. 

El socio del PSOE en el Ejecutivo, Sumar, ha insistido desde el primer momento en que sí sería viable constitucionalmente y pidió no tener miedo a abordar una medida así. "No tenemos problema en poder hablar, como se habla en el conjunto de Europa, siempre que esta idea de la amnistía, de una futura ley de amnistía, tenga todas las garantías jurídicas necesarias", apuntó Marta Lois, su portavoz parlamentaria hace casi un mes.

Ernest Urtasun, otra voz autorizada del partido de Yolanda Díaz, fue más allá al asegurar que una ley de amnistía "tiene encaje constitucional" y que sería "la vía más rápida" para normalizar la situación en Cataluña. 

En todo caso, Sumar conformó un grupo de expertos integrado por 20 juristas que trabajaron en dicha propuesta. Lois aseguró que podría incluso contar con el apoyo del PSOE, que estaría de acuerdo con ella, y, de momento, a falta de conocer más detalles, Sánchez ha salido en defensa de la norma.

En diversos medios y agencias, expertos juristas han ido pronunciándose sobre el posible encaje constitucional de una amnistía como la que reclaman los nacionalistas. En todos los casos, señalan cuáles son los argumentos a favor y en contra de su constitucionalidad. 

La clave para los que le ven encaje es que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, simplemente los indultos generales. Los que no lo ven claro, consideran que podría afectar al Poder Judicial, al anular todo lo juzgado, e incluso señalan que podía generar desigualdad jurídica. 

En todo caso, todos recuerdan que una ley no es inconstitucional hasta que lo decide el Tribunal Constitucional, tal y como había recalcado Sánchez en el mes de agosto. 

Sin embargo, el Constitucional sí se ha pronunciado sobre la amnistía. Lo hizo en 1986, cuando admitió que podía haber amnistía. Eso sí, considerándola excepcional y, lo más importante, vinculándola a la única amnistía que se ha producido: la de 1977. 

El último precedente, en marzo

Lo cierto es que España ya tiene un precedente bien cercano de intento de ley de Amnistía. Sucedió en marzo de este año, cuando ERC, Junts, la CUP y el PdeCAT presentaron una proposición de ley de amnistía que beneficiaba a todos los procesados y condenados por el 1-O. 

Entonces, la Mesa del Congreso, con el apoyo de PP, Vox pero también del PSOE, y con el voto en contra de Unidas Podemos, rechazó tramitar esta proposición de ley. Lo hizo apoyándose en el informe de los letrados del Congreso, que no aconsejaron admitirla al entender que suponía un indulto generalizado, lo que "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.

Aquel Congreso no era el de ahora y el Gobierno de coalición no necesitaba tanto los votos de ERC y Junts como ahora para sacar sus leyes adelante. Pero la Mesa sigue estando en manos de la izquierda, que, ahora sí, podría dar vía libre a la tramitación de una eventual ley de Amnistía. 

Porque los diputados ya pueden empezar a presentar proposiciones de ley desde que se constituyó el Congreso y bastaría, como recordaba hace unos días El Mundo, con una quincena de parlamentarios para hacerlo. 

Si se volviera a presentar una propuesta, la Mesa podría darle el visto bueno y que se incluya en el orden del día de un Pleno. Esto podría suponer un "hecho comprobable" de los que pedía Puigdemont. 

O tal vez no. Por eso esta exigencia de los nacionalistas catalanes puede ser la llave que abra la investidura y dé cierta luz a la legislatura. De momento, Sánchez tiene unos días para convencer a Junts y ERC. Veremos si lo consigue.