Expulsión inminente del país para la coautora del robo histórico de vinos españoles

La Audiencia Provincial de Cáceres ha decidido la expulsión de España durante siete años para una de las dos personas involucradas en el robo de vinos en el restaurante Atrio, Priscila Guevara, en lugar de cumplir los dos años que le restan de condena por su participación en el delito de robo con fuerza.

Según su abogado, Juan José Collado, la deportación es "inminente" y se llevará a cabo en los próximos días o semanas. El tribunal de Cáceres ya ha enviado las notificaciones pertinentes tanto a la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional como al Centro Penitenciario de Cáceres para que se ejecute lo antes posible, tal y como indicó en declaraciones a Efe.

La misma medida ha sido solicitada para Constantin Dumitru, el otro condenado por el robo de 45 botellas valoradas en 1,6 millones de euros en octubre de 2021. Sin embargo, esta petición aún no ha recibido una resolución.

Constantin Dumitru y Priscila Guevara fueron sentenciados a penas de cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, por un delito de robo con fuerza en un establecimiento abierto al público, de especial gravedad, según lo establecido en la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en enero.

Dicha sentencia también impone a los condenados la obligación de indemnizar a Reale Seguros Generales con 753.454 euros, el monto que la aseguradora pagó a la empresa propietaria de Atrio en base a la póliza contratada.

La bodega del restaurante Atrio es reconocida como una de las más valiosas a nivel mundial, con una carta de vinos que incluye más de 4.500 referencias de distintas variedades para acompañar los platos de un establecimiento que ostenta tres estrellas Michelin.

Según el auto emitido por la Audiencia Provincial, la Subdelegación del Gobierno en Cáceres ya había acordado en abril la expulsión de Priscila durante diez años; sin embargo, este proceso administrativo no puede interferir en una condena judicial, lo que motivó a su abogado a solicitar la sustitución de la pena en base al artículo 89 del Código Penal.

"Si regresa antes de que pasen siete años, tendría que cumplir el resto de la condena, pero, quizás dentro de cinco años, por ejemplo, se podría reconsiderar", explicó Collado, añadiendo que "una vez que cruce la frontera de España, será una ciudadana libre".