La derecha sueca cambia las normas: los migrantes podrían ser expulsados por no llevar una "vida honesta" aunque no hayan cometido ningún delito
El Gobierno endurece su política migratoria con un concepto polémico que podría permitir retirar permisos de residencia por deudas, fraudes o incluso comportamientos considerados "inmorales".
Suecia da un paso más en el endurecimiento de su política migratoria. El Gobierno, en el poder desde 2022 con la promesa de restringir la inmigración, ha presentado un proyecto de ley que introduce un concepto tan amplio como controvertido: exigir a los migrantes llevar una "vida honesta" para poder permanecer en el país.
La medida, anunciada el 24 de marzo, abre la puerta a retirar permisos de residencia incluso sin que exista un delito penal. Basta con que las autoridades consideren que una persona no cumple con ese estándar.
Qué significa "vida honesta"
El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió la iniciativa asegurando que no solo se trata de respetar las leyes, sino también de comportarse de forma responsable con la sociedad.
Entre los ejemplos que el propio Gobierno ha puesto sobre la mesa están no pagar deudas, no cumplir con decisiones administrativas, abusar del sistema de ayudas o haber obtenido el permiso de residencia de forma fraudulenta. También se mencionan situaciones como trabajar sin pagar impuestos o no abonar multas.
En todos estos casos, aunque no haya condena penal, las autoridades podrían revocar el permiso de residencia y proceder a la expulsión.
Más allá de los delitos
El proyecto va incluso más lejos. También contempla la posibilidad de retirar permisos si una persona es considerada una amenaza o si se detecta que ha mentido en su solicitud.
Además, introduce un elemento especialmente delicado: el de las declaraciones o expresiones. Aunque el Gobierno matiza que no son pruebas en sí mismas, sí podrían servir como indicios de comportamientos problemáticos, por ejemplo en casos de vínculos con extremismo.
Si el Parlamento aprueba la ley, estos cambios entrarían en vigor el próximo 13 de julio.
Críticas por su ambigüedad
La propuesta ha generado críticas inmediatas, sobre todo por la falta de claridad del concepto de "vida honesta". Organizaciones de derechos humanos advierten de que la norma puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias.
Desde Civil Rights Defenders alertan de que esta medida podría romper el principio de igualdad ante la ley. Actos que no tendrían consecuencias para ciudadanos suecos podrían, en cambio, derivar en la expulsión de personas extranjeras.
También señalan el riesgo de autocensura. El hecho de que declaraciones o comportamientos no delictivos puedan ser interpretados como señales de "falta de moralidad" podría limitar la libertad de expresión de los migrantes.
Un cambio de modelo
La iniciativa refleja un giro más amplio en la política sueca, que en los últimos años ha ido endureciendo sus normas migratorias. El objetivo del Gobierno es claro: aumentar el control y reducir los márgenes para permanecer en el país sin cumplir determinados estándares.
Pero el debate ya está servido. La clave no está solo en qué conductas se sancionan, sino en quién decide qué significa exactamente llevar una "vida honesta".
