Bruselas recomienda el veto a las "terapias de conversión", pero renuncia a una prohibición legal a nivel europeo

La Comisión Europea (CE) ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En una comunicación oficial presentada ayer miércoles, el Ejecutivo comunitario instó a todos los Estados miembros a prohibir las denominadas "terapias de conversión", pero aclaró que no impulsará una legislación vinculante que obligue a su veto a nivel de toda la Unión Europea (UE).

"Las terapias de conversión no tienen espacio en nuestra Unión. La UE está orgullosamente al lado de la comunidad LGTBIQ+", afirmó expresamente en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, a pesar de la presión ejercida por el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos, la Comisión ha optado por un enfoque basado en recomendaciones. Sin más. Por eso, está siendo criticada por dar pasos insuficientes, porque renuncia a una prohibición legal a nivel europeo. El argumento principal de Bruselas reside en la falta de una base jurídica sólida en los tratados europeos para legislar directamente sobre una práctica que se sitúa en la intersección entre la salud, la protección de menores y el derecho penal.

La Comisión fue tajante al calificar estas intervenciones -que pretenden cambiar, suprimir o anular la orientación sexual o identidad de género de las personas- como actos que violan los derechos fundamentales y, por tanto, los fundacionales de la propia Unión, los que justifican su existencia. Según el documento, estas prácticas "no tienen base científica, son ineficaces y pueden causar daños físicos y psicológicos permanentes".

La comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, defendió la postura de Bruselas subrayando la responsabilidad de las capitales nacionales: "Nuestra posición es clara: las terapias de conversión no tienen cabida en una Unión de la Igualdad. Sin embargo, en virtud de los tratados actuales, la responsabilidad de prohibir penalmente estas prácticas recae en los Estados miembros", cita AFP. Dalli añadió que Bruselas "apoyará y presionará a los Gobiernos nacionales para que actúen con urgencia y protejan a sus ciudadanos de estas prácticas crueles".

División de opiniones y falta de competencias

Hasta la fecha, sólo un grupo reducido de países de la UE, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Grecia, Chipre y Malta, han implementado normas que prohíben o restringen estas prácticas, que son intervenciones "profundamente perjudiciales" y "que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGTBIQ+ están enfermas", según define la Comisión.

En contraste con estos pasos adelante, otras naciones mantienen un vacío legal que permite que estas pseudoterapias sigan operando, a menudo bajo el paraguas de instituciones religiosas o centros de asesoramiento privado, además.

La decisión de no proponer una directiva europea ha generado reacciones encontradas. Por un lado, fuentes diplomáticas citadas por medios como Euractiv exponen que una propuesta legal habría enfrentado una fuerte oposición en el Consejo por parte de países con Gobiernos conservadores, lo que podría haber bloqueado la iniciativa durante años. Entienden como prudente no ir más allá, pero sí comprometerse en público contra las terapias. Hay, al menos, tres Estados miembro que están considerando la cuestión y a eso se aferran, a una corriente "extremadamente positiva".

"Estas prácticas, que pueden incluir el abuso verbal, la coacción, el aislamiento, la medicación forzada, las descargas eléctricas y el abuso físico y sexual, carecen de hecho de valor terapéutico, ya que no hay nada que curar o suprimir", incide la CE.

Por otro lado, activistas y eurodiputados progresistas han mostrado su decepción. "Es una oportunidad perdida para establecer un estándar mínimo de seguridad en toda la Unión. Un ciudadano LGTBIQ+ no debería estar menos protegido en un Estado miembro que en otro", señalaron al citado digital fuentes de la Eurocámara tras conocerse el anuncio.

"La competencia legislativa sobre cuestiones de salud y sanidad recae fundamentalmente sobre los gobiernos de los países de la Unión Europea, por lo que la Comisión Europea tiene un margen reducido para actuar en este ámbito, como ya le sucedió con la iniciativa ciudadana europea que pedía a Bruselas crear un fondo para ayudar a las mujeres europeas a ejercer el derecho al aborto", contextualiza EFE.

El compromiso

A falta de una ley europea, la Comisión se ha comprometido a activar un plan de acción que cambie las cosas sin caer en la supuesta intromisión en los Veintisiete y su sistema legal. 

Entre las medidas más destacadas de este documento se encuentra la idea de financiar campañas de sensibilización y formación para profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, intercambiar mejores prácticas entre los países que ya tienen leyes en vigor y aquellos que aún no han legislado y monitorear de cerca la situación, incluyendo el uso de fondos europeos para asegurar que no se financien entidades que promuevan estas terapias.

Un portavoz de la Comisión concluyó de forma rotunda: "La orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades que deban curarse. Instamos a los Estados que aún no lo han hecho a seguir el ejemplo de sus vecinos y legislar para poner fin a este abuso de una vez por todas", expone Le Monde. 

Con este movimiento, la pelota queda ahora en el tejado de los Gobiernos nacionales, mientras Bruselas intenta equilibrar su ambición en derechos humanos con las estrictas limitaciones de sus competencias jurídicas. 

La eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara, que forma parte del intergrupo LGBTQIA+ de la Eurocámara y es abiertamente homosexual, tildó la recomendación de "un paso en la dirección correcta" pero que "sigue siendo demasiado tímida", dado "el daño y trauma" que crean estas prácticas.