Multan con 280 euros a un jubilado de 73 años por aparcar en el hospital para llevar a su mujer, terminal: "Tenía la tarjeta de discapacitado"

Roy Sanders tiene 73 años, está jubilado y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su mujer, Judy, de 70, padece una enfermedad terminal y debe acudir con frecuencia al hospital para recibir tratamiento. Lo que no esperaba este exagente de policía es que, además de enfrentarse a ese diagnóstico, acabaría librando una batalla burocrática con una empresa de aparcamiento que le impuso multas por valor de 240 libras (unos 280 euros) por estacionar en el hospital a pesar de contar con tarjeta de discapacitado.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Russells Hall, en Dudley, en la región inglesa de West Midlands. Sanders llevaba allí a su esposa para acudir a distintas citas médicas cuando empezó a recibir sanciones por supuestamente no pagar el aparcamiento. Cada multa ascendía a 80 libras.

Un sistema automático que no perdona

El hospital había introducido meses antes un sistema de reconocimiento automático de matrículas (ANPR), gestionado por la empresa privada Nexus Group. Desde ese cambio, los usuarios con tarjeta azul -el equivalente británico a la tarjeta de movilidad reducida- deben registrar su matrícula en una plataforma online para mantener el derecho a aparcar gratis.

Sanders asegura que lo hizo todo correctamente. Según explica, registró su vehículo en junio de 2025, subió la documentación necesaria y, cada vez que acudía al hospital, escaneaba la tarjeta azul en la máquina, que confirmaba que no debía abonar ninguna cantidad.

Sin embargo, tras una visita el 22 de noviembre, recibió por correo una multa de 80 libras. Apeló y ganó. Pensó que se trataba de un error puntual. No lo era.

Tres multas, el mismo coche y la misma tarjeta

En las semanas siguientes llegaron dos sanciones más, correspondientes a visitas del 9 y el 15 de diciembre. Todas por el mismo motivo y todas relacionadas con el mismo vehículo. "Era como estar atrapado en un círculo robótico de incompetencia", relata Sanders.

Cada vez que apelaba, enviaba la misma información, ganaba el recurso y recibía la misma respuesta: que debía registrar la tarjeta azul, algo que -según insiste- ya había hecho desde el principio.

Las multas recibidas

Aunque ninguna de las multas llegó a pagarse, la situación se prolongó durante semanas, coincidiendo con el empeoramiento de la salud de su esposa.

"Si esto le pasa a alguien vulnerable, pagará por miedo"

Sanders intentó contactar tanto con la empresa de aparcamiento como con el hospital. Logró hablar con varios interlocutores, que reconocieron que no era un caso aislado. "Una de las personas con las que hablé dijo literalmente que habían recibido una cantidad fenomenal de quejas", explica.

Su principal preocupación no es ya su caso, sino el efecto que este sistema pueda tener en otras personas mayores o en pacientes sin recursos digitales. "Yo sé moverme con recursos online, pero muchas personas vulnerables no. Reciben la multa por correo, se asustan y pagan".

Nexus Group terminó reconociendo que la matrícula vinculada a la tarjeta azul tenía un carácter incorrecto en su sistema. Según la empresa, ese fue el motivo por el que el sistema ANPR seguía generando sanciones automáticamente.

Sanders, sin embargo, cuestiona esa explicación: "Si la matrícula estaba mal desde el principio, ¿por qué tardaron más de un mes en detectarlo? ¿Y por qué nadie comprobó nada tras la primera multa?" Finalmente, Nexus canceló las tres sanciones y actualizó los datos del vehículo.

El hospital pide disculpas

Desde el Dudley Group NHS Foundation Trust, responsable del hospital, su directora ejecutiva, Diane Wake, confirmó que estaban al tanto del caso y celebró que las multas fueran anuladas.

Aseguró que el objetivo del centro es que pacientes y acompañantes tengan la mejor experiencia posible y recordó que existen instrucciones tanto en la web del hospital como en las máquinas de aparcamiento para registrar correctamente las tarjetas de discapacitado.

Aunque el caso se ha cerrado sin consecuencias económicas para la pareja, deja al descubierto los riesgos de automatizar servicios sensibles sin mecanismos de corrección ágiles, especialmente en entornos como hospitales.

Para Roy Sanders, el daño ya está hecho: "Bastaba una simple comprobación para evitar todo esto. En lugar de eso, siguieron enviando multas como si nada". Una historia que, más allá de los 280 euros, plantea una pregunta incómoda: ¿quién protege a los más vulnerables cuando la tecnología se equivoca?