Un millonario se estrella en los tribunales por talar árboles protegidos para hacerse una piscina

La Justicia británica ha cerrado el caso sin contemplaciones. Un tribunal ha desestimado el recurso presentado por el promotor inmobiliario Bill Buckler y ha confirmado la multa de 20.000 libras (unos 23.000 euros) por talar hasta árboles protegidos en un acantilado para hacerse una piscina infinita y una edificación anexa al jardín. En el fallo, el magistrado Anthony Snelson no deja margen a la interpretación y concluye que el recurso carece de fundamento alguno. 

Los hechos se remontan a 2021, cuando Buckler obtuvo autorización de Natural England para talar 28 árboles en el extremo del jardín de su vivienda, situada en la exclusiva zona de Canford Cliffs, en Poole, al sur de Inglaterra. El permiso se concedió con fines de conservación: el promotor aseguró que la intervención permitiría frenar la erosión del terreno y mejorar el hábitat del lagarto de arena, una especie rara y protegida.

La realidad fue otra. Tras la tala comenzaron excavaciones profundas en el borde del acantilado, con la instalación de pilares de hormigón y estructuras asociadas a una piscina panorámica. El terreno afectado forma parte de los Poole Bay Cliffs, declarados espacio de especial interés científico por su valor geológico y por albergar especies protegidas. Vecinos de la zona alertaron de que las obras excedían claramente el permiso concedido y afectaban a un entorno sometido a una protección ambiental estricta.

Natural England inspeccionó la parcela en mayo y septiembre de 2022 tras recibir avisos de excavaciones no autorizadas. El organismo concluyó que las obras carecían de permiso y que habría presentado objeciones firmes si el proyecto se hubiera sometido al procedimiento legal correspondiente. A pesar de las advertencias, los trabajos siguieron hasta febrero de 2023, cuando las autoridades ordenaron su paralización inmediata.

En marzo de ese año, el promotor recibió una multa de 8.812 libras por infringir la Wildlife and Countryside Act de 1981 y otros 11.187 libras en concepto de costes administrativos. Buckler recurrió la multa ante el Alto Tribunal al considerar que era desproporcionada y al defender que había colaborado en todo momento con las autoridades ambientales.

El tribunal ha rechazado ahora esos argumentos. En la sentencia, el juez recuerda que el promotor reanudó las obras sin autorización tras recibir instrucciones para detenerlas y que lo hizo pese a las advertencias de que cualquier continuación sería respondida con órdenes de paralización. El fallo subraya además que el recurso no aporta elementos de peso y lo califica, sin rodeos, de carente de sustancia.

La resolución pone el foco en el daño causado. Nick Squirrel, responsable de Natural England, ha explicado que las características geológicas del acantilado han quedado dañadas de forma permanente y no pueden recuperarse. A su juicio, si el proyecto se hubiera sometido a la consulta exigida por la legislación urbanística y ambiental, tanto su organismo como el ayuntamiento habrían planteado objeciones contundentes.

Squirrel ha advertido además de que revertir las obras no es una opción viable. Retirar los pilares y el hormigón enterrados en el acantilado aumentaría la inestabilidad del terreno y supondría un riesgo para los usuarios del paseo marítimo y la playa situados debajo. En este punto, la Administración considera que mantener la estructura tal y como está resulta menos peligroso que intentar deshacerla.

Buckler compró en 2019 un bungalow de los años sesenta en Canford Cliffs por más de 3,1 millones de libras y desarrolla desde 2020 un proyecto inmobiliario valorado en unos 10 millones para sustituirlo por cuatro viviendas de lujo. La sentencia deja claro que ese desarrollo no ampara intervenciones ilegales en un espacio protegido. La piscina infinita, concebida como símbolo de exclusividad, queda ahora asociada a una sanción firme y a un fallo judicial que cierra definitivamente la vía de recurso.