La economía española mantiene el ritmo de creación de empleo, pero la factura de las pensiones crece a un paso más rápido. En 2025, las revalorizaciones aprobadas para preservar el poder adquisitivo elevaron la pensión media hasta los 1.314 euros mensuales. En ese contexto, Juan José López, médico jubilado con una pensión de 2.500 euros, lanza un aviso a los jóvenes: su futuro dependerá de carreras de cotización sólidas y de reformas que garanticen la financiación de un sistema sometido a una presión creciente.

La Seguridad Social destina cada mes más de 13.600 millones al pago de pensiones, casi 10.000 solo en jubilación. El gasto contributivo se mantiene alrededor del 11,7% del PIB interanual, y pese al incremento de los ingresos, el déficit del pilar contributivo ronda el 1,9% del PIB. La cláusula fiscal pactada con Bruselas limita el gasto medio entre 2022 y 2050 al 15% del PIB, mientras que las previsiones elevan el pico hacia mediados de siglo hasta entre el 16% y el 17%. Con esas cifras, cada año cotizado cuenta.

La advertencia de López cobra sentido en un sistema que depende de la estabilidad laboral y de carreras completas. El médico contrapone su pensión, fruto de una trayectoria continua y bien remunerada, con la realidad de las generaciones más jóvenes, que afrontan empleos temporales, salarios bajos y mayores costes de vivienda. Su hermano Antonio, profesor jubilado con una pensión similar, comparte la misma preocupación: sin ajustes, el sistema sufrirá para sostener las prestaciones.

A lo largo de 2025, la discusión sobre la sostenibilidad del sistema ha girado en torno a una idea común: para aspirar al cien por cien de la base reguladora es imprescindible consolidar trayectorias laborales estables y sin interrupciones. No se trata solo de un objetivo individual, sino de una condición necesaria para equilibrar el modelo. Como resume López, “cada año cuenta, y cada laguna pesa”.

Entre las recomendaciones que plantea destacan revisar las bases mínimas y cubrir los periodos sin cotización, valorar con prudencia la edad de retiro, priorizar la estabilidad laboral frente a la precariedad, invertir en formación y productividad para mejorar las bases futuras y aprovechar las mejoras de ingresos previstas para este ejercicio, que suman unos 1.700 millones de euros adicionales.

España mantiene actualmente una ratio de 2,4 cotizantes por pensionista, una proporción que descenderá a medida que avance el envejecimiento demográfico. La AIReF proyecta para 2050 una tasa de dependencia cercana al 70%, lo que tensionará tanto el sistema de pensiones como los gastos asociados a sanidad y cuidados. Si las tendencias actuales se mantienen, el bloque de gasto ligado a esas tres áreas podría alcanzar el 25,5% del PIB a mitad de siglo.

El debate sigue abierto entre quienes defienden aumentar ingresos a través de impuestos y quienes apuestan por ajustes paramétricos que moderen el gasto. En lo esencial, existe consenso en reforzar las bases mínimas, cerrar lagunas de cotización y modular los incentivos a la jubilación anticipada y demorada.

López insiste en que su mensaje no pretende generar alarma, sino promover previsión: “No es una advertencia pesimista, es un recordatorio. Hay que revisar el historial, cuidar las bases y decidir con tiempo”. Su reflexión resume la experiencia de una generación que ya ha pasado por el sistema y observa con cierta preocupación el horizonte: la sostenibilidad de las pensiones no depende solo de las políticas públicas, sino también de las decisiones que cada trabajador tome a lo largo de su vida laboral.