El Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear la renovación del Constitucional
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El Gobierno impulsa una reforma legal para desbloquear la renovación del Constitucional

El PSOE presenta este viernes un proyecto de ley para tramitarlo de urgencia. El presidente, vicepresidente y dos magistrados del TC están en funciones.

Bandera de España en la fachada del Constitucional.Europa Press News via Getty Images

El Gobierno ha decidido impulsar una reforma legal para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Este viernes, el PSOE presentará un proyecto de ley que tramitará por la vía de urgencia para permitir que tanto el Ejecutivo pueda elegir a los dos miembros del Alto Tribunal y el CGPJ a los dos suyos.

Según adelanta El Diario, este camino avalaría que el Poder Judicial pueda hacer los nombramientos incluso estando en funciones, como se encuentra desde diciembre de 2018.

El pasado 13 de junio, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya apuntó que veía “bastante viable” la posibilidad de que el Gobierno nombrase a los dos magistrados del TC que le corresponde por cuota aunque no se renovase el CGPJ.

Sus palabras llegaron un día después de que expirase el mandato del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos.

Con esta nueva ley, el Gobierno quiere deshacer el cambio introducido en marzo de 2021 y que impedía al máximo órgano renovar los magistrados estando en funciones. Era una medida pensada para presionar al PP a un acuerdo para la renovación del Poder Judicial, pero ante la negativa reiterada de los populares el bloqueo ya no solo toca al CGPJ sino que ha llegado al Constitucional.

La Constitución establece en su artículo 159 que “los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”, siendo nombrados por el Rey “cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un ‘pack’ cerrado. No obstante, fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press subrayan que se trata de una cuestión jurídica compleja que habrá que analizar en profundidad llegado el caso.