El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría poner fin a la larga guerra del derecho al aborto

Shannon Brewer se ha referido a la Organización de Salud de la Mujer de Jackson (JWHO), en Misisipi, como una especie de segundo hogar desde que empezó a trabajar allí como técnica de esterilización en 2001. 20 años después, Brewer es la directora de la JWHO, la última clínica de abortos de Misisipi, y se dirige al Tribunal Supremo en Washington para emprender la lucha de su vida.

Hoy, día 1 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene previsto celebrar una audiencia oral del caso Dobbs contra la JWHO con motivo de una ley de 2018 de Misisipi que pretende prohibir el aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo. La ley contradice frontalmente el caso Roe contra Wade, una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que protege el derecho al aborto. Esta sentencia convirtió en un derecho constitucional el acceso al aborto seguro y legal hasta la viabilidad del feto, que es de unas 24 semanas. La ley de Misisipi reduce este plazo casi a la mitad.

Dado que la JWHO es la única clínica de abortos que queda en este estado sureño, la ley apunta directamente a Brewer y su equipo. Y estos van a cargar con una responsabilidad enorme: este caso no solo decidirá el destino de los abortos legales en Misisipi, sino que también determinará la legalidad o ilegalidad del aborto en todo Estados Unidos.

“Me han preguntado muchas veces si tenemos miedo como en los demás casos que hemos defendido a lo largo de los años”, comentó Brewer en una llamada telefónica con periodistas a principios de noviembre. “Este caso me preocupa más que cualquier otro porque sé que puede perjudicar a las mujeres no solo de Misisipi, sino de los otros estados. Si [el Tribunal Supremo] lo permite, la mayoría de los estados del Sur van a prohibir el aborto inmediatamente”.

El Tribunal Supremo podría anular la ley de Misisipi, lo que significaría que la jurisprudencia de Roe seguiría prevaleciendo en todo el país. Pero también podría darse el caso de que el Tribunal Supremo decida mantener la ley ―ya sea prohibiendo el aborto directamente o modificando el límite gestacional―, lo que anularía la sentencia de Roe y permitiría a los estados establecer sus propias normas. Si eso ocurre, se desencadenarían prohibiciones o enmiendas constitucionales en varios estados que prohibirían de facto el aborto.

No se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión firme hasta junio. Si la ley del estado prevalece sobre la del país, será el comienzo de una batalla nacional. Para los ciudadanos de Misisipi, donde el derecho al aborto lleva años siendo atacado y la libertad reproductiva ya está muy restringida, sería un golpe definitivo.

No es casualidad que la batalla final de esta guerra, que ha durado décadas, haya llegado a su punto álgido en el estado de Misisipi. Misisipi es uno de los estados con mayor número de restricciones al aborto y con peor acceso a la atención sanitaria, ya que el 88% de las mujeres en edad fértil viven en condados sin clínicas de abortos.

“Misisipi siempre ha sido un líder en el mercado de las leyes antiabortistas, así que no me sorprende que hayamos llegado a este punto”, comenta Jenny Ma, abogada en el caso Dobbs contra JWHO. “La prohibición de las 15 semanas forma parte de una campaña de 25 años para eliminar el derecho constitucional al aborto. Ha sido un movimiento muy dirigido e intencionado por parte de los legisladores antiabortistas de Misisipi”.

Las organizaciones y los legisladores antiabortistas han tenido éxito en su campaña contra el acceso al aborto. En la actualidad hay más de una decena de restricciones al aborto vigentes en Misisipi, y hay varias más en proceso de impugnación ante los tribunales.

Y los legisladores del estado no han sido nada tímidos al anunciar su objetivo definitivo: convertir Misisipi en un estado sin abortos.

“Solo queda una clínica de abortos en Misisipi. Espero que esta medida la cierre”, declaró el senador estatal republicano Merle Flowers en 2012 cuando impulsaba la obligatoriedad de someterse a una ecografía antes de abortar.

Otro legislador, el representante estatal del Partido Republicano Sam Mims, declaró aquel año que Misisipi es “históricamente uno de los estados más provida del país”. Los legisladores que apoyaban la restricción del aborto, según explicó, solo querían “provocar menos abortos”. “Si la clínica de Jackson tuviera que cerrar, sería un día positivo para los no nacidos”.

Después de manifestar su apoyo a una restricción del aborto especialmente severa, el entonces gobernador republicano Phil Bryant dijo: “Como gobernador, seguiré trabajando para que Misisipi esté libre de abortos”.

Estos altos funcionarios están en conversaciones con organizaciones antiabortistas, sostiene Ma. El grupo antiabortista Americans United for Life ha aplaudido a los legisladores de Misisipi por cerrar seis de las siete clínicas del estado en la última década. De hecho, el propio grupo ha redactado borradores de leyes antiabortistas que posteriormente sus legisladores han aprobado. 

La JWHO, conocida coloquialmente como la Casa Rosada por el color de su fachada, abrió sus puertas en 1995 y atiende a unas 3000 pacientes al año. En su mayoría son mujeres negras, mujeres pobres y adolescentes. Aunque la ley de Misisipi todavía permite los abortos hasta la semana 20, la JWHO solo tiene recursos para realizar abortos hasta la semana 16. Más allá de ese plazo, se requiere un procedimiento específico que solo se puede practicar con permisos, costes añadidos y papeleo que la clínica no se puede permitir.

Brewer sostiene que el límite de 15 semanas tendría graves consecuencias para las pacientes. La JWHO atiende a unas 15 o 20 mujeres al mes que están embarazadas de 15 semanas o más, y cualquier otra clínica que abriera en Misisipi en el futuro perdería una ventana de cinco semanas para realizar el procedimiento. 

En 1992, Misisipi contaba con ocho clínicas de aborto. Una a una, siete de ellas fueron cerrando tras la sentencia de 1992 del Tribunal Supremo en el caso Planificación Familiar contra Casey, que permitía a los estados regular el acceso al aborto siempre y cuando no supusiera “cargas indebidas” a las pacientes. Aprovechando la sentencia, los legisladores antiabortistas de Misisipi impulsaron la legislación específica para los proveedores de abortos, conocidas como leyes TRAP, con el pretexto de proteger la salud de las mujeres.

La sentencia dio a los activistas contra el aborto la herramienta que habían estado buscando. Y funcionó. En 2014, Misisipi tenía dos centros de aborto y una clínica. Hoy, solo queda la Casa Rosada.

“Estas leyes TRAP están diseñadas para cerrar clínicas y, por desgracia, en estados como Misisipi, han tenido éxito”, explica Ma. “Estas leyes han hecho imposible que las clínicas se mantengan y que las pacientes puedan acceder a su atención médica”.

Brewer y el personal de la Casa Rosada ya lo han visto todo. Menos de un año después de que la JWHO abriera sus puertas, Misisipi aprobó su segunda ley TRAP, que obligaba a los proveedores de abortos a entregar folletos a las pacientes con los potenciales riesgos del aborto para su salud. Uno de los peligros citados era un mayor riesgo de cáncer de mama, algo que ya fue desmentido hace tiempo. La clínica todavía tiene la obligación legal de entregar estos folletos científicamente erróneos a día de hoy.

A principios de la década de los 2000, el efecto dominó de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Casey envalentonó a muchos antiabortistas. En 2003, Misisipi aprobó una ley que prohíbe el acceso a cualquier tipo de financiación pública para las clínicas de aborto. Esta ley afecta de manera desproporcionada a las personas con ingresos bajos, que son la mayoría de las pacientes de estas clínicas.

En 2007, los legisladores aprobaron lo que ahora se conoce como ley gatillo: una legislación que prohíbe inmediatamente el aborto si se anula la sentencia del caso Roe. Misisipi es uno de los 12 estados que cuentan con estas leyes de activación con vistas al caso Dobbs contra JWHO.

“Cuando empezamos a ver leyes gatillo, entendimos que eran una declaración de intenciones”, recuerda Elizabeth Nash, del Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política que defiende el derecho al aborto. “La idea de que el derecho al aborto quedara anulado parecía muy lejana en aquel momento. Ahora, la situación es muy diferente”.

La ley de 2007 también exigía el consentimiento de los padres para las menores que quisieran abortar. Además de la ecografía, los médicos también estaban obligados a preguntar a las pacientes si querían escuchar la actividad del feto o ver la ecografía impresa.

En 2018, el estado aprobó otra ley que exigía que los médicos que practicaran abortos fueran obstetras-ginecólogos, unos requisitos desproporcionados en comparación con los de otros estados, sobre todo teniendo en cuenta que esos mismos políticos han admitido que otros hospitales locales tienen privilegios.

Más adelante pusieron en marcha otras restricciones, como el requisito de asesoramiento previo y un periodo de reflexión mínimo de 24 horas entre la consulta y la práctica del aborto.

Cuando se aprobó la prohibición del aborto después de la semana 15 en Misisipi en 2018, se convirtió en la más restrictiva del país. Aunque otros estados tienen ahora leyes más extremas, como las seis semanas de Texas, fue Misisipi quien sentó las bases para futuros ataques contra los derechos reproductivos.

La guerra política por el derecho al aborto a menudo pasa por alto lo que la anulación de la sentencia del caso Roe realmente implicaría para las mujeres en todo Estados Unidos.

“Si ya estás sufriendo, la gente tiene que entender que quitarte algo más no va a hacer que tu sufrimiento desaparezca”, señaló Brewer en su llamada telefónica con periodistas. “Solo aumenta el sufrimiento. Y eso es lo que va a pasar aquí”.

Es imposible ignorar el historial de racismo sistémico en Misisipi cuando se habla del acceso al aborto y a otros servicios de salud reproductiva. Este estado tiene la tasa de pobreza más alta del país, y el 75% de las pacientes que abortan en Estados Unidos tienen ingresos bajos. Misisipi también tiene las peores tasas de mortalidad materna e infantil, especialmente entre personas negras, y las estadísticas muestran que para estas personas es 75 veces más mortal llevar un embarazo a término que abortar.

“Misisipi tiene un largo historial de medidas coercitivas y de control reproductivo que se remontan a la época de la esclavitud, durante la cual las mujeres negras soportaron una violencia sexual brutal y fueron obligadas a gestar y criar hijos contra su voluntad”, expone Ma. “Ese es el germen del problema aquí. Esa es la historia que hay detrás de todo esto”. 

Una prohibición del aborto tras la semana 15, bien logre anular la sentencia del caso Roe completa o bien parcialmente, tendrá consecuencias devastadoras. Y esas consecuencias las sufrirán sobre todo las mujeres negras y las mujeres pobres, no solo en Misisipi, sino en todo el país.

“Esta prohibición es racista y clasista”, denuncia Brewer. “Las mujeres que tienen los medios para viajar e ir a cualquier lugar para abortar son las que no se verán afectadas, pero las mujeres pobres se van a ver cada vez más empujadas a la pobreza”.

Aunque la Casa Rosada es el único proveedor de abortos en Misisipi, el sureste de Estados Unidos está tan necesitado de este servicio que cerca del 50% de las pacientes de esta clínica proceden de fuera del estado. Brewer y su personal han vivido una avalancha de pacientes procedentes de Texas desde el 1 de septiembre, cuando en ese estado entró en vigor la prohibición del aborto tras la sexta semana y delegó en los propios ciudadanos la vigilancia del cumplimiento de la ley.

Aunque solo lleva unos meses en vigor, la nueva restricción del aborto en Texas ya ha tenido efectos profundamente perjudiciales para las mujeres que buscan abortar. Muchas se están marchando de Texas para hacerlo, mientras que las personas con menos medios se ven obligadas a dar a luz. Las clínicas de aborto de los estados vecinos, como Oklahoma y Nuevo México, están desbordadas por las pacientes de Texas y el personal está sobrecargado de trabajo.

Antes de que entrara en vigor la prohibición de Texas, la JWHO abría dos o tres días a la semana. Desde septiembre, la clínica abre entre cinco y seis días a la semana y los manifestantes que se congregan ante el edificio se han duplicado, asegura Brewer. Ahora, una cuarta parte de las pacientes de la Casa Rosada son de Texas.

La restricción del aborto en Texas es un anticipo de lo que sucederá si el Tribunal Supremo anula la sentencia del caso Roe: clínicas de aborto desiertas que obligarán a las embarazadas a cruzar las fronteras de su estado o a llevar a término un embarazo no deseado.

“Estas pacientes nos llaman, aterradas, porque no saben qué hacer”, explica Brewer. “Están llamando a las clínicas de los estados vecinos y están todas saturadas durante tres o cuatro semanas por la afluencia de pacientes de Texas. Y eso está pasando con un solo estado que ha prohibido el aborto. Imagina qué pasará si el Tribunal Supremo avala que cualquier estado pueda prohibir el aborto”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.