Qué supone el "bloqueo total y completo" de Trump a los petroleros de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desveló la pasada madrugada que ha ordenado un "bloqueo total y completo" de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. La medida, anunciada en una publicación de Truth Social, supone intensificar notablemente su retórica y sus actos contra el Gobierno del presidente chavisya, Nicolás Maduro.

Las palabras "bloqueo total y completo" estaban en mayúsculas. Es un recurso habitual en Trump, pese a que en el lenguaje de redes eso suponga un grito, pero esta vez el grosor se traduce a los hechos: el republicano aprovecha el anuncio para recordar la presencia de una gran cantidad de activos militares en la región del Caribe y sugerir que podrían llegar más. También apuntó al Gobierno de Maduro por su nombre, en esta dinámica ya de meses de tira y afloja sobre si quiere o no derrocar a su gabinete. 

Más aún: Trump sugirió esta noche que Venezuela debe entregar recursos a EEUU, dejando en claro que uno de los objetivos de su campaña militar no es sólo combatir el narcotráfico, como hasta ahora se había estado manifestando. A las claras: "Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Sólo se hará más grande y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron", dijo en su mensaje. Venezuela nos roba. Y lo hace con barcos "fantasma", dice EEUU, en un intento de superar las sanciones federales. 

La nueva escalada de Trump, que cuenta con el respaldado militar que se ha ido ampliando en la zona desde septiembre, ejerce una presión sin precedentes sobre Caracas, amenazando con la bancarrota de la ya de por sí debilitada economía del país, con fallos estructurales como la dependencia petrolera. Como destaca el Banco Mundial, una caída drástica en la producción de crudo, la hiperinflación y la devaluación del bolívar, los bajos salarios, la alta informalidad, el éxodo masivo de trabajadores calificados, la corrupción y la falta de inversión por la incertidumbre política y las sanciones internacionales han llevado en estos años a servicios públicos deficientes y una pobreza generalizada, con picos de recuperación recientes aún insuficientes. 

Con esta presión extra, Trump se evita tener que recurrir al Congreso, indispensable a la hora de autorizar un conflicto armado que implique a EEUU. No es una guerra declarada, sino una guerra por otros medios. Hasta compañeros del Partido Republicano le están reprochando estos días la falta de información sobre lo que quiere hacer en Venezuela, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

Un bloqueo marítimo se ha empleado en un pocas ocasiones como un paso previo a un conflicto y en el derecho internacional se entiende que puede ser interpretado como una acción hostil, o sea, un casus belli (motivo de guerra); así ha sido históricamente. Washington no quiere hablar en esos términos y entiende que su decisión va en la línea de imprimir la "máxima presión" a quien le hace mal. Por eso no da más explicaciones. 

De qué hablamos cuando hablamos de bloqueo

Al anunciar el bloqueo, Trump también designó formalmente al Ejecutivo de Venezuela como una organización "terrorista", siguiendo la decisión del pasado noviembre de colgar la misma etiqueta al Cartel de los Soles que, dice, comanda el propio Maduro. Eso le da, entiende la Casa Blanca, el poder para bloquear intereses del enemigo si eso ayuda en su lucha antiterrorista. 

No se han aportado detalles sobre la aplicación efectiva de este bloqueo, pero el diario digital Axios ha desvelado que unos 18 petroleros bajo sanciones estadounidenses, completamente cargados de petróleo, se encuentran actualmente en aguas venezolanas. Ocho están clasificados como buques portacontenedores de gran tamaño (VAG), como el petrolero Skipper, que EEUU incautó la semana pasada. Incluyendo buques sancionados y no sancionados en aguas venezolanas, los expertos estiman que hay hasta 11 millones de barriles de petróleo esperando ser embarcados.

Este mismo medio ya avanzó ayer por la mañana que Washington está monitoreando estos buques y planeaba incautarlos tan pronto como entrasen en aguas internacionales. La administración Trump planea comenzar a sancionar más buques incluyéndolos en la lista de "Nacionales Especialmente Designados" del Gobierno, algo que también comenzó a hacer la semana pasada.

Alrededor de 712 buques en todo el mundo están en la lista SDN, según cita Samir Madani, cofundador de la empresa Tanker Trackers, que monitorea el transporte marítimo mundial. Casi 40 se encuentran actualmente en aguas venezolanas, afirmó, incluyendo los 18 cargados con petróleo venezolano.

Una relación compleja

Sumada a la amenaza de Trump, semanas atrás, de ataques terrestres en suelo venezolano -"Sabemos dónde viven los malos", dijo-, la medida de este martes aumenta la presión sobre Caracas al atacar su fuente vital de ingresos, que ya se encontraba bajo presión tras nuevas sanciones al sector petrolero a principios de este año y por la incautación del petrolero lleno de crudo venezolano, la semana pasada. Esto va más allá del castigo económico habitual, supone controlar físicamente el flujo de la fuente esencial de financiación de Venezuela y limitar su capacidad de operar en el comercio, perdiendo su lugar en el mundo. 

Se lanza un mensaje doble con este golpe: al régimen de Maduro, avisándole de que irá a por su gallina de los huevos de oro porque sabe que es un pilar clave de su supervivencia, y al mundo, porque cualquier empresa o país que transporte crudo venezolano deberá atenerse a las consecuencias de ahora en adelante. Es un movimiento que trasciende el dinero y trasciende la región, para convertirse en pura geopolítica planetaria. 

El paso subraya el enfoque de Trump en el petróleo del país, que hasta ahora había tratado de camuflar. Petróleos de Venezuela (PDVSA), de propiedad estatal, controla la industria petrolera del país. Chevron, con sede en Houston, es la única empresa estadounidense que perfora en Venezuela y paga un porcentaje de su producción a PDVSA bajo una exención de sanciones. 

El Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2006, alegando violaciones de derechos humanos, y el primer gabinete de Trump, en 2019, bloqueó efectivamente todas las exportaciones de crudo desde PDVSA. Luego, fue el expresidente demócrata Joe Biden quien otorgó en 2022 a Chevron una licencia para operar en el país, como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina. Trump no lo vio bien y revocó esa licencia en marzo, a los dos meses de recuperar el Despacho Oval, como hizo con otros socios, como la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, que habían recibido licencias por el Gobierno de Biden. 

Posteriormente, Trump reemitió la licencia para su firma, con la condición de que ningún ingreso fuera al Gobierno de Maduro. Ahora, entiende que la situación no está clara y por eso, en su publicación en redes de hace unas horas, acusó al "régimen ilegítimo de Maduro" de usar petróleo robado para "financiarse a sí mismos, el terrorismo de drogas, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Las empresas estadounidenses tenían una presencia mucho mayor en los campos petroleros del país caribeño hasta que se puso el sector bajo control estatal, en la década de 1970. Es a eso a lo que Trump se refiere, con su aire colonialista, cuando habla de recursos propios robados. Aún así, por ahora no ha usado el tono de algunos de sus compañeros de partido. "Venezuela, para las petroleras estadounidenses, será un festín", declaró la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, en una entrevista hace dos semanas en Fox Business. "Las empresas estadounidenses pueden entrar y reparar todos los oleoductos, las plataformas petrolíferas y todo lo relacionado con el petróleo y sus derivados", auguró. 

Un pilar económico

Las reservas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo, con un estimado de 303.000 millones de barriles según su propio Ministerio de Hidrocarburos, pero operan muy por debajo de su capacidad real, debido a las sanciones internacionales. La producción ha disminuido drásticamente desde principios de la década de 2000, a medida que el expresidente Hugo Chávez y, posteriormente, su sucesor, Maduro, reforzaron el control sobre la petrolera estatal, lo que provocó un éxodo de personal con más experiencia, además. 

En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles por día, según el último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía, citado por la CNN. Eso es apenas un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos del 1% del consumo mundial de petróleo. En enero de este año, la producción de crudo superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 bpd. Desde entonces, ha aumentado un 10,7 %, hasta 1.142.000 bpd en noviembre, según cifras oficiales. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela llegó a producir 3,1 millones de bpd, de acuerdo con un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Aunque algunas petroleras occidentales, incluida Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han reducido significativamente a medida que EEUU ha ampliado esas sanciones y ha fijado objetivos en las exportaciones de petróleo, con la meta de restringir el acceso de los chavistas a un recurso económico clave. Las sanciones también han dejado al país prácticamente aislado de la inversión y de los repuestos que necesita.

Sus recursos, pese a ello, son apabullantes: destaca sobre todo la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en «la mayor reserva de crudo en el mundo», con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según el Gobierno. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007.

Además, el país posee reservas en zonas como la Cuenca del Lago de Maracaibo, en el noroeste, una ubicación estratégica con conexión al Caribe y, de allí, con los océanos Atlántico y Pacífico.

Maduro ha intentado diversificar las fuentes de ingresos para salir de ese atolladero, a través del desarrollo de otros sectores, como el turismo, para dejar atrás el modelo rentista, pero por ahora, sin éxito. No quiere reconocer el daño, sin embargo, y dice que la economía se mantiene "imperturbable". Complicado a juzgar por los números que ellos mismos aportan: sólo sus ingresos en divisas cayeron un 99 % entre 2014 y 2020 y la economía dejó de generar 642.000 millones de dólares, "socavando la capacidad productiva de todos los sectores", según cita EFE.

No es sólo Venezuela

Las flotas fantasma son un fenómeno creciente, utilizado no sólo por Venezuela sino también por otros dos países productores de petróleo sujetos a sanciones occidentales: Rusia e Irán. La firma de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en todo el mundo se utiliza para contrabandear petróleo desde países sancionados.

De ellos, el 10% transporta únicamente petróleo venezolano, el 20% transporta petróleo iraní y el 50% se dedica exclusivamente al petróleo ruso. El 20% restante no está vinculado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países. Las sanciones petroleras tienen como objetivo disuadir a los países o empresas de comprar o negociar con petróleo crudo de las naciones sancionadas.

Las empresas y los países que sean sorprendidos comprando petróleo de países sancionados como Venezuela corren el riesgo de ser sancionados por Estados Unidos. Los Estados sancionados ofrecen su petróleo con grandes descuentos para que las empresas o naciones estén dispuestas a correr el riesgo de comprarlo aplicando trucos para disfrazar su origen.

Una de las estrategias más comunes que utilizan los petroleros fantasmas es cambiar frecuentemente su nombre o bandera, a veces varias veces al mes. Por ejemplo, el que EEUU apresó hace días ya viene siendo sancionado por el Tesoro de EEUU desde 2022, por su presunto papel en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a la milicia libanesa Hezbolá, según la CBS. En aquel entonces, el Skipper se llamaba Adisa, pero originalmente se llamaba Toyo. Era uno de los buques vinculados al magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.

La reacción de Maduro

El Gobierno de Venezuela ha reaccionado como se esperaba, denunciando el afán de Trump en hacerse con sus recursos naturales. Ha calificado la medida contra los petroleros como "una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela" y asegura que se trata de una violación "al Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad".

"El presidente de EE.UU. pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", dijo en un comunicado.

También reafirmó la soberanía de Venezuela y dijo que su embajador ante la ONU "procederá de inmediato a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional", algo que se espera que se produzca hoy mismo.

"Hacemos un llamado al pueblo de los EEUU y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que una vez más revela las verdaderas intenciones de Donald Trump de robar la riqueza del país", asegura.

Venezuela, además, "repudia la amenaza militar de Donald Trump y defenderá sus derechos al libre comercio, la navegabilidad, el libre desarrollo, la soberanía y la independencia nacional", declaró la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en un mensaje en Telegram.

Un contexto de fiebre

Al se preguntada, el pasado jueves, sobre si la campaña estadounidense en el Caribe se centraba en las drogas o en el petróleo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la Administración se enfocaba en "muchas cosas". Ahora se afinan los pasos. La funcionaria definió como su prioridad principal detener el flujo de drogas ilegales a EEUU, no obstante. 

Y es que estamos ante un suma y sigue desde que Trump ordenó en septiembre cuna movilización militar sin precedentes desde la crisis de Bahía de Cochinos, en 1962. En estos meses, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 25 ataques conocidos contra buques sospechosos de narcotráfico, tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, como parte de una campaña lanzada por el presidente Trump para combatir el contrabando. Al menos 95 personas han muerto, según Associated Press.

Los ataques más recientes tuvieron lugar el lunes, bajo la dirección del Secretario de Defensa -o de Guerra, como le gusta llamarse-, Pete Hegseth. "La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", dijo el comando en redes sociales. 

Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narco. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. 

Como en los casos anteriores, no se han aportado pruebas de pertenencia a esas mafias de la droga, lo que hace que tanto el Partido Demócrata como diversas ONG hablen de posibles "ejecuciones extrajudiciales".