Y ahora qué: las claves sobre el futuro del Pazo de Meirás
Patrimonio del Estado asume el complejo, 82 años después de que Franco se lo quedase como residencia de verano.
Hoy se acaba una injusticia vieja de 82 años: la propiedad del Pazo de Meirás pasa a manos del Estado, después de que el dictador Francisco Franco y su familia se lo quedasen y lo disfrutasen cada verano. Tras la sentencia histórica del pasado septiembre, las llaves están ya entregadas y empieza un tiempo nuevo.
Estas son las claves del futuro de un edificio que está llamado a convertirse en un símbolo de democracia y de justicia, de memoria y reparación.
¿De quién será ahora?
La jueza de primera instancia número 1 de A Coruña declaró al Estado como propietario del Pazo de Meirás en la sentencia de hace tres meses. La residencia oficial de verano de Franco estaba hasta ese momento incluida en su patrimonio.
La magistrada, Marta Canales, concluyó que ese disfrute proviene de una donación no legal, no querida ni autorizada por sus propietarios originales, los descendientes de la escritora Emilia Pardo Bazán. El dictador no pagó nada por esa propiedad y los Franco no pueden ser siquiera indemnizados por los gastos en los que han incurrido en este tiempo, añade, debido a la mala fe con la que se ha procedido durante el litigio.
¿Qué significa que pase a ser Patrimonio del Estado?
La Dirección General del Patrimonio del Estado es a quien corresponde exactamente su titularidad de ahora en adelante. El pazo forma parte ya del catálogo de bienes cuyo propietario es la Administración central y que, dada su peculiaridad, tiene un régimen jurídico especial para la adquisición, gestión, utilización y protección de sus medios materiales.
De esta dirección dependerán el inventario, la explotación y las obras, por ejemplo, que haya que hacer, con concursos públicos.
¿Quién lo va a gestionar?
Hay un grupo de administraciones que quieren participar en la gestión del pazo, y que fueron parte en el proceso que dio lugar a la sentencia que ordena a los herederos de Franco devolver la fortaleza al Estado. Son el Gobierno central, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y las Alcaldías de A Coruña y de Sada.
Representantes de todos estos poderes mantuvieron justo ayer la primera reunión de alto nivel para decidir los usos futuros del pazo, aunque la representante del Estado, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, dejó claro que el Gobierno de España es el depositario del pazo.
Lo que queda dentro
La familia del dictador quería llevarse todo lo que había dentro del complejo; el inventario ordenado por la jueza identifica un total de 697 bienes históricos de “incalculable valor” que los Franco guardaban en Meirás, 616 de ellos del interior del singular castillo de tres torres ideado por Emilia Pardo Bazán y 81 diseminados en sus jardines.
Ese paquete será clave en la discusión que deberán entablar las partes para determinar qué bienes forman parte de la propiedad, de nueve hectáreas, qué se queda y qué se puede ir. De forma provisional y hasta que haya sentencia definitiva, todo pasará a manos del patrimonio público.
En el inventario destacan las valiosas figuras medievales de los profetas Abraham e Isaac que formaban parte de una antigua puerta de la Catedral de Santiago, más otras esculturas de Santiago peregrino y los santos Pablo, Cristóbal, Francisco y Andrés.
¿Qué se va a hacer con el complejo?
No hay un proyecto definido sobre la mesa, pero sí hay dos propósitos claros para lo por venir: “el pazo de Meirás contará la verdad del paso de Franco, pero sobre todo reivindicará la figura de Emilia Pardo Bazán”, en palabras de la socialista Calvo. “Debe ser un lugar de encuentro con la historia en el que se cuente la verdad de lo ocurrido con el dictador Franco, con una mirada propia de la memoria democrática. No puede ser un lugar de recordatorio nostálgico del franquismo ni servir para su blanqueamiento”, señala.
El pazo no será un espacio cerrado, estático, sino que se abrirán sus puertas a los españoles que ahora son sus propietarios pero “con una mirada diferente a la de ahora, donde hay una situación de enaltecimiento de la figura de Franco”.
Ese es su plan, pero desde la Xunta gallega avisan de que “sería un error, y una oportunidad perdida, limitar el uso de Meirás a una sola parte de su historia, identificándolo como el lugar donde veraneaba unas semanas al año el general Franco”, dijo ayer su presidente, el popular Alberto Núñez Feijóo. Su apuesta es, al 100%, por la memoria de Pardo Bazán: “Creemos que el plan de la Xunta para poner en valor su obra y su legado es un proyecto de memoria completa, sin ocultar, por supuesto, que allí pasó varias semanas al año el dictador Franco, y su familia tras su muerte”.
La administración regional ha entregado a La Moncloa un proyecto “para convertir el pazo en el faro de la igualdad de España y para potenciar la importancia de la mujer aprovechando el legado de Pardo Bazán como precursora de la igualdad de derechos, y como una de las grandes mujeres de las letras españolas y gallegas”, con un marcado sentido gallego, pese a que la Justicia haya dado la titularidad al Estado.
Ahora toca, pues, diseñar qué se hace con el recinto y llegar a un consenso.
¿Se podrá visitar?
El pazo, Bien de Interés Cultural, ha sido visitable durante años, sin interferir a las visitas o mantenimiento de los Franco. Con bastante éxito de turistas, además, y listas de espera de meses. La Fundación Francisco Franco se encargaba de ello.
Cuando se decida el futuro del complejo, será visitable, porque precisamente el conocimiento de la figura de Pardo Bazán y del expolio del dictador serán su razón de ser, que necesita contarse a la sociedad.
¿Hay otras propiedades en la misma situación?
El número y el valor de las propiedades de la familia Franco siguen siendo, aún sin el pazo, formidable. Un patrimonio hecho de compras legales, personales, pero también de regalos polémicos y de prebendas.
El periodista Mariano Sánchez Soler, en el libro La familia Franco S. A., explica, por ejemplo que la primera gran donación al caudillo se produjo en noviembre de 1937, con la guerra a medias. José María de Palacio y Abarzuza, conde de las Almenas, hizo testamento en favor de Franco. Le dejó la finca del Canto del Pico, de 820.000 metros cuadrados, en la sierra de Madrid. “Una propiedad que, por sí sola, convertía en millonarios a los descendientes del jefe del nuevo Estado”, escribe. Allí se levantó la llamada Casa del Viento, hasta que el 27 de abril de 1988, el complejo fue vendido por 320 millones de pesetas (1.923.239 de euros actuales). Por eso no hay litigio, porque ya hubo beneficio y no hay manera de recuperar nada.
En Madrid, indica Sánchez Soler, hay otra finca, llamada Valdefuentes, compuesta de casa, explotación ganadera, coto de caza y hasta iglesia. No fue una donación ni un regalo, tampoco fue “comprada en el sentido estricto del término”, sino fruto de “cambalaches” varios. Originalmente era del conde de Romanones. El nieto del dictador, Francis, explotó económicamente el recinto, primero con fines ganaderos y luego haciendo del terreno un plató de películas.
A la muerte del dictador se cifró en “10.000 millones de pesetas. Pero una parte de ella, 3,3 millones de metros cuadrados, ha sido recalificada y, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, estaba previsto construir una urbanización de lujo, con un valor incalculable”, según se recoge en el libro Franco confidencial, de Pilar Eyre.
Según Eyre, “Carmen Polo tenía otra casa en el barrio viejo de A Coruña, el palacio Cornide. Se trata de un edificio de 879 metros cuadrados con un valor muy superior al del pazo de Meirás y que ha pasado desapercibido para el público”. A eso se suma la casa natal de Franco, en Ferrol. Es un inmueble austero que recibió el Generalísimo como parte de la herencia paterna y que la familia cedió al Ayuntamiento.
En Madrid, se le conocen propiedades como el número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid, en pleno barrio de Salamanca, sede de sus diversas sociedades, más otros pisos en alquiler en toda la capital española. Son propietarios de regalos hechos a la varios nietos en los 70 y 80 en zonas como Marbella y todo eso suma una cifra cercana a los 600 millones de euros, ente fincas, casas, sociedades, negocios y depósitos en cuentas bancarias (algunas fuera de España), indica Soler.
