Cómo la nueva Ley de Movilidad Sostenible puede cambiar la forma en la que millones de personas van a trabajar

¿Coche privado o transporte público? Son las dos principales alternativas para llegar al trabajo en España, pues casi nadie tiene la suerte, menos aún en una gran ciudad, de estar a pocos minutos caminando de su lugar de trabajo. El problema es que se producen más de 40 millones de desplazamientos diarios por trabajo en España, según el informe ‘La movilidad al trabajo en España’ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una duración media de 60 minutos.

Y durante muchos años hemos puesto el foco solo en las grandes fábricas o en la energía como principales responsables de las emisiones contaminantes. Sin embargo, los trayectos diarios al trabajo influyen igualmente en la congestión de las ciudades y en el consumo energético.

Es por eso que la nueva Ley de Movilidad Sostenible propone un cambio en la manera de movernos para ir a trabajar. Y en ese cambio, las empresas deben jugar un papel más protagonista del que han tenido hasta ahora.

Los desplazamientos al trabajo: una tarea pendiente para la movilidad sostenible

La inmensa mayoría de los españoles se desplaza a diario a su puesto de trabajo, y estos movimientos tienen un peso muy grande en las ciudades y áreas metropolitanas. Así que tiene consecuencias en tres ámbitos: contaminación, congestión y costes.

De hecho, el 60% de los trabajadores utiliza el coche y, de estos, más del 60% circula solo. Es decir, la consecuencia de los atascos que se producen de entrada y salida de las grandes ciudades en hora punta. A lo que tenemos que sumar el aumento del precio del combustible con el repunte en lo que llevamos de año por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el mantenimiento del vehículo, los peajes o el tiempo para aparcar en el trabajo y en casa.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Movilidad Sostenible?

La Ley de Movilidad Sostenible pretende impulsar un modelo de transporte más eficiente, accesible y con menor impacto ambiental. Entre otras medidas, obliga a introducir planes de movilidad sostenible en determinados centros de trabajo para reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas sostenibles.

La normativa afecta a empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores o más de 100 empleados por turno. Y el plazo para adaptarse a la nueva ley finaliza el 5 de diciembre de 2026.

Las empresas son ahora parte de la solución

Hasta ahora, los buenos (o malos) hábitos de movilidad dependían más de los empleados. A partir de ahora, desde la entrada en vigor de la nueva ley, las empresas tendrán que estudiar medidas para que las plantillas se desplacen de manera más sostenible.

Entre las principales alternativas:

El cambio, además, responde a una demanda creciente de los propios trabajadores, pues dos de cada tres empleados valoran mucho o bastante que su empresa impulse políticas de sostenibilidad, según el IV Estudio Pluxee de Retos y Tendencias en Recursos Humanos 2026.

El transporte público y los incentivos a los empleados

Dentro de todas las opciones que existen y que contempla la ley, el transporte público es una de las más sencillas, porque la infraestructura ya existe, está ampliamente extendido y está demostrado que reduce las emisiones y la congestión.

El reto en este sentido está en facilitar su uso. Una de las soluciones es el ticket transporte, que permite a las empresas apoyar económicamente los desplazamientos dentro del sistema de retribución flexible.

Además, supone un ahorro para los empleados, porque el transporte público cuenta con ventajas fiscales dentro de los límites de la retribución flexible. Según datos de Pluxee, el 60,7% de los empleados considera que esta medida es una de las mejores valoradas dentro de los beneficios laborales que existen. Lógicamente, tiene un impacto económico positivo y también facilita que el transporte público realmente sea una opción que salga rentable frente al vehículo privado.