El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone el foco en una "patente insuficiencia del informe de impacto económico", pero no es firme y cabe recurso ante el Supremo.
Desde Delegación del gobierno remarcan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha actuado en contra del criterio de la Junta Electoral Provincial".
El Gobierno autonómico tendrá que indemnizar con 60.000 euros a la familia por no realizar al menor las pruebas necesarias para descartar el verdadero diagnóstico.
El sindicato CCOO presentó un recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión de estos preceptos del decreto por considerar que va contra las normas estatales.