La justicia madrileña tumba las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid

Golpe judicial a las medidas de control de emisiones de gases nocivos en la Villa de Madrid. La justicia madrileña ha tumbado todas las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital española, en respuesta a una denuncia presentada por Vox. La clave del fallo radica en que existen una brecha en el ámbito económico de los efectos de estas zonas especiales.

En este sentido, se trata de la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha acordado el fin de este instrumento fijado desde el Ayuntamiento de Madrid. Concretamente, la justicia deja sin efecto algunos apartados de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma, se anulan las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid, pero también las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Con todo, el fallo no es firme, por lo que todavía cabe la interposición de un recurso de casación. Dicho recurso deberá presentarse, de así decidirse, ante el Tribunal Supremo.

La clave de la decisión: "Patente insuficiencia del informe de impacto económico"

De esta forma, y según ha podido comprobar Europa Press tras tener acceso a la sentencia del Superior madrileño, el fallo está motivado, entre otras cuestiones, por una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" de las medidas que se recogen en la Ordenanza que parcialmente ha sido suspendido.

Precisamente, el hecho de que no se haya tumbado el texto completo abre la puerta a que el Ayuntamiento de Madrid pueda tratar de volver a sacar adelante este tipo de zonas especiales. Y, aunque si da la razón a Vox en materia del informe económico, rechaza las acusaciones de irregularidades en la aprobación de la propia ordenanza municipal.

"No se tuvieron en cuenta en cuenta importantes consecuencias en el terreno de la economía de un importante sector de la población, el de menos capacidad económica, el más vulnerable frente a las medidas restrictivas; ni la incidencia en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado", se especifica en la sentencia.

De hecho, la justicia madrileña incluso alude a postulados recogidos en leyes nacionales, como es el caso de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, apuntando hacia el "principio de transición justa", por el que se deben implantar planes especiales y medidas de apoyo a colectivos especialmente vulnerables en un proceso de cambio de estas características. Con especial énfasis en aquellos trabajadores o firmas que contaban con menor capacidad económica para un reemplazo al vehículo eléctrico: fundamentalmente pymes y autónomos.

El telón de fondo jurídico que acompaña a esta decisión del Superior madrileño tiene mucho que ver con el respeto al principio de proporcionalidad medioambiental que ha marcado la jurisprudencia del Supremo y, a escala comunitaria, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Considera el TSJM que se trata de "ponderar en cada caso si las medidas restrictivas son necesarias y proporcionales".