Medio ambiente y defensa del territorio

Después de la dana de octubre de 2024, que causó grandes riadas en las costas levantinas que produjeron dos centenares largos de muertes, en 2026 estamos asistiendo a los mayores incendios sufridos en la Península desde que existe memoria histórica registrada.

Ante estas evidencias, que se suman a los datos aportados por la estadística (existe un ascenso gradual y constante de las temperaturas promedio desde finales del siglo pasado), solo los necios pueden negar un cambio climático en ascenso contra el que deberíamos precavernos. A todos los efectos prácticos, da igual que la situación de degradación sea en todo o en parte consecuencia de la acción humana o haya que atribuirla a causas naturales como las que estuvieron detrás de otras oscilaciones térmicas antiguas y prehistóricas… : la realidad es que estamos sometidos a una evolución climática letal que habremos de combatir para preservar la vida y el bienestar de los ciudadanos del mundo.

Estamos a merced de fenómenos meteorológicos de creciente virulencia, y el Estado moderno tiene que tomar como primera preferencia la de proteger a la población y el patrimonio construido. En lo tocante a las lluvias torrenciales, la desactivación de las riadas requiere un reforzamiento de las infraestructuras de encauzamiento de los cursos de agua. Los estudios hidrológicos a cargo de las confederaciones hidrográficas están redactados desde hace tiempo y tan solo falta acometerlos materialmente. De momento, no hemos visto los indispensables pactos de Estado que habría que negociar y que aprobar con grandes consensos para invertir lo que sea necesario en este menester, que solo nos parece acuciante cuando llegan los turbiones y hay que empezar a recontar cadáveres,

En lo referente a los incendios, el problema es más arduo porque la amenaza resulta más aleatoria. Se he dicho con frecuencia que los incendios del verano se previenen en invierno, afirmación dudosa que sólo es válida en parte ya que, en realidad, la lucha contra esta lacra ha de concebirse como parte de la ordenación del territorio.

Los incendios han adquirido este año una virulencia que los vuelve inabordables porque el incremento constante de biomasa —de material inflamable— a causa de las fuertes lluvias de este invierno ha proporcionado combustible en cantidades exorbitantes, lo que a su vez ha facilitado la formación de incendios que no pueden siquiera afrontarse si las condiciones meteorológicas no acompañan mínimamente.

Frente a estas situaciones de emergencia, no basta con ”limpiar” el monte bajo de los bosques, ni con incrementar los efectivos y el material de los bomberos: es preciso introducir un nuevo concepto de ordenación del territorio para poner límites permanentes y seguros a los incendios, adaptando el paisaje y las explotaciones agrarias a esta lucha inteligente contra la devastación.

Los expertos —ingenieros de montes y otras ingenierías y especialidades— conocen bien el abanico de posibilidades para una lucha eficaz contra el fuego. Una de las iniciativas más prometedoras es el llamado Proyecto Mosaico surgido de la Universidad de Extremadura y que es una iniciativa científica creada tras el grave incendio de 2015 en Sierra de Gata y Las Hurdes. Su objetivo principal es prevenir grandes incendios forestales mediante la recuperación de actividades agrícolas, ganaderas y forestales que dinamicen el medio rural y reduzcan el combustible vegetal. Evidentemente, no se trata solo de combatir incendios en un agro desértico sino de racionalizar el mundo rural, ganadero y agrario. El referido proyecto se está extendiendo por varias regiones españolas y ya es estudiado por gobiernos extranjeros y sus universidades.

La preparación de un territorio para rechazar los incendios es compleja pero inteligible. La dedicación de los pastos a la ganadería reduce en gran medida la biomasa susceptible de arder. Y no hay mejor cortafuegos que un terreno dedicado al olivar o al viñedo. La selección de los cultivos, la promoción de la ganadería extensiva, las repoblaciones con especies de ignífugas o de difícil combustión son elementos acumulativos que cerrarían el paso al avance de los frentes incendiarios y restarían virulencia a la combustión.

De nuevo nos encontramos con la evidencia de que se requiere al Estado para que acometa actuaciones que nos beneficiarán a todos. Infortunadamente, una parte de la política española está alineada en la dirección opuesta. Es risible que cuando estamos siendo víctimas preferentes de catástrofes climáticas, un partido de ultraderecha en alza, VOX, sea negacionista con respecto al cambio climático. Mientras nuestra derecha ve también con aprensión “la interferencia” del gobierno en crisis que, teóricamente al menos, serían competencia de los territorios autónomos.

Es innecesario decir que frente a los efectos dramáticos del cambio climático tenemos que aliarnos todos en un esfuerzo común. Pero no parece ocioso reiterar que no basta con aprender a apagar los incendios ni a rescatar a los ciudadanos a punto de ahogarse en las riadas: es preciso adaptar el territorio a estas nuevas amenazas de la mano de técnicos que gestionen con inteligencia los recursos necesarios.