Políticas de pactos en España

Tras una larga etapa en que la política española se ha cocido materialmente en su propio jugo, están ya a la vista algunos futuros procesos electorales, que forman parte del contrato social de la democracia y que tienen la virtud de la inexorabilidad (aunque Trump, dramáticamente, amenace con romper algunos de los mecanismos del sistema norteamericano, como la limitación de mandatos). Esta relativa inminencia —están a la vista las elecciones castellanoleonesas, andaluzas y extremeñas, y quién sabe si también las valencianas y algunas más que, como las aragonesas, surjan delas dificultades en la gestión del pacto PP-VOX— obliga a reflexionar sobre las políticas de pactos, toda vez que, aunque el sistema de partidos ha registrado intensos cambios en los últimos tiempos, no parece que estemos cerca de un retorno al viejo bipartidismo. Y ya se sabe: según la conocida ley de Duverger, los sistemas electorales proporcionales (el español es proporcional corregido mediante la ley d’Hont) tienden a alumbrar regímenes pluripartidistas, y así está siendo al fin en España, después de un excepcional periodo de bipartidismo imperfecto.

En España, la grave crisis 2008-2014 generó el surgimiento de nuevos partidos: además del efímero Ciudadanos, un gran bluff ya enterrado, aparecieron Podemos y VOX. Podemos se integró en Unidas Podemos para separarse después, en tanto las restantes fuerzas de aquella coalición creaban Sumar. Todo indica que será muy difícil la convergencia de las fuerzas situadas a babor del PSOE, y que la fractura sistémica de este sector tendrá un alto costo electoral a la baja para la izquierda.

En el lado derecho, las relaciones entre PP y VOX son oportunistas y enigmáticas, ya que no cabe una coalición normal entre ambas formaciones: en Europa —en Alemania o Francia— la extrema derecha está apestada y las demás fuerzas han creado a su alrededor un cordón sanitario que no puede traspasarse. En Italia, en cambio, gobierna la extrema derecha neofascista con aparente normalidad. Y Trump anima esta tendencia, aunque —felizmente— con la creciente oposición de un sector importante de la sociedad americana.

Por otra parte, en España juegan un papel destacado y constante las minorías nacionalistas, PNV y Bildu en Euskadi, Junts y ERC en Cataluña, donde un sector ultra del nacionalismo conservador está desertando de Junts para formar Aliança Catalana… El PNV y Junts (antigua CiU) ya han acreditado su camaleónica condición: no pactan por afinidad sino a cambio de contrapartidas concretas.

La crisis murciana, tan expresiva, nos emplaza frente a un futuro que con toda probabilidad será escenario de coaliciones en disputa, con la anomalía de que en nuestro país el segundo partido (en tamaño) del ala de estribor está fuera del marco constitucional. Los puntos más controvertidos de esta heterodoxia son de extraordinaria importancia, y no es imaginable que la derecha democrática pueda transigir con ellos. Recordemos los principales: negacionismo con relación al cambio climático (pese a la tragedia de Valencia), negacionismo con relación a la violencia de género (una lacra detestada por una indudable mayoría social), rechazo a la inmigración con una virulencia racista, negación de la memoria histórica y de la reconciliación e hiriente apego a la evocación franquista…

Ante esta alineación ideológica, es lógico que la alianza PP-VOX resulte perturbadora, no solo para terceros sino para una parte relevante de la clientela del PP. En Alemania, antes de las últimas elecciones generales, en febrero de este año, algunos gestos amigables de la coalición CDU-CSU con respecto a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) fueron cortados de inmediato por todo el arco político… Y, de hecho, el ascenso de AfD obligó a los socialdemócratas del SPD y a los socialcristianos de la CDU-CSU a formar una nueva Gran Coalición (la canciller Merkel formó cuatro ‘grandes coaliciones’ durante su larga estancia en el poder).

En España, el PP ha aceptado el apoyo expreso de VOX para formar gobiernos autonómicos y locales, a cambio de concesiones más teóricas que reales pero inapropiadas en todos los casos. La crisis provocada en Murcia por la dimisión tardía de Mazón ha puesto otra vez en el disparadero el engorroso asunto: la sucesión del presidente dimisionario requerirá el voto positivo de VOX. Y la presidenta extremeña, que ha convocado elecciones anticipadas por no haber encontrado el apoyo de VOX para unos presupuestos autonómicos, llegó al gobierno tras desdecirse públicamente de su anterior afirmación de que ella no gobernaría jamás con el apoyo de VOX.

Así las cosas, es notorio que la frontal enemistad que se profesan el PSOE y el PP es un gran vigorizante para VOX, y esta evidencia no solo concierne al PP sino a todo el arco democrático. Hay muchas razones, históricas y de otra índole, que dificultan un gran pacto transversal. Pero nada justifica la actual hostilidad. Este domingo, Pedro Sánchez manifestaba en una pertinente entrevista a “El País”: «Coincido [con los entrevistadores] en que es necesario articular más acuerdos con el principal partido de la oposición. Pero la realidad es tozuda. Por ejemplo, tas los incendios del verano propuse un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero lo que vemos es que Feijóo está pactando con la ultraderecha justo la negación de esa emergencia climática. El PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento. Esta es la realidad sobre la que tenemos que operar. Pero la voluntad del Gobierno para llegar a pactos es total. Y cada vez que se ha podido cerrar un acuerdo, lo ha hecho; por ejemplo, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

No es suficiente. En la actual situación, no basta con que PP y PSOE alcancen algunos acuerdos de Estado prescritos por la propia Carta Magna: hay políticas que deben ser resueltas cuanto antes por que está en juego el interés general y que los dos grandes partidos han des ser capaces de acordar. Por ejemplo, la política de vivienda.

No es, en efecto, de recibo que no haya forma de acordar actualmente un plan de choque en materia de vivienda, cuando existe un auténtico clamor social en exigencia de medidas contundentes. La situación actual degrada seriamente el concepto de igualdad, violenta la Constitución, limita el horizonte de los jóvenes y deteriora la calidad de vida de una gran mayoría de ciudadanos. Y si el régimen, por las circunstancias actuales, no es capaz de dar una respuesta rápida a tal petición urgente, harán su agosto con razón las fuerzas antisistema que niegan la validez del modelo.

En definitiva, hay que aislar a los ultras, de esto no hay duda. Pero para que ello sea verdaderamente posible y eficaz, es necesario que las formaciones democráticas cambien el tono de su relación. De otro modo, otra vez estaremos arrojando a España por el sumidero de la historia.