¿A qué condena se enfrenta el fiscal general del Estado?
Álvaro García Ortiz enfrenta varios años de prisión e inhabilitación.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a penas que podrían llegar hasta los seis años de prisión y doce de inhabilitación para el cargo de jefe del Ministerio Público, como así reclama una de las acusaciones populares en la causa que le atribuye un delito continuado de revelación de secretos y por la cual deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
El magistrado instructor del Tribunal Supremo ha decidido abrir un juicio oral a García Ortiz al considerar que facilitó a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía y reconocía dos delitos de fraude fiscal.
El juez Ángel Hurtado entiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, aunque también se le podrían imputar otros como los de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos (sic) o el de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
De todas las acusaciones, la de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la que reclama una mayor condena para García Ortiz, para quien pide una pena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Por su parte, la Fundación Foro Libertad y Alternativa (que incluye también a Hazte Oír y a Vox) pide cuatro años de prisión e inhabilitación.
Por su parte, la acusación particular que ejerce González Amador pide al Supremo que condene a García Ortiz por revelación de secretos y le imponga una pena de cuatro años de prisión, que le suspenda de empleo y sueldo por tres años, y que le aplique la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. También reclama un multa de 108.000 euros.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce de acusación popular, solicita la misma condena de cuatro años de prisión, tres años de suspensión como fiscal, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero deja la multa en 81.000 euros.
Por último, Manos Limpias solicita cuatro años de cárcel para García Ortiz, así como su suspensión del cargo como fiscal general durante tres años y 216.000 euros de multa, al considerarle responsable del delito de revelación de secretos.
El artículo 417 del Código Penal al que hace referencia el magistrado indica en su punto primero que "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
"Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años", añade.
En su punto segundo, también citado por Hurtado, el Código Penal recoge que, "si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
Fianza "excesiva"
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, la acusación que ejerce González Amador exige el pago de una indemnización de 300.000 euros.
El magistrado instructor, en el auto de apertura de juicio oral, califica de "excesiva" dicha cantidad y fija una fianza de 150.000 euros al jefe del Ministerio Público "a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias", incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press consideran excesivo el importe fijado por el magistrado, apuntando en este sentido que supera de forma amplia la fianza de 50.000 euros que suele imponerse en casos de agresión sexual.
