El novio de Ayuso facturó 4,4 millones de euros a Quirón cuando ya era pareja de la presidenta madrileña
La UCO también indica en un informe preliminar que su empresa carecía de medios para hacer el trabajo de consultoría que facturó al gigante sanitario.
Un nuevo informe de Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS señala que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha facturado al grupo Quirón 4,4 millones de euros en tres años, 2021 a 2023. Cabe destacar que la relación entre ambos comenzó a mediados de ese primer año y que el gigante sanitario recibe cada año una suma millonaria de fondos de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, según ha adelantado la Cadena SER, un informe preliminar de la UCO asegura que la empresa del novio de Ayuso era incapaz de hacer los trabajos de asesoría y desarrollo de negocios en Latinoamérica que supuestamente facturó al grupo Quirón puesto que no tenía plantilla ni medios técnicos. Se trataba, simplemente, de una compañía de tratamientos estéticos.
"Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría" dice el informe refiriéndose a la conclusiones de la Agencia Tributaria.
Masterman & Whitaker es la empresa que compró González Amador a la mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención del que depende la práctica totalidad de la facturación de la principal sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona. “Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, dice el informe.
Este documento, fechado el 19 de diciembre del pasado año, se conoce después de que el magistrado Madrid Antonio Viejo, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, autorizara la semana pasada a la UCO a investigar desde 2014 las cuentas bancarias de Alberto González Amador por la compra de esa empresa, puesto que podría tratarse de un presunto soborno de 500.000 euros.
La fiscalía ya consideraba extraño que González Amador comprara por ese medio millón una empresa de estética que "carecía de valor”, ya que no facturaba ni 30.000 euros anuales y no tenía empleados ni activos. Es más, esta empresa creada en 2008 ni siquiera tenía un local propio y compartía sede con la farmacia de la que era titular Gloria Carrasco, esposa del ejecutivo del grupo Quirón. Y en cuanto a activos, sólo contaba con un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.
La fiscalía sospechó desde un principio que la compra podría haber sido una simulación de González Amador para darle una 'comisión' a esta mujer por los negocios que el empresario ya mantenía con Quirón. El fiscal incluyó en su escrito el término “soborno”. El delito de corrupción en los negocios castiga los pagos de sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas.
El fraude fiscal, también paralizado
La otra gran investigación en contra del novio de Ayuso, su presunto fraude fiscal de 350.000 euros, todavía no tiene fecha de juicio tras acabar la fase de instrucción. De hecho, no se espera que arranque en lo que queda de 2026.
La investigación contra González Amador arrancó cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal el 23 de enero de 2024 a Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas.
Un informe de la Agencia Tributaria sobre una inspección llevada a cabo en 2022 alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021.
Durante la pandemia, González Amador puso en contacto a dos empresas para la compraventa de material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. Esto le reportó unos jugosos beneficios de los que no habría tributado en parte a Hacienda a través de una supuesta confección de facturas falsas para aumentar sus supuestos gastos y reducir el beneficio.
De esta manera, y siempre según la investigación, se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades en 2020 y 195.951,41 euros en 2021.
El informe de la Agencia Tributaria especificó que se habrían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".