Quién es Antonio Viejo, el juez que se encargará a partir de ahora de la investigación al novio de Ayuso 

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya tiene un nuevo juez que se encargará de su caso después de que la magistrada actual, Inmaculada Iglesias, se jubilase: Antonio Viejo. El proceso para llegar a juzgar a Alberto González Amador ha sido por vía de antigüedad, procedimiento propio del Consejo General del Poder Judicial en el que el aspirante con más años de toga tiene preferencia y queda directamente al cargo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. La pareja de Ayuso está siendo investigada por, presuntamente, cometer un delito de fraude fiscal. Sin embargo, ¿quién es Antonio Viejo?

El madrileño de 65 años tiene una amplia trayectoria en la judicatura española, ejerció como juez de instrucción cerca de tres décadas, además de liderar el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid entre 1997 y 2014. Además, fue un alto cargo del Ministerio de Justicia bajo la dirección de Dolores Delgado durante la primera legislatura presidida por Pedro Sánchez que despertó inquinas en los sectores más conservadores, pero que se trató de una decisión meramente técnica y es afiliado a la asociación judicial de Francisco de Vitoria, una entidad que oscila entre posiciones conservadoras y moderadas dentro del órgano. Además, entre 2015 y 2018 fue decano de los juzgados de Plaza Castilla.    

Ahora, Viejo se enfrenta previsiblemente a la investigación de Alberto González Amador, uno de los personajes con más relevancia en la actividad política reciente al estar envuelto en presuntos delitos de fraude fiscal que escalan exponencialmente por su relación con Ayuso, además de también encontrarse en el elenco de la película de la imputación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos precisamente de los correos entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. Sin embargo, este nombramiento todavía requiere de la ratificación de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aunque sería inédito que estuviera sujeto a cambios ya que rara vez se altera la resolución por orden de antigüedad. 

Al asumir responsabilidad sobre ese juzgado, Viejo heredaría una instrucción ya avanzada, con varios elementos polémicos y mediáticos. Hay acusaciones fundadas por parte de la Agencia Tributaria de uso de facturas falsas por parte de González Amador para evadir impuestos, operación de sociedades pantalla, entre más puntos trascendentales para la investigación. También existe una pieza separada que investiga posibles irregularidades en sus negocios con Quirón, una empresa sanitaria de gran relevancia en la Comunidad de Madrid, donde se plantea si hubo corrupción en los negocios o administración desleal al realizar operaciones con sociedades interpuestas.

Políticamente, el caso tiene una innegable carga mediática: afecta directamente a la pareja de una presidente autonómica, y se cruzan acusaciones de "trato de favor", filtraciones, vulneraciones del honor, debates sobre la independencia judicial... Con ello, quien lleve el caso tendrá que manejar no solo los aspectos legales sino también los institucionales y de percepción pública en un año en el que los tribunales tendrán una enorme carga política por los diferentes juicios abiertos en los que se encuentran implicados tanto miembros del Partido Socialista como del Partido Popular.

La decisión de poner en el cargo en un juicio tan trascendente a Antonio Viejo no sólo está tomada por la antigüedad del magistrado, sino también por dar una imagen institucional al órgano apostando por un perfil marcado por su reputación técnica, su conocimiento profundo de los juzgados de instrucción, y un perfil institucional sólido. Además, tiene ganado el prestigio entre sus compañeros gracias a una trayectoria en la gestión de la justicia, administración judicial, reorganización de órganos judiciales durante más de 35 años. 

La investigación de la pareja de Ayuso se encuentra así en una fase decisiva que podría marcar el devenir del caso. Hay denuncias ante Hacienda, informes de inspección, posibilidad de abrir juicio oral o exploración de delitos de corrupción. El relevo en la autoridad judicial puede influir en los tiempos, en la estrategia o hasta en qué pruebas admiten a trámite y, dado el perfil de Viejo, la incertidumbre está marcada por una buena y amplia trayectoria jurídica.