Destapan los audios de la inspectora fiscal que inició el caso contra el novio de Ayuso: "Se utilizan facturas falsas"

El diario El País y la Cadena SER han desvelado esta mañana una serie de audios de la inspectora fiscal que inició el caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, que evidencian cómo Alberto González Amador tenía supuestamente conocimiento de sus dos supuestos delitos fiscales, por valor de más de 350.000 euros. "Se utilizan facturas falsas", afirma la funcionaria sin medias tintas. "Sólo intentó regularizar su situación al ser pillado" por la Agencia Tributaria, añade.

Los audios proceden de la declaración judicial de la jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, una veterana del oficio, que deja un relato "demoledor y minucioso", afirma Miguel Ángel Campos, el especialista en Tribunales de la SER, usando calificativos de fuentes jurídicas. Tan contundente fue que la defensa del empresario "pasó de puntillas" por ella, para no remover más. 

Durante más de dos horas y media, el pasado marzo, Urbano dejó a Alberto González a un paso del banquillo, al explicar cómo entiende que el novio de Ayuso defraudó de forma consciente a Hacienda en 2020 y 2021, utilizó una red de facturadores falsos para aminorar la cuota a pagar, que únicamente intentó regularizar su situación cuando fue "pillado" por la Agencia Tributaria, o simuló operaciones para pagar menos a Hacienda.

Más aún: Urbano "desmonta" el argumento de la presidenta madrileña desde el primer momento, que salió a defender a su novio afirmando que estaba siendo víctima de una "inspección salvaje" por ser su pareja, un proceso por el que, sostiene, no suele pasar un ciudadano regular. La experta, en cambio, explica los motivos precisos por los que abrieron la inspección sobre el empresario en 2020: "pasó de ingresar poco más de 300.000 euros en 2019 a 2.300.000 al año siguiente y sorprendentemente, ese año pagó menos a Hacienda que el anterior", indica la cadena de emisoras. Ese comportamiento, ahonda la declaración, siguió en 2021. Ella investigó lo ocurrido más tarde, entre mayo de 2022 y enero de 2024.

Las tareas de comprobación constataron la existencia de "facturas falsas". Una de ellas, girada a México por más de 300.000 euros, que "se trató de una operación ficticia". Afirma Urbano que Amador fue "pillado" y entonces trató de ajustar cuentas. Por tanto, no es que se retrasara sencillamente en el pago y tratase de abonarlo más tarde, como ha defendido también Ayuso, insistente. 

El País explica que buena parte de su intervención la dedicó la funcionaria a desgranar los indicios, recogidos previamente en un informe de 187 páginas. Ahí mostraba que Amador "había actuado con voluntad delictiva", mostrando las 15 facturas que consideró falsas y que otros cuatro empresarios elaboraron para él por un valor conjunto de 1,7 millones de euros. En total, la cantidad defraudada ascendió a 350.910 euros, según su investigación.

Sirvan tres de estas facturas como botón de muestra: por ejemplo, hablamos de un montante de 922.000 euros por la venta de vacunas a Costa de Marfil, pero que en el fondo fue "una operación que no existió". "No se vendió vacuna alguna", expone el diario. En julio de 2021, González recibe un email por el que corrobora que no van a ser adjudicatarios del contrato. Aún así, tres meses más tarde, contabiliza el gasto de casi un millón de euros por este concepto para, de forma falsa, "aminorar la cuota tributaria a pagar".

También arroja luz la inspectora sobre la trama sevillana del caso: habla del "llamativo empleo" de hasta seis sociedades de la población de El Arahal, pertenecientes a tres personas diferentes, que en fueron contratados en teoría por Amador para 13 análisis de calidad sanitaria y normas ISO. Los tres administradores, sin embargo, "carecían de personal cualificado para esos trabajos tan técnicos": eran transportistas, agricultores y tratantes de ganado. "No tienen trabajadores con capacitación para prestar el servicio", dice literalmente. Cuando los inspectores acudieron, "se encontraron que allí no había empresa alguna". Las direcciones eran de edificios particulares, residenciales, hasta el punto de que en uno de ellos sólo encontraron al padre de uno de los investigados. 

Finalmente, está el caso de la compra de una firma por parte del novio de Ayuso: pasó dos contratos de 600.000 euros de su empresa Maxwell Cremona a Masterman, "cuando esta última sociedad carecía de personal y medios para realizar el trabajo". ¿Qué pretendía con eso? Aminorar la cuota a pagar al fisco, según Urbano.

Desde la defensa de Amador se le pregunta expresamente cuándo supo, en el curso de su investigación, que el implicado era la pareja de la también presidenta de la Comunidad de Madrid y ella rechaza responder. "Uff, esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder (...). Eso es un tema personal. Yo… de ahí no me… no puedo definirme", insiste. "No me meto en la vida personal de nadie. No es un hecho que viene en nuestro informe", repite ante la insistencia de las preguntas. Hasta que el propio letrado de la defensa le dice: "Tiene usted razón". "Efectivamente", replica la juez. 

A la luz de lo anterior, la funcionaria estima que Amador sí que cometió dos delitos fiscales en el Impuesto de Sociedades, referidos a los años 2020 y 2021, por un importe total de 350.000 euros. Después de haber recibido los informes de las partes, la justicia prepara ya el auto de apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso por esta pieza principal del caso.