Hoja de ruta: la historia detrás de García Ortiz, el fiscal general del Estado al borde del banquillo

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado desde agosto de 2022, atraviesa su momento más crítico desde que ostenta el puesto. Ahora, el último episodio de la que pudiera parecer una serie de Netflix ha finalizado con el procesamiento por parte del Tribunal Supremo, una situación sin precedentes en la historia de la democracia que deja al máximo representante de la Fiscalía a un paso del banquillo. Además, el auto al que ha tenido acceso El HuffPost no ve acreditado que la actuación del fiscal estuviera premeditada desde la presidencia del Gobierno. A pesar de la noticia que ha acaparado las portadas de los periódicos en las últimas horas, la historia tiene un hilo difícil de seguir entre el revuelo de la actualidad y el devenir de los acontecimientos. Es por ello por lo que aquí van una serie de migas de pan para poder tener la hoja de ruta en relación a este asunto.  

El 1 de agosto de 2022, García Ortiz realizó el acto de juramento como fiscal general del Estado. Un año después y encauzada su renovación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó por primera vez avalar el nombramiento. Algo que careció de consecuencias al no tratarse de una decisión vinculante. Su gestión ha estado en tela de juicio desde el inicio de su andadura por algunos sectores políticos, especialmente por el intento de ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Ese ascenso fue anulado en mayo de 2024 por el Tribunal Supremo, que acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Pese a ello, la historia sólo acababa de comenzar en uno de los enquistes más incómodos para la estructura actual del Gobierno.  

El caso que ha puesto en jaque su continuidad estalló en marzo de 2024, cuando varios medios publicaron una serie de correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— y la Fiscalía. En esos mensajes, la defensa reconocía irregularidades fiscales y ofrecía un pacto que señalaría al órgano judicial. A raíz de esa filtración, la Fiscalía de Madrid emitió una nota de prensa el 14 de marzo de ese mismo año para desmentir supuestas manipulaciones de los hechos por parte de los abogados de González Amador y defender el procedimiento llevado a cabo en el caso de la pareja de la presidenta madrileña. Esa nota de prensa se convertiría después en el núcleo de la causa judicial que explica todo el enredo que podría conllevar que García Ortiz se sentase en los banquillos.

El 16 de octubre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Supremo abrió una investigación formal contra García Ortiz por revelación de secretos, al considerar que la nota de prensa contenía información protegida. El órgano encargado del caso y formado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, designó como instructor de esta causa a Ángel Luis Hurtado. Un conocido de la política española que 'salvó' a Rajoy, archivó el 'caso Couso' y que volvía ahora a los focos mediáticos con otro 'pez gordo'. Una semana después de que se abriera la investigación formal, el fiscal decidió cambiar de teléfono móvil. El 30 de octubre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró su despacho y copió de forma forense sus dispositivos electrónicos para analizar sus correos. El instituto armado confirmó el cambio de celular al comprobar que no se había recibido ningún mensaje entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 y que el fiscal habría borrado su contenido. 

Dentro de esta investigación inédita en la historia de la democracia, también entró en el saco la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la nota de prensa que generó toda la discordia del caso y que buscaba desmentir los bulos generados por la defensa y entorno de la pareja de Ayuso que ponía en entredicho la actuación de la Fiscalía en el caso. Estos datos incluían presuntamente una propuesta de conformidad penal con reconocimiento de culpabilidad por dos delitos contra la Hacienda Pública y el compromiso de abonar la deuda tributaria e intereses.

El 29 de enero de 2025, el Tribunal Supremo le citó como investigado (figura equivalente a imputado). La defensa del fiscal general sostuvo desde el principio que actuó "en defensa de la institución" y para frenar la desinformación. Una testificación que dejó claro la posición del fiscal y que dejaba lejos su implicación delictiva de la que el magistrado está convencido. Durante todo el caso y el empeño de Hurtado —que no ha demostrado con ninguna prueba de que García Ortiz difundiera la carta o la información sobre ella—, la presión judicial ha ido in crescendo hasta tal punto que el pasado 9 de junio procesaba al fiscal general y a la fiscal de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. 

El 18 de junio de 2025, García Ortiz presentó un recurso contra su procesamiento alegando que “carece de toda base o fundamento”. Sin embargo, el golpe definitivo llegó este 29 de julio de 2025, cuando la Sala de Apelaciones del Supremo confirmó su acción, rechazando los argumentos de su defensa. Las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel, por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador. Tras esta decisión, el instructor podrá avanzar hacia la apertura del juicio oral, sentando a García Ortiz en el banquillo de los acusados.

La resolución concluye que existen indicios suficientes de que reveló información confidencial en la nota de prensa, aunque descarta cualquier vinculación del caso con Moncloa y ratifica el archivo de la causa contra Pilar Rodríguez al no ver un comportamiento delictivo en su actuación de los días clave —entre el 7 y el 14 de marzo de 2024— porque la Sala cree que se limitó a seguir las órdenes de su superior jerárquico. En otras palabras, la causa tan sólo se centra en la figura del fiscal general del Estado que ya ha confirmado que no se plantea dimitir. 

Las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno ha reafirmado su apoyo García Ortiz, subrayando la presunción de inocencia y la necesidad de respetar los cauces judiciales. En contraste, PP, Vox y asociaciones de fiscales conservadores han pedido su dimisión inmediata, considerando que ha comprometido la credibilidad de la Fiscalía. La Unión Progresista de Fiscales, por su parte, ha defendido su actuación y denuncia una ofensiva política desde sectores de la judicatura al no haberse mostrado prueba alguna de las acusaciones que se le asocian al jefe del Ministerio Público.

La situación de Álvaro García Ortiz permanece en una delicada encrucijada jurídica e institucional. Con el procesamiento confirmado, el fiscal general se enfrenta a la posibilidad real de tener que declarar como acusado ante el Supremo, mientras el Gobierno mantiene su respaldo y la oposición exige su cese inmediato. El futuro de este caso, que ha tensado los equilibrios entre justicia y política, dependerá ahora de si se decreta la apertura de juicio oral. Hasta entonces, el desenlace sigue siendo incierto y sus implicaciones aún difíciles de calibrar en un caso inédito en la historia de la democracia y con grises muy difíciles de matizar.