Vuelve el rojo sangre a las camisas de los mineros: ¿qué pasó en la mina de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores?
El 31 de marzo una explosión en la mina de Cerredo, en Asturias, mató a cinco mineros. La empresa no tenía permiso para extraer carbón, aunque se hacía. El Principado solo realizó una inspección pese a los antecedentes del entramado familiar propietario del yacimiento.

El lunes 16 de octubre de 2023, a las 8.11 horas, un vecino del municipio de Degaña, en Asturias, envió un correo electrónico al Servicio de Atención Ciudadana del Principado (SAC). "Buenos días", escribió antes de "informar acerca de una nueva explotación en la Mina de Cerredo". "¿Dispone la empresa de todos los permisos del Principado y de Minas para explotar una nueva bocamina en Cerredo? ¿Cumple con las medidas de seguridad correspondientes? La bocamina está abierta y puede entrar cualquier persona. ¿Eso es legal? ¿Desde el Ayuntamiento de Degaña, Principado y Minas son conocedores de esta situación?", preguntó el vecino en el texto, al que ha tenido acceso La Nueva España. Al día siguiente, el 17 de octubre a las 15.43 horas, el SAC reenvió el correo a la Dirección de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno de Asturias, organismo liderado por la hasta hace nada consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz. El vecino volvió a escribir al SAC hace unos días, el 1 de abril de 2025. "El día 16 de octubre de 2023 se envió la información al SAC del Principado de Asturias acerca de la explotación y extracción de carbón en [...] la mina de Cerredo. Ayer sucedió el fatal accidente. ¿Desde el Principado de Asturias no se era consciente de los peligros?" Escribió este correo un día después de que cinco mineros fallecieran en el peor accidente desde hace tres décadas.
El lunes 31 de marzo de 2025, a las 8.45 horas, los mineros leoneses Ibán Radio Barciela, Rubén Souto Robla, Jorge Carro André, Amadeo Bernabé Castelao y David Álvarez perdieron la vida tras una explosión en la mina de carbón de Cerredo. Según el testimonio de uno de los supervivientes, recogido por El Comercio, esa jornada entraron en la mina "como todos los días", en avanzadilla los mineros fallecidos y los supervivientes en un grupo más rezagado. Pronto, el oxímetro de este último corro emitió una sonora alarma. La concentración de oxígeno "estaba al 17%". "La alarma por falta de oxígeno empezó a pitar y paramos porque sabemos qué es lo que hay que hacer. Los de delante siguieron. No sé si es que no la escucharon o qué pasó. Ellos en teoría también llevaban dos aparatos de medición, cargados y comprobados antes de entrar, como todos", rememora este minero en el periódico asturiano. No tuvieron tiempo para avisar a los demás. La explosión de grisú, un gas que se inflama en contacto con el aire, fue fulminante. La pregunta es: ¿pudo haberse evitado?
Los trabajos en la mina de Cerredo, cerrada a la extracción en 2018 de acuerdo con el plan europeo de cierres de la minería del carbón, debían reducirse a la retirada de chatarra y maquinaria y al análisis de los materiales que allí pueda haber para, llegado el caso, poder darles salida. La empresa que tenía el permiso para hacerlo era Blue Solving S.L. Constituida en marzo de 2022 con un capital de 3.000 euros, la compañía pertenece a Adrián Rodríguez Rodríguez, el hijo de una saga familiar muy conocida entre el sector minero. No es sencillo, de hecho, ubicarse en el sinfín de empresas y sociedades familiares de los Rodríguez Rodríguez. Antes de la entrada de Blue Solving en Cerredo, la mina era propiedad de Combustibles Asturiana y Leonesa, una empresa dirigida por Ana María Rodríguez, madre de Adrián. El padre, Jesús Rodríguez Morán, tiene pendiente un juicio por, presuntamente, tratar de introducir cocaína en España oculta entre carbón. En 2023, Ana María Rodríguez traspasó el yacimiento a su hijo, después de que en 2022 falleciera un trabajador tras fallar los frenos del camión en el que circulaba por las galerías externas de la mina. Pasó, además, fuera de su horario laboral.
Después del accidente del camión, en el que además otro trabajador resultó herido de gravedad, la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias realizó una inspección en la mina tras la cual advirtió que había "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada", tal y como desveló La Nueva España. Este organismo estaba entonces en manos de la ya exconsejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, la persona que hace unos días desveló el hallazgo de dos huecos que indican una extracción ilegal de carbón. "En todas las explotaciones que yo he visitado no he visto estas condiciones ni en el peor chamizo", dijo Díaz en una comparecencia en el Parlamento asturiano.
Blue Solving no tenía permiso para extraer carbón. En la tercera planta de la mina, donde fallecieron los mineros, tan solo tenían autorización para retirar material. Sin embargo, todo parece indicar que sí sacaban carbón. Además de los dos huecos encontrados, así lo atestiguó también a El Comercio uno de los heridos. "El trabajo en la planta tercera era el de sacar carbón, como en todas las minas. Picas carbón, posteas, metes madera para sujetar la mina y lo sacas. Lo que hacía la empresa con él, si lo vendía o no, ya es algo que sabrá ella", dijo al periódico. En el medio digital asturiano Nortes, aseguran que en la zona de Cerredo era "un secreto a voces" que la explotación "estaba funcionando aunque no contaba con permiso para ello".
La posición de Belarmina Díaz, que esta semana dimitió de su cargo, está en entredicho. No en vano, fue directora de minas en el Gobierno asturiano cuando ocurrió el accidente de 2022 y durante el traspaso del yacimiento de madre a hijo. Díaz, además, mantuvo al menos dos encuentros con Blue Solving. Después de ellos, la empresa del entramado familiar logró un permiso del Principado para un proyecto de investigación en la mina. A pesar de lo descubierto tras el accidente y ahora tras el fallecimiento de los cinco mineros, la mina fue objeto de nueve inspecciones entre junio de 2022 y septiembre de 2024 y, según la consejera, "ninguna de ellas reflejó actividad alguna fuera de la legalidad en el tercer piso ni incumplimientos graves en materia de seguridad". Belarmina Díaz, no obstante, ha asegurado que exigirán "que Blue Solving asuma todas las responsabilidades" de confirmarse la ilegalidad. "No sería solo un incumplimiento administrativo sino una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores. [...] Lo ocurrido no puede ni va a quedar impune y se va a llegar hasta el final para saber lo que pasó, sin escatimar medios ni recursos", se ha comprometido. Pero no será ya con ella al frente. "En ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación", ha dicho tras anunciar su dimisión.
Para Javier Vázquez, exminero y responsable de Seguridad y Salud de la Federación de Industria en Comisiones Obreras, si bien "la responsabilidad principal es de la empresa", considera una obviedad que "fallaron los procesos de control y vigilancia". "Uno es un canalla si le dejan ser un canalla, sobre todo en el ámbito laboral", señala a El HuffPost. "Las inspecciones de la autoridad minera tenían que haber controlado mejor", lamenta. Desde Comisiones Obreras denunciaron ya los permisos a esta empresa después del accidente en 2022, y no entienden que, sabiendo que eran "unos ilegales", no se realizaran más inspecciones que la de septiembre de 2024. "Si tú tienes un contrato conmigo, me pegas una patada y luego vuelvo a sacar el contrato a concurso, si tú eres el único que se presenta y mi obligación legal es darte el contrato, ten por seguro que el control va a ser brutal. Solo hacen falta dos dedos de frente", considera Vázquez, quien además asegura que no tuvo ni que entrar en la mina para saber que ahí se estaba extrayendo carbón. Solo viendo el material que se utilizaba, dice, era evidente que se estaba realizando una labor ilegal. "Desgraciadamente, se nos está dando la razón", concluye. Sin embargo, también cree que este suceso no debería utilizarse para "demonizar" a todas las empresas mineras: "Las hay que cumplen, y que lo hacen todo correctamente por ellos mismos. No podemos meter a todo el sector en el mismo saco".
Actualmente, hay ya abierta una causa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas de Narcea para determinar posibles responsabilidades penales en la muerte de los cinco mineros.
Durante el funeral celebrado en Villablino, la hija de Iban Radio, uno de los fallecidos, dijo: "Os vais haciendo tanto ruido como la pólvora cuando estalla. No os vais sin que el mundo se entere, pero no es de extrañar, porque vosotros no sois de los que mueren en una cama de un hospital. Habéis levantado la manta y ahora el país entero conoce vuestro nombre. [...] Lo mínimo que merecéis es que vuestro nombre retumbe en todo el mundo". Estos son, de nuevo, sus nombres: Ibán Radio Barciela, Rubén Souto Robla, Jorge Carro André, Amadeo Bernabé Castelao y David Álvarez.