Se habla de "despropósito" tras la amenaza de multa a un agricultor en O Ribeiro por no instalar un baño portátil en una finca de 500 metros cuadrados

La última vendimia ha vuelto a demostrar el peso económico del vino en Galicia. Según recuerda El Faro de Vigo, la campaña de 2025 ha dejado 47,5 millones de kilos de uva en Rías Baixas, una cifra que confirma el valor estratégico del sector, que representa alrededor del 1,6 por ciento del PIB nacional según datos de la Interprofesional del Vino. Sin embargo, detrás de los buenos números han surgido tensiones vinculadas a la normativa laboral que afecta a las pequeñas explotaciones.

Mientras las bodegas de mayor tamaño requieren cuadrillas completas durante semanas, muchas fincas familiares funcionan de forma muy distinta. En una de estas parcelas pequeñas, situada en la zona de O Ribeiro, un viticultor se encontró con una situación que ha generado debate: la posibilidad de ser sancionado por no tener instalado un baño portátil en una finca de apenas 500 metros cuadrados, donde la vendimia se realiza en cuestión de una hora.

La escena se produjo cuando la Inspección de Trabajo, acompañada por agentes de la Guardia Civil y drones, se personó en varias fincas de Beade para verificar las condiciones laborales. Las autoridades exigieron al agricultor la instalación inmediata de aseos portátiles, lo que ha provocado incomodidad en el sector y la reacción de organizaciones profesionales.

Desde Unións Agrarias, citada por El Faro de Vigo, señalan que la medida resulta exagerada en este contexto y reclaman un enfoque más adaptado a la realidad del campo gallego. Aseguran que no discuten las inspecciones, pero sí la forma en que se realizan. "No se puede tratar igual una finca familiar y una explotación industrial", insisten. La organización ha trasladado ya una queja formal al Ministerio de Trabajo.

La base legal de esta exigencia se encuentra en el Real Decreto 486 de 1997, que establece que cualquier lugar donde se desempeñe una actividad laboral debe disponer de aseos adecuados. La normativa no distingue entre fincas extensas y pequeñas parcelas ni entre trabajos de larga o corta duración. Simplemente exige que los trabajadores tengan acceso a baños, que pueden ser portátiles homologados cuando no existen instalaciones permanentes. La proporción habitual es de un baño por cada 10 a 20 personas, siempre garantizando el acceso para quienes tengan movilidad reducida.

El sector vitícola recuerda que muchas vendimias en Galicia se realizan con apoyo de familiares, vecinos y personas allegadas, durante periodos muy breves de tiempo. Por ello consideran que aplicar la normativa sin matices es, en palabras de los viticultores, "un despropósito" que no refleja la realidad social del trabajo en el campo.