Qué incluye el decreto ley con el que Sánchez quiere seducir de nuevo a Junts
Control de la selección de habilitados nacionales, más dinero para los ayuntamientos y retraso de la implantación del sistema Verifactu.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que incluye tres medidas demandadas por Junts al Gobierno y que, hasta ahora, no habían sido satisfechas. En concreto, se ha aprobado una modificación de la ley reguladora de las bases de régimen local para que Cataluña gestione la oferta y selección de los habilitados nacionales, una flexibilización de las inversiones de los entes locales y ayuntamientos y un aplazamiento para la obligación del uso del sistema Verifactu para Pymes y autónomos.
Con este decreto, según ha adelantado Sánchez este martes, el Gobierno pretende seducir al partido de Puigdemont después de que éste anunciara hace un mes su negativa a apoyar cualquier iniciativa legislativa del Ejecutivo en el Congreso tras no ver teóricamente satisfechas sus demandas. “Pese a que el diálogo está roto, tengo muy claro que tenemos que cumplir los compromisos”, ha dicho Sánchez al respecto.
A continuación, detallamos las medidas que se incluyen en el real decreto, que tendrá que ser posteriormente convalidado por el Congreso.
Modificación de la ley reguladora de las bases de régimen local, devolviendo a la Generalitat la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales. Esto es, devolver una competencia que Cataluña ya tenía entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la administración local para ejercer funciones públicas reservadas y exclusivas en los ayuntamientos, diputaciones y otras corporaciones locales. Ahora, será la Generalitat quien se encargue de controlar la oferta pública para cubrir estos puestos y del proceso de selección.
Esta decisión choca con la postura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que lo considera un privilegio al independentismo, y también de colectivos que representan a los trabajadores públicos, que rechazan este tipo de traspasos competenciales "injustificados".
El real decreto también incluye "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada previamente también con Junts. En concreto, según ha adelantado Pilar Alegría, se les permitirá usar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles, como servicios de abastecimiento de agua, alumbrados públicos, vivienda, recogida de residuos, asistencia social o inversiones para la lucha contra el cambio climático.
Además, se ha aprobado una prórroga hasta el año 2027 de la adaptación de los requisitos sobre sistemas informáticos de facturación que establece el reglamento Verifactu. De esta manera, las pymes y autónomos tendrán un año más para adaptarse a esas normas. Estaba previsto que Verifactu fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.
Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.
El reglamento, en síntesis, obliga a pymes y autónomos a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. El objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas.
Pedro Sánchez también ha anunciado este martes que en otro Consejo de Ministros se aprobará otro real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables", otra de las peticiones del partido de Carles Puigdemont. Por el monento, el Gobierno no ha dado más detalles sobre esta medida.
