POLÍTICA
19/01/2014 17:48 CET | Actualizado 19/01/2014 18:07 CET

Enfermos afectados por el copago hospitalario: "Este Gobierno no tiene ni corazón ni cerebro"

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María Rosario Morer, de 46 años, cree que la ministra de Sanidad, Ana Mato, "no tiene ni corazón ni cerebro". Lo dice con una mezcla de rabia e impotencia. Sabe que es muy posible que en breve tenga que empezar a pagar por las medicinas que necesita para el VIH y la hepatitis C que padece y que hasta ahora recibía sin coste en el hospital.

Es la consecuencia del copago (también llamado repago) hospitalario, una medida que entró en vigor el 1 de enero, pero que es tan polémica que las Comunidades Autónomas, encargadas de ponerla en marcha, están remoloneando para aplicarla. Incluidas las del PP.

El copago afectará a los pacientes no ingresados cuando se les dispensen ciertos fármacos desde la botica hospitalaria. Entre esas medicinas, que son 43, figuran dos de los medicamentos más avanzados para retrasar la progresión del cáncer de mama, las quimioterapias orales y tratamientos para la artritis, hepatitis, esclerosis múltiple y fertilidad.

En cuanto las autonomías empiecen a aplicar el copago, el enfermo deberá abonar el 10% del precio del medicamento, siempre que no supere los 4,26 euros por fármaco, que es el máximo que se pagará. En la práctica, como la mayor parte de estos medicamentos tienen un coste muy elevado, los enfermos tendrán que abonar ese máximo. Por ejemplo, cada caja de Afinitor, contra el cáncer de mama, cuesta 3.500 euros.

Morer, que es de Aragón, reconoce que podría asumir el gasto de las medicinas para sus enfermedades, pero avisa de que intentará negarse a pagar por "solidaridad con los que no puedan". "De alguna manera hay que decirle a este Gobierno que estamos hasta las narices de sus recortes, destinados a machacar siempre a los mismos", asegura.

"LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE"

Añade que en este caso al Gobierno no le vale la justificación del abuso de fármacos. "Los que nos suministran van dosificados y controlados por un médico especialista. A diferencia de otros, tomarlos o no marca la diferencia entre la vida y la muerte, o la vida con calidad y la vida muy mala", destaca.

Pilar García Mateos, de 57 años, también planea su forma de no pagar. En su caso, debe tomar una quimioterapia oral para tratar el cáncer de mama que padece: 84 pastillas que ha de tomarse en 14 días (6 al día). Luego descansar 1 semana y vuelta a empezar hasta llegar a 8 ciclos.

"Para no pagar este impuesto voy a utilizar un formulario que circula por la red similar al que se utilizó cuando impusieron el euro por receta en Madrid. Es decir en lugar de pagar presentas un escrito en el que dices no estar de acuerdo con el pago", explica.

Mónica Martín, que también padece cáncer, incide en que el copago es un obstáculo añadido para superar la enfermedad: "Es una batalla de largo recorrido y supondría estar muy preocupada por los gastos médicos futuros, que se sumaría a la preocupación por mi salud".

El copago iba a entrar en vigor el 1 de octubre, pero los problemas de las autonomías para su implantación obligaron a posponerlo hasta este mes de enero. Pero las Comunidades siguen sin estar por la labor.

Castilla y León (PP) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se anule la medida; Andalucía (PSOE-IU) y Canarias (CC-PSOE) también ha anunciado su intención de recurrir; Cataluña (CiU) también ha mostrado su disconformidad con la medida y Asturias (PSOE) no piensa aplicarlo.

"ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

La mayor parte de las gobernadas por el PP no tienen claro lo que van a hacer. Extremadura está "analizando fórmulas para no tener que aplicarlo"; Madrid tiene dudas sobre la utilidad y Castilla-La Mancha, con Cospedal a la cabeza, asegura que asumirá el coste del copago. El único territorio que no ha puesto pegas a la aplicación ha sido Aragón.

Las autonomías argumentan que el coste de poner en marcha el copago no compensa. Pero Sanidad se mantiene firme: es de obligado cumplimiento y debe ponerse en marcha este mes de enero. "La medida está en vigor, con lo cual las CCAA deben cumplirla cuando estén en disposición de hacerlo técnicamente", subrayan fuentes del ministerio a El Huffington Post.

Esas mismas fuentes admiten que no pueden dar una estimación del ahorro que conllevará la medida porque "no se trata de una medida de ahorro, sino de equidad". "Pacientes de la misma patología (cáncer de mama, por ejemplo) recogen su tratamiento, unas veces en la farmacia del hospital y otras en la de la calle, donde los usuarios hacen una aportación en función de su renta".

"ARGUMENTO PERVERSO"

Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, califica ese argumento de "perverso". "Por esa regla de tres, podrían decir: 'Como la pena de muerte existe en tal país hay que aplicarla aquí también'. Aquí no se trata de ser todos iguales, sino de tratar bien a la gente". Para Sánchez, el problema principal es que el ministerio está gestionado "por gente que no sabe de sanidad". "Se sirven de personas con enfermedades graves, con poca capacidad de rebelión. Por eso lo hacen", denuncia.

Carmen Flores, de la asociación El defensor del paciente, califica este copago de "terrible" y "barbaridad". "El Gobierno ha perdido el Norte y sólo piensa en recaudar a costa de los que menos tienen", afirma. Explica que las autonomías no quieren aplicar la medida porque saben que van a tener "un problema muy grande" porque "van a encontrarse con denuncias". "Es lógico, si a alguien de mi familia le pasa algo, voy a ir al juzgado de guardia", resalta.

Desde su organización recomiendan que el paciente o su familia presente un documento en el que se diga que, como no puede afrontar el coste, la situación que se produzca (fallecimiento o agravamiento) es responsabilidad de la Administración, "que no le ha dado el socorro que necesita".

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