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07/01/2014 07:35 CET | Actualizado 08/03/2014 11:12 CET

Una mirada crítica a la Ley de seguridad privada

Demasiadas preguntas quedan sin respuesta, mientras nuestros políticos parecen haber dado con una nueva fórmula para recortar servicios públicos y minimizar gastos sin dar importancia al bienestar ciudadano. ¿No deberíamos exigir una mayor preparación y un sistema regulador más eficiente?

Lo primero que cabe preguntarse ante una nueva ley es ¿Qué ganamos con esto? La respuesta en el caso del proyecto de ley de seguridad privada es bien sencilla: Reducir costes. España es de los países con mayor número de policías en comparación con empleados de seguridad privada, mientras que en países como el Reino Unido, Australia, Irlanda o Canadá se cumple justo lo contrario. Y es que los policías son caros. De media un policía gana casi el doble que un investigador privado y más del doble que un guarda o vigilante de seguridad. Probablemente haya motivos para que así sea.

La industria de la seguridad privada parece carecer de la necesidad de reformarse para poder aspirar a ser una verdadera profesión o una vocación con credenciales. De hecho, una de las principales dificultades que afronta esta industria es su falta de legitimidad social. Lo que con esta palabreja trato de exponer es que no es muy común entre los españoles, el considerar a los vigilantes o guardias de seguridad privada como un servicio profesional en el más estricto sentido de la palabra. Al contrario, lo normal es pensar en el típico segurita estático a las puertas del banco o del centro comercial, el portero de discoteca o la patrulla móvil que vigila un complejo industrial a altas horas de la noche. No es por ello de extrañar que cuando se nos propone una ley que aumenta los poderes y funciones de estos trabajadores privados, nos echemos las manos a la cabeza. Independientemente de que nuestra percepción se ajuste o no a la realidad, lo cierto es que se trata de personas que responden ante una entidad a la que sólo preocupa su bienestar económico y que además, carecen de la misma preparación y responsabilidad institucional que aquellos a los que sí hemos otorgado legitimidad social para velar por nuestra seguridad: las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Lejos de menoscabar este oficio, muy respetable al igual que cualquier otro, mi intención es la de resaltar que la preparación, conocimientos y habilidades requeridas por la industria de la seguridad privada no son necesariamente transferibles al ámbito de la seguridad pública. Si vamos a darles más poderes y funciones... ¿No deberíamos cuanto menos, exigir una mayor preparación y un sistema regulador más eficiente? Si la industria privada ha de suplir o complementar a la policía en algunas de sus funciones más tradicionales, como mantener el orden en espacios públicos... ¿No deberían nuestros legisladores demandar estándares de cocimientos y competencias similares a aquellos exigidos a los profesionales del orden público?

En mi opinión, todo depende de lo que estemos dispuestos a aceptar como "seguridad pública". Es decir, a qué tipo de servicios aspiremos bajo este concepto; a quién consideremos como válido a la hora de proveer estos servicios; y al tipo de vigilancia social e institucional que ejerzamos sobre estos vigilantes. Otra cuestión que también me inquieta hace referencia a cómo vamos a medir si de verdad estamos más seguros con esta delegación de poder y funciones a la industria privada. ¿Acaso mediante informes oficiales; estadísticas sobre la criminalidad; encuestas de percepción ciudadana? ¿Son estas medidas las apropiadas?

Como se indicaba en un artículo de El País: "La decisión [...] ha sido adoptada con un debate demasiado escaso e impreciso para dar un paso de tanto calado". Demasiadas preguntas quedan sin respuesta, mientras nuestros políticos parecen haber dado con una nueva fórmula para recortar servicios públicos y minimizar gastos sin dar demasiada importancia al bienestar ciudadano.

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