El servicio jurídico de la universidad es un eslabón más de la cadena, un elemento más de un sistema que es clientelar, endogámico, injusto y hasta perverso en lo concerniente a plazas docentes o empleo público.
Imagen de archivo de estudiantes universitarios
Imagen de archivo de estudiantes universitarios
EFE

En cierta ocasión oí a un miembro del servicio jurídico de una universidad pública española decir algo que me pareció materia para una detenida y necesaria reflexión. Decía aquella persona que su trabajo, a veces, consistía en defender lo indefendible. Pero que, como eran asuntos del ámbito administrativo, y no de otra índole, no era la cosa un impedimento para poder conciliar el sueño. Escuchar aquello me hizo repasar el reglamento del servicio jurídico de la universidad en cuestión, no fuera a ser que entre las obligaciones de sus letrados estuviera “defender lo indefendible”. Pero aquel reglamento no solo nada de eso incluía, sino más bien lo opuesto. Rezaba y reza el reglamento en el apartado de obligaciones o funciones de sus letrados: “Actuar de acuerdo a los principios de lealtad, legalidad, objetividad e imparcialidad” (cursiva
añadida).

La pregunta inevitable entonces era: ¿por qué un funcionario público sujeto a tal reglamento, que es parte de una institución pública financiada con dinero público, habría de defender lo indefendible en algunos casos de litigios sobre adjudicaciones de plazas docentes e investigadoras, por ejemplo? Lo esperable y reglamentario sería que velara por la legalidad, constitucionalidad y corrección de las actuaciones administrativas de su universidad. ¿Qué ocurre? La respuesta es obvia para quienes conocemos bien el mundo universitario y su funcionamiento, testigos en primera fila. El servicio jurídico de la universidad es un eslabón más de la cadena, un elemento más de un sistema que es clientelar, endogámico, injusto y hasta perverso en lo concerniente a plazas docentes o empleo público.

“El servicio jurídico de la universidad es un eslabón más de la cadena, un elemento más de un sistema que es clientelar, endogámico, injusto y hasta perverso en lo concerniente a plazas docentes o empleo público”

Dependiendo de quién sea el demandante, recurrente o apelante, se defenderá una cosa o su contraria. Incluso, en algunos casos, el representante legal de la universidad parecerá más bien el representante legal y defensor del beneficiario del amaño, irregularidad o ilegalidad que, curiosamente, siempre es una persona apadrinada o amadrinada. Vasos comunicantes y justicia a la carta que alejan al servicio jurídico institucional de cualquier atisbo de imparcialidad y objetividad. Las cartas están marcadas y la ruta también. Defender lo indefendible si es menester. A costa de lo que sea. Incluso aunque ello suponga destrozar vidas, salud física o salud mental de los damnificados. Estos, víctimas que emprenden un largo y duro camino en busca de justicia, serán vituperados por el funcionario público que tiene que defender lo indefendible; eso sí, siempre pronunciando la expresión “dicho sea en términos de estricta defensa”, lo cual equivale a una patente de corso para vilipendiar, e incluso calumniar, al inocente en busca de justicia.

Al escuchar a aquella persona me pregunté cómo era posible que pudiera dormir tranquilamente por las noches, si es que ese era realmente el caso. ¿Cómo dormir tranquilo sabiendo que estás defendiendo lo indefendible, algo como un amaño, y ejerciendo la injusticia? La misma pregunta se podría formular al resto de eslabones de la cadena corrompida, cómplices y colaboradores necesarios del tongo de turno. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale la salud mental de una persona? ¿Defendería lo indefendible si el afectado fuera su hermana, hermano, hijo o hija? Seguro que no. Por otro lado, el hecho de que defender lo indefendible en el ámbito administrativo fuera, a ojos de aquella persona, algo liviano, usual, y casi sin importancia, reflejaba también
otra cruda realidad en nuestro país: la indiferencia hacia la salud mental de los docentes e investigadores universitarios, la trivialización más absoluta y atronadora. Y no es este un tema baladí. No es muerte solo la que acontece en los cuerpos físicos ni es violencia solo la que se ejerce sobre piel, músculos y huesos. Lejos de velar por el bienestar emocional y la salud mental de su personal docente e investigador, la universidad española, en general, no solo adolece de una falta de prevención en este sentido sino que es la causa del problema, el pasillo laberíntico que conduce a las víctimas a un paraje desolador y abismal.

Sirvan estas reflexiones para poner el foco sobre la deriva que lleva la universidad española en este sentido, mientras se permite que estas cosas ocurran. Una universidad así es una universidad enferma, enferma en su pilar más básico. Que cada vez haya más denuncias de mala praxis, irregularidades y corrupción en este contexto es un buen síntoma. Pero, a la vez, el hecho de que haya que llegar a ese punto es un síntoma muy preocupante. Algo falla dentro de la universidad y sus mecanismos internos, que son los que deberían corregir y enderezar las irregularidades y abusos denunciados por los candidatos afectados, de modo que no fuera necesario llegar a la judicialización del asunto ni despilfarrar dinero público que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Pero ¡oh, sorpresa! Ahí está incólume e impertérrito el servicio jurídico universitario, cual cancerbero del Hades, defendiendo lo indefendible.