Patrimonio común

La España democrática es una historia de éxito que se ha edificado sobre la Constitución Española de 1978.

La Constitución es patrimonio común. Reconoce los derechos y libertades de la ciudadanía; proclama el Estado social y democrático de Derecho, y se basa en el respeto a la diversidad social, política, lingüística y cultural de España.

Pluralidad y diversidad son elementos esenciales en la estructura constitucional, tanto desde el punto de vista individual, que se expresa a través de la garantía del ejercicio de las libertades; como desde el punto de vista institucional, que se materializa en el Estado de las autonomías. 

Este 42 aniversario de la Constitución Española está marcado por el mayor desafío que afrontamos los españoles y las españolas desde la Transición, cuando decidimos apostar por un sistema democrático. La Carta Magna aunó un amplísimo consenso y logró poner de acuerdo a viejos enemigos y a más recientes adversarios.

En el contexto que vivimos hoy, ante la situación tan grave generada por la crisis del Covid-19 y las consecuencias económicas y sociales que de ella se derivan, no se entiende que quienes representamos a la ciudadanía no estemos haciendo todo lo posible y totalmente centrados en solucionar los problemas a los que todos nos enfrentamos de la manera más eficaz.

La búsqueda del bien común es algo que nos atañe a todos y todas ante esta realidad inesperada. Pero sobre todo incumbe a la política, a las instituciones, a los partidos y a los líderes y responsables de la sociedad civil.

El Senado puede y debe participar activamente en esta labor, poniendo en funcionamiento todos los instrumentos parlamentarios con los que cuenta, y facilitando un espacio de diálogo y debate para que los distintos grupos políticos lleguen a acuerdos.

Como cámara de segunda lectura debe contribuir a la mejora de la actividad legislativa que en primera vuelta viene del Congreso permitiendo que los territorios, que las comunidades autónomas y los parlamentos autonómicos, a través de los senadores y senadoras por designación autonómica, aporten sus puntos de vistas, sus necesidades específicas y su voz a la concertación a nivel nacional.

El Senado está llamado a aportar en la elaboración de leyes nacionales incorporando la perspectiva territorial, pero también como sede de la Conferencia de Presidencias, puede ser el lugar neutral de encuentro con el Gobierno central para permitir la co-gobernanza y la corresponsabilidad, tan necesarias para el buen funcionamiento de un Estado compuesto como el nuestro.

Hemos hablado mucho de necesidad de una gran reforma de la Constitución que nos permita apuntalar el proyecto común y definir bien un sistema que garantice la unidad del territorio y su diversidad. En especial del Título VIII, lo que implicaría también una reforma del Senado como cámara de representación territorial, y su redefinición institucional en el reparto de competencial entre el Gobierno central y los autonómicos.

Pero más allá de los debates en profundidad sobre qué reformas estructurales necesita nuestra democracia para ser más fuerte y mejor adaptada al siglo XXI, existen instrumentos legales suficientes en nuestro ordenamiento constitucional para abordar este desafío histórico con éxito ya mismo. Lo que expongo no depende de cambios legislativos, ni de complejas operaciones políticas.

Se trata de desarrollar las posibilidades que el ordenamiento constitucional brinda al Senado. Utilizar todas las herramientas jurídicas que tenemos, aplicando la perspectiva territorial, y poniendo en marcha los mecanismos que existen en la Cámara -los foros, conferencias, comisiones y demás instrumentos parlamentarios -, para hacer posible y real el diálogo y la adopción de soluciones en clave territorial.

El Estado de las autonomías que surgió de la Transición reconoce la singularidad territorial dentro de un marco común e inspira un proyecto de convivencia basado en el respeto a los derechos, libertades e igualdad de los ciudadanos.

Lamentaba la filósofa Victoria Camps en un acto celebrado recientemente en el Senado que en España falta espíritu federal, entendido como una manera de ser que ayuda a integrar lo diferente, que incide en lo que nos une y nos coordina, en lugar de centrarnos en los prejuicios que nos dividen. Federar es unir y cohesionar, no dividir ni separar.

Ese espíritu federal, con actitud fraterna, del que habla Camps, que alienta la unión y la cohesión, permitiría una nueva mirada sobre nuestro Estado de las autonomías y fortalecer el Estado de bienestar y los derechos sociales que se han visto afectados en esta crisis sin precedentes.

Y no podemos olvidar que gracias a ese gran pacto social, de convivencia y generosidad que fue la Constitución de 1978, España ha vivido los años más prósperos y seguros de toda su historia.

Ese es el camino a seguir.