Alberto de Mónaco veta la tramitación de una ley del aborto en el principado: sus motivos y la razón por la que puede hacer algo impensable para otros monarcas

En España y otros países europeos que son una monarquía parlamentaria es impensable que el rey vete una ley y que no pueda salir adelante. Felipe VI y sus homólogos pueden estar más o menos de acuerdo, pero deben sancionar las leyes. No queda otra. Sin embargo hay otras monarquías con mucho dinero y glamour en las que su jefe de Estado tiene muchos más poderes, con el peligro que eso supone.

Uno de esos países es Mónaco, el segundo estado más pequeño del mundo por detrás de El Vaticano, donde reinan los Grimaldi desde el primero de la saga que tomó La Roca en 1297. La autoridad de la familia fue reconocida en 1314 y desde 1911 el país es una monarquía constitucional con un príncipe soberano con unos poderes mucho más amplios que otros jefes de Estado europeos.

En Mónaco hay un ministro de Estado elegido por el príncipe, equivalente a un jefe de Gobierno, que preside un consejo de gobierno de seis miembros que responden ante el soberano. En cuanto al ministro de Estado, según un acuerdo con Francia que data de 1930, este cargo estaba destinado para un francés. Sin embargo se ha actualizado el requerimiento y el jefe del gobierno puede ser francés o monegasco, pero siempre aprobado por el ejecutivo galo.

Mónaco tiene una Constitución que data de 1962, durante el reinado de Rainiero III y con su entonces heredero Alberto ya nacido. Se estableció que el jefe del Estado comparte el poder legislativo con el Consejo Nacional, formado por 24 personas elegidas por sufragio universal por un periodo de cinco años. Con todo esto parece evidente que el poder del príncipe de Mónaco, que desde 2005 es Alberto II, es amplio y con gran margen de maniobra. Y eso se nota.

De este modo, Alberto de Mónaco ha hecho uso de sus prerrogativas y ha bloqueado la legalización del aborto. Este asunto echó a andar el 15 de mayo de 2025 cuando el Consejo Nacional aprobó con 19 votos a favor y dos en contra un proyecto de ley para la despenalización de la interrupción del embarazo. En concreto se permitía el aborto hasta la semana 12 de gestación, ampliando el límite en caso de violación hasta la semana 16, y reduciendo la edad mínima para interrumpir la gestación sin consentimiento de los padres de los 18 a los 15.

Siguiendo lo que marca la carta magna monegasca, el texto fue enviado al ejecutivo para estudiar enmiendas, si es que procedía, y tomar la decisión final, que no sido la que esperaba el parlamento. Porque Alberto II se negó a aceptar esta ley y así lo hizo saber en su reunión con su ministro de Estado, Christophe Mirmand, de nacionalidad francesa, por lo que el proyecto ha quedado bloqueado.

Sabiendo que se trata de un tema controvertido, el monarca expresó en Monaco-Matin el motivo de su veto: "Entiendo la sensibilidad de este tema, la emoción que puede suscitar y los dolorosos recuerdos que puede evocar en algunos. El aborto ya ha sido un tema importante en Mónaco. En 2009 y 2019, el Gobierno y el Consejo Nacional encontraron un equilibrio que respeta nuestra identidad, considerando el papel de la religión católica en nuestro país, nuestra Constitución y a las mujeres afectadas, a la vez que garantiza un apoyo seguro y humano. Mantuvimos una larga reunión con el Gobierno en Palacio y les pedí que informaran al Consejo Nacional de que su proyecto de ley no se tramitará".

A lo que Alberto II se refiere fue cuando en 2019 se despenalizó el aborto cuando se den una serie de supuestos: violación, enfermedad o malformación fetal irreversible o si la vida de la gestante corre peligro. Todos los demás casos no están contemplados, por lo que es ilegal abortar como se puede hacer por ejemplo en España, con consecuencias tanto para la mujer que interrumpe su embarazo como para los profesionales médicos que lleven a cabo el aborto.

Alberto II ha hecho uso del poder que tiene porque puede hacerlo, aunque vaya incluso en contra de los deseos de la ciudadanía. En este caso, el Consejo Nacional había enviado un cuestionario a los monegascos que pueden votar para conocer cuáles son sus preocupaciones. Ocho de cada diez señalaron su conformidad con la despenalización del aborto. Al saberlo, el parlamento trabajó en una reforma que ha sido tumbada por el jefe del Estado, una decisión aplaudida por la Iglesia Católica, con un enorme poder en el principado.

Lo que ocurrió en Bélgica y Luxemburgo

Alberto de Mónaco tiene por tanto un enorme poder que otros soberanos europeos no tienen. Eso sí, otros jefes de Estado también católicos expresaron su negativa a firmar determinadas leyes, aunque al tratarse de monarquías parlamentarias, las normas sí salieron. Sucedió en 1990 con Balduino de Bélgica, que apeló a su fe católica para no firmar la ley del aborto. Y no lo hizo, pero se le incapacitó durante 36 horas para no necesitar al rey.

18 años después, el sobrino del monarca belga, el gran duque Enrique de Luxemburgo, avisó de que no iba a firmar la despenalización de la eutanasia. Lo que se hizo en este caso fue una reforma constitucional para que el jefe del Estado luxemburgués solo tenía que sancionar las leyes y no refrendarlas.