El alma de España

Con frecuencia, enfrascados en nuestra cotidianidad, obviamos lo invisible, damos por sentado que la electricidad estará cuando apretemos el interruptor, que seremos atendidos por un profesional cuando tengamos una urgencia médica o que las carreteras que transitamos a diario estarán en buen estado. Y es que muchas de las grandes cosas que facilitan nuestro día a día son invisibilizadas por la seguridad de saber que, independientemente de nuestro origen o condición, los servicios públicos estarán siempre disponibles.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que el derecho a la educación o a la sanidad son fruto del esfuerzo y el sudor de muchas generaciones que no pudieron gozar de ello.

El Estado del Bienestar es un bien de incalculable valor, pero extremadamente frágil, constantemente amenazado por intereses que buscan destruirlo para lucrarse a costa del bienestar colectivo. Esta fragilidad no debe ser subestimada, porque la privatización de los servicios públicos siempre ha sido una amenaza latente, disfrazada detrás de discursos aparentemente inocuos.

La privatización amenaza la integridad de la justicia social, a menudo utilizando palabras que pueden sonar seductoras para muchos. Las proclamas de “no a los impuestos” o “libertad total al mercado” esconden una daga dispuesta a desangrar nuestros derechos fundamentales: detrás de ellas se ocultan las consecuencias reales que no quieren que escuchemos.

Estas arengas se traducen en “más beneficios para los grandes oligopolios” y en “que se lo pague quien pueda”. El discurso neoliberal esconde en realidad una sociedad más desigual, donde sólo los que pueden pagar acceden a una sanidad de calidad, a una educación decente o incluso a servicios básicos como el agua y la electricidad.

Decir “no a lo público” no es sólo decir “no a los impuestos”, sino promover una sociedad dividida y clasista, en la que el acceso a derechos fundamentales depende de tu capacidad de pago y no de la solidaridad que caracteriza a nuestro modelo democrático.

La Constitución de 1978 reconoció el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la protección social como pilares de nuestra sociedad democrática. Y durante todos estos años y bajo los gobiernos socialistas, los hemos ganado con esfuerzo y lucha durante décadas, preservando la justicia social, frente a aquellos que, bajo la promesa de la eficiencia privada, buscan desmantelar nuestro modelo de igualdad y equidad.

Pese a las tensiones globales constantes a causa de la guerra, la lucha por la autonomía energética o el cambio climático, la economía española ha mantenido un sólido dinamismo, siendo junto con Irlanda, el principal motor económico de Europa.

Esto ha permitido que, en los 7 años de gobierno progresista, se hayan invertido 300.000 millones de euros adicionales en servicios públicos, fondos transferidos directamente a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, existe una contradicción, a pesar de ese incremento tan sustancial, allí donde gobierna la derecha, los servicios públicos cada vez están más deteriorados.

Por ejemplo, en mi tierra, Extremadura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado en un 39% la financiación desde 2019, sumando más de 7.356,3 millones de euros para servicios públicos. Sin embargo, el Partido Popular ha permitido que queden sin cubrir 140 plazas de médicos necesarias para el Servicio Extremeño de Salud y los extremeños tenemos que esperar 178 días de media para una operación quirúrgica.

Se reparten cheques escolares para guarderías privadas mientras cierran aulas públicas de 0 a 3 años; se privatiza la enseñanza de idiomas “becando” al alumnado en escuelas privadas. Con el dinero de todos “conciertan” centros privados de Formación Profesional obligando a pagar por una etapa educativa que hasta ahora era gratuita para las familias; o invierten el doble de presupuesto en las residencias privadas de mayores, generando desigualdad y discriminación para quienes merecen vivir su vejez con dignidad.

Este modelo conservador se aprovecha de la desesperación de quienes más sufren, para convencerles de que lo público es ineficiente, cuando lo que realmente está en juego, es el enriquecimiento de unos pocos, no el bienestar común.

En tiempos en los que las fuerzas de la privatización avanzan, no podemos permitir que nos arrebaten derechos que pertenecen por igual a todas las personas. Como afirmaba el Presidente del Gobierno en su comparecencia de esta semana en el Congreso, -La historia de nuestros servicios públicos es, en gran medida, la historia de nuestra democracia y nuestra libertad-. Y es que, lo que está en juego es nuestro Estado del Bienestar que es, en sí mismo, el alma de España.

Y ese alma tiene un desafío mayúsculo: garantizar el acceso a la vivienda en los próximos años. A ello nos comprometemos y en ello trabajamos conscientes de que sólo lo público puede garantizar un acceso justo e igualitario.

Maribel García López es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Badajoz