Proteger a los menores de los algoritmos adictivos de los gigantes de la red

Los algoritmos adictivos constituyen, nuclearmente, el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales: enganchan, hipnotizan, deslizando, uno tras otros, vídeos que se suceden vertiginosamente con cada contacto dactilar con la pantalla táctil. Nunca como en el presente se había desencadenado una revolución tecnológica con impacto talmente abrasivo sobre la configuración psicológica y las pautas actitudinales de la humanidad entera.

Cualquiera puede cavilar acerca del sísmico efecto que esta pulsión demuestra en la generación más joven y en los que aún son menores de edad (pero serán mañana adultos a cargo del mundo que conformarán con la personalidad que hoy formatean), una generación cada vez más desafecta de la lectura reflexiva, cada vez más próxima al abierto desprecio del pensamiento metódico y de la conversación como intercambio de opiniones y razonamientos fundados. Y cada vez más dependiente de un abuso del móvil, dispositivo en que consumen todas las horas imaginables del día, las útiles y las de asueto.

Intervenir ese modelo de negocio de gigantes planetarios cuyas sedes societarias están fuera de la UE (la tecno-oligarquía que opera desde Silicon Valley epitomiza esta red) es un objetivo que escapa a las posibilidades de ninguno de sus Estados miembros (EEMM). Sólo la UE con su potencia regulatoria (el llamado “Brussels Effect”) puede, y debe, acometerlo. Lo ha hecho, efectivamente, con la Agenda Digital que es un componente esencial del imponente balance legislativo de la Legislatura 2029/2024 del Parlamento Europeo (PE).

La Comisión Europea presidida por Von der Leyen en la pasada Legislatura (Comisión VDL I) se comprometió a adoptar iniciativas clave en tan desafiante objetivo: la Ley Europea de Mercados Digitales (Digital Markets Act), la Ley Europea de Servicios Digitales (Digital Services Act), la Ley Europea de Inteligencia Artificial (la pionera IA Act), junto a la Ley Europea de Libertad y Pluralismo en los Medios (Media Pluralism Act), todas ellas partían de un acervo previo: el Reglamento (ley europea) de Protección de Datos (GDPR, en la jerga), que ha establecido el estándar de garantía de la privacidad y de confidencialidad de las comunicaciones más alto del mundo.

En la presente Legislatura 2024/2029 del PE, la Comisión Europea VDL II ha anunciado su iniciativa en materia de "equidad digital" (Digital Fairness Act), intensificando las obligaciones legales impuestas por el Derecho europeo a las grandes plataformas de servicios en la red y, consiguientemente, la sujeción a reglas de ese modelo de negocio que de otro modo quedaría liberado, sin más, a esa “ley del más fuerte” a la que el debate europeo describe gráficamente como la un nuevo "Far West".

En cada ocasión en que el PE incluye en su Orden del Día un debate sobre los aspectos de la Digital Fairness de los que pende una mejor protección de los menores en la red (encuadrada en los principios del art. 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE, revestida del mismo valor jurídico que el Tratado de Lisboa/TL, art.6 TUE), resuenan en la Eurocámara los prejuicios reaccionarios de la ultraderecha eurófoba, crecida en las elecciones de junio de 2024 hasta el punto de ramificarse en tres Grupos parlamentarios distintos (Patriotas, Conservadores y Soberanistas), todos a la derecha del PPE. 

Sus reproches al Derecho europeo se resumen en un grito de rabia: "Aparta, Parlamento Europeo, tus sucias manos de nuestros/as niños/as". La pretensión básica de esta protesta es la de que sólo a las familias (familias “tradicionales”, se entiende: papá, mamá, y prole habida en común) pertenece el espacio doméstico en que corresponde velar por la educación de los menores, y, consiguientemente, por su formación moral, cognitiva, emocional. Sólo a "los padres" corresponde vigilar su acceso al móvil, la edad en que lo hagan, los contenidos a los que accedan, y el efecto que les haga cada paso digital y cada imagen en pantalla ante sus ojos y dentro de sus cerebros.

Cualquiera que pueda evocar su experiencia personal con hijos e hijas menores de edad puede desmentir esta objeción radical a cualquier intervención legislativa europea que pretenda sujetar la responsabilidad social de los gigantes empresariales que determinan con sus algoritmos cómo nos comunicamos en redes. Sus beneficios estratosféricos descansan en el control que ejercen sobre los/as usuarios/as de sus servicios en red, penetrando como nunca en los datos personalísimos puestos a disposición de esas grandes plataformas, en modo que la interacción (acción/reacción, causa/efecto) entre el titular de los datos (cada persona, cada uno de nosotros/as) y su explotación comercial (publicidad personalizada, "patrones oscuros"/ Dark Patterns...) escapa por completo al dominio no sólo de ese titular sino, por descontado, de su entorno personal o familiar.

Sólo la ley, con toda la fuerza de normar y de obligar donde de otra manera sólo domina el más fuerte como sucede en la selva, puede y debe intervenir para proteger derechos, generar seguridad y respaldar la expectativa de que los derechos vinculados a la dignidad personal -aquellos a los que el Derecho constitucional consagra como “fundamentales”, requeridos del más intenso rango de garantías- no desaparezcan sin más ni se disuelvan tampoco en la inanidad o irrelevancia en el espacio digital.

Esa y no otra es la tarea. Ese y no otro el desafío que deberá enfrentar en esta Legislatura 2024/2029 el PE como legislador democráticamente legitimado, por sufragio universal, responsable ante la ciudadanía a la que representa, y de cuyas demandas, preocupaciones y expectativas tiene el deber de hacerse cargo, sin mirar para otro lado ni achicarse ante la envergadura de empeños como el de tutelar a los menores en la red, que es donde, como estamos viendo, van a pasar la mayor parte de la vida que tienen por delante.

(Juan F. López Aguilar es eurodiputado socialista y portavoz S&D Constitucional en el Parlamento Europeo)