Inaceptable reglamento de retorno: por qué votamos en contra

La construcción europea no emergió, ni se hizo, ni se desplegó en la historia para levantar barreras frente a y contra quienes buscan protección. El resultado histórico de lo que hoy conocemos como Unión Europea (UE) nació, precisamente, de la convicción —asentada en las terribles experiencias de las devastaciones del olvidado siglo XX— de que la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho debían constituir el fundamento irrenunciable de la convivencia política en nuestro continente. 

Así lo proclama el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que define los valores sobre los que se asienta la Unión. Por eso preocupa profundamente el acuerdo provisional alcanzado el pasado 1 de junio entre el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo sobre el nuevo Reglamento de Retorno.

Se trata de una de las piezas más controvertidas de la política migratoria europea reciente. Bajo la pretensión de aumentar la eficacia de los retornos de aquellas personas que reciben una orden de salida de la UE, el texto introduce mecanismos que erosionan gravemente derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta y compromisos jurídicos internacionales que constituyen la esencia misma del proyecto europeo.

La UE no puede permitirse olvidar, ni siquiera por un segundo, que el derecho de asilo y su tutela judicial efectiva no son cargas administrativas ni concesiones opcionales: son derechos fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constituyen el núcleo de nuestra identidad política y jurídica.

La disposición más preocupante del nuevo Reglamento reside en la convalidación de los llamados centros de retorno (return hubs) en terceros países. Detrás de una terminología aparentemente técnica se esconde un cambio de paradigma profundamente inquietante, por moralmente inaceptable: la externalización de responsabilidades que corresponden a la UE hacia países ajenos a nuestro sistema de garantías.

Existen razones fundadas para temer que estos centros puedan convertirse en espacios de internamiento de facto, con supervisión insuficiente y con riesgos reales de vulneraciones de derechos humanos. Además, las personas afectadas podrán ser trasladadas a países con los que no mantienen ninguna vinculación personal, familiar o social. Esta lógica no solo debilita la protección jurídica de los individuos, sino que también erosiona el principio de solidaridad compartida que constituye uno de los pilares normativos del Pacto sobre Migración y Asilo.

La experiencia más reciente debería habernos enseñado, como mínimo, prudencia. Las así denominadas "soluciones innovadoras" que transpiran por los poros de esta política abyecta ya han evidenciado sus limitaciones. El esquema Reino Unido-Ruanda terminó siendo abandonado tras un intenso cuestionamiento jurídico y político. 

El 'modelo Meloni', impulsado entre Italia y Albania, continúa generando profundas preocupaciones sobre su capacidad para aportar soluciones reales y sostenibles a los desafíos de la política migratoria europea y revelando las limitaciones de las denominadas soluciones de externalización, que trasladan a terceros países la gestión de realidades complejas sin ofrecer garantías de eficacia ni de sostenibilidad a largo plazo. Todo ello implica, además, un coste económico considerable que contrasta con la fragilidad de sus resultados prácticos.

Pero este resultado también tiene una lectura política que no puede soslayarse. El acuerdo ha sido posible gracias a una alianza entre el Partido Popular Europeo y los grupos de extrema derecha: Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y Europa de las Naciones Soberanas. 

Esa mayoría ha optado por asumir planteamientos que hace apenas unos años habrían sido incompatibles con el consenso europeo en materia de derechos fundamentales.

La UE se enfrenta a una disyuntiva decisiva: proseguir por el camino de la externalización y el debilitamiento progresivo pero imparable de los derechos y las garantías que han hecho de la integración europea un referente global, o reafirmarse en aquello que la ha distinguido y distingue interna e internacionalmente: la defensa de la idea europea de democracia y de Estado de Derecho, así como la protección de los derechos humanos, de acuerdo con su propio Derecho y con sus obligaciones (arts. 2 y 21 TUE).

Debemos aspirar, sí, a una política migratoria eficaz, pero también y, sobre todo, humana. Una política que invierta en procedimientos de asilo justos y eficientes dentro de la propia UE, que abra vías legales y seguras de protección y que refuerce los programas de reintegración para quienes deban retornar con pleno respeto a su dignidad personal y a sus derechos fundamentales, con programas incentivados de repatriación voluntaria.

Porque la verdadera fortaleza de Europa no reside en externalizar sus responsabilidades ni en exportar el cumplimiento de sus obligaciones más allá de sus fronteras, sino en ser capaz de gestionar los desafíos de nuestro tiempo sin concesiones al miedo ni mucho menos al odio, y sin quebrantar ni negar los valores europeos.