Justicia frente a la hipocresía

La regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, no es una ocurrencia ideológica, ni mucho menos una amenaza para el país. Es, sencillamente, una respuesta pragmática y justa a una realidad que ya existe. Sin embargo, volvemos a situarnos ante uno de esos debates recurrentes que parecen reinventarse cada cierto tiempo con la misma carga de ruido y demagogia, y la misma escasez de memoria.

Analicemos. Conviene empezar por lo evidente: las personas que serán beneficiadas por esta medida no están llegando ahora, no forman parte de ninguna supuesta “avalancha” ni “efecto llamada”. Ya viven aquí. Ya trabajan aquí. Ya sostienen, en muchos casos desde la invisibilidad y la falta de derechos, sectores enteros de la economía española. Y hasta ahora lo han hecho sin protección alguna del sistema y expuestos a la explotación.

Esta regularización reconoce y ordena esa realidad. Ni más, ni menos. Convierte la economía sumergida en economía regular, aumenta las cotizaciones de la Seguridad Social y garantiza derechos laborales reforzando la seguridad jurídica tanto de trabajadores como de empresas. Es, en definitiva, hacer que el sistema funcione mejor para todos.

Lo que resulta verdaderamente llamativo no es la medida en sí, sino la reacción de quienes hoy la califican de “barbaridad” y anuncian a bombo y platillo una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización de inmigrantes, pese a que votaron a favor de su tramitación en 2024. Porque conviene recordar también que la legitimidad de esta regularización nace del mandato de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas ciudadanas, y con el apoyo expreso de la Conferencia Episcopal, la CEOE y los principales sindicatos.

Pero, como siempre, para el PP todo depende del tamaño de la tajada política que pueda obtener en cada caso. España cuenta con precedentes en este tipo de procesos extraordinarios de regularización. En las últimas décadas se han impulsado seis iniciativas similares, cuatro bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos con ejecutivos del PP (2000 y 2001). Entonces a nadie en las filas populares le parecía “una barbaridad” y, sin embargo, hoy se rasgan las vestiduras. La historia reciente demuestra que estas regularizaciones no solo no provocaron colapsos ni rupturas sociales, sino que contribuyeron a ordenar el mercado laboral y a fortalecer el Estado del bienestar.

El giro discursivo de esta derecha desnortada que ha decidido convertir la inmigración en un campo de batalla político, apelando al miedo, insinuando efectos inexistentes o, incluso, sugiriendo manipulaciones del censo electoral, no solo es falso desde el punto de vista jurídico, sino profundamente amoral e irresponsable.

La regularización no concede el derecho al voto. No altera mayorías políticas. No cambia el cuerpo electoral. Lo único que hace es otorgar permisos de residencia y trabajo a quienes cumplen requisitos estrictos como, por ejemplo, el de no tener antecedentes penales.

El problema es el doble rasero de la derecha patria. Cuando medidas como esta se impulsan desde una determinada trinchera, la suya, se presentan como decisiones pragmáticas. Cuando lo hace el adversario, se convierten en amenazas existenciales. Esa incongruencia no es casual. Responde, simple y llanamente, a una estrategia que prioriza el cortoplacismo de la rentabilidad electoral sobre la responsabilidad institucional y el bien común.

Por eso es especialmente preocupante la normalización de un discurso que, en su intento por competir con posiciones más extremas, acaba legitimando sus marcos y sus miedos. Convertir a las personas migrantes en chivo expiatorio no soluciona ningún problema real, pero sí erosiona la convivencia y empobrece el debate público.

Una política migratoria eficaz no se construye desde la negación de la realidad, sino desde su gestión. Y gestionar implica integrar, ordenar y garantizar derechos.

España necesita memoria, rigor y altura política. Porque lo verdaderamente irresponsable, la auténtica barbaridad, no es regularizar a quienes ya forman parte de nuestra sociedad, sino mirar hacia otro lado mientras se perpetúan la precariedad, la explotación y la hipocresía.

Luc André Diouf Dioh es portavoz de Migraciones del Grupo Parlamentario Socialista, secretario de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE y diputado por Las Palmas

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