La prohibición absurda de los móviles y las redes

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este pasado lunes por el procedimiento de urgencia y con muy amplia mayoría un proyecto de ley que establecerá la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 15 años y vetará los teléfonos móviles en los institutos. El proyecto pasará ahora al Senado para su debate a mediados de febrero, que concluirá seguramente con la convalidación de la norma. Una norma que cuenta con el apoyo del gobierno y del presidente Macron y que está respaldada por numerosas instituciones docentes. Si el proyecto prospera, Francia se habrá convertido en el segundo país del mundo, detrás de Australia, que adopta estas drásticas decisiones.

Para la redacción del proyecto de ley, el gobierno se ha basado en informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), un organismo independiente que ha puesto de manifiesto el daño psicológico que las redes sociales pueden provocar en los menores. Además, a principios de este año, la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) ya dictaminó que las plataformas de redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de los adolescentes. Había pocas dudas al respecto, pero las certezas no deberían desorientarnos.

La tendencia global es esta, pero esta aparente unanimidad en favor de la proscripción no ha de impedir que se observen las contradicciones que implican medidas tan drásticas como las anunciadas. Quizá la más evidente es la que zanja de un plumazo la importante cuestión del aprendizaje al que habrían de someterse los jóvenes para manejarse adecuadamente en un mundo sumergido en un imparable proceso tecnológico, en el que los avances del audiovisual -la telefonía móvil- han revolucionado el comportamiento humano y los sistemas de relación internos a la propia sociedad. Prohibir el móvil en las escuelas y aislar a los menores de unas realidades virtuales que impregnan la colectividad e influyen grandemente en la formación de la opinión pública es ubicarlos en una urna de cristal, desde la que serán arrojados a las procelas de la realidad sin el menor entrenamiento previo en cuanto rebasen esta arbitraria frontera de los quince años.

Todo indica que, ante una población alarmada por los efectos de las nuevas realidades tecnológicas, el poder político ha decidido tranquilizar a los adultos negando el problema: si se prohíben tales tecnologías en la etapa crítica de la formación de los jóvenes, ya no hay riesgos. Cuando la realidad es más bien la contraria: la escuela, una institución esencial para la maduración preventiva de la sociedad civil, debería ser precisamente el lugar de aprendizaje en que los niños se familiarizaran con los teléfonos móviles, guiados atenta y amorosamente tanto por sus profesores como por sus propias familias.

De este modo, mostrando a los alumnos el camino del discernimiento, estos adquirirían la capacidad de orientarse en el laberinto de las redes sociales. Qué duda cabe de que en ellas hay malandrines de todo pelaje pero también es cierto que circula por sus circuitos gran parte de la imaginación creadora de las sociedades que las acogen.

No es fácil preparar a los profesores para esta ardua tarea, y mucho más difícil será también formar a los padres para que acompañen a sus hijos en este viaje. Pero eso es lo que ha de hacerse por puro sentido común: ni la familia ni la escuela pueden reducirse a ser celdas impenetrables en las que los menores bien aislados y protegidos no puedan ni siquiera atisbar los riesgos que deberán afrontar cuando salgan. Por el contrario, a los quinces años ya deberían tener los jóvenes el criterio formado para ser capaces de distinguir quién es quién en las redes sociales, para gestionar su ocio en los espacios virtual y real y para abrirse paso, en fin, en un mundo en evolución que, por el momento, no parece que vaya a detenerse en absoluto.