Por el derecho a la vivienda: una batalla europea que se libra en cada barrio
Tener acceso a una vivienda decente y asequible es la base sobre la que las personas y las familias construyen sus proyectos de vida, participan en la sociedad y contribuyen a la estabilidad económica de su país.
La crisis de la vivienda que sufre Madrid nos arroja indicadores preocupantes, miremos donde miremos: en el último año, por ejemplo, el precio de los alquileres en la región ha subido un 14,4%, más de tres puntos por encima del ya preocupante dato en toda España. Y el 40% de las familias que viven en la capital destinan más del 40% de sus ingresos al pago de su vivienda. Desde luego, este problema no es genuinamente madrileño, ni siquiera español: según Eurostat, el coste de la vivienda experimentó en toda la Unión Europea un incremento del 48,1% entre 2015 y 2023. Madrid no es una excepción, pero sí uno de los mayores exponentes de la emergencia habitacional que se cierne sobre Europa y un laboratorio avanzado de un fenómeno que está transformando radicalmente nuestras ciudades: la mercantilización extrema de un derecho fundamental.
Lo que debería ser protegido por los poderes públicos como un derecho fundamental y exigible, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (cuyo respeto consagra el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de sus fundamentos), se ha venido abordando cada vez más como un bien de inversión sujeto a la búsqueda de la máxima rentabilidad. Es decir: en carne de especulación pura y dura. Lo vemos en la proliferación de pisos turísticos (la inmensa mayoría ilegales) que está reduciendo la oferta residencial e incidiendo directamente en el alza de los precios. Lo vemos en la negativa de las autoridades madrileñas a aplicar la Ley de Vivienda para topar los alquileres. Lo vemos en las ventajas fiscales y todo tipo de facilidades a fondos buitre y sociedades inversoras que compran edificios enteros y desalojan a familias que llevan décadas viviendo allí, lo que llamamos “desahucios invisibles”.
La crisis de la vivienda en Europa no es una fuerza de la naturaleza, es consecuencia directa de políticas en el ámbito regional, nacional y europeo. Es imprescindible analizarla desde un prisma europeo para aprender de las lecciones que están aplicándose en otros países, regiones y ciudades y para extender las alianzas sociales y políticas de quienes tenemos claro que el derecho a la vivienda vale más que el beneficio de ningún fondo especulativo o de capital privado.
En toda Europa surgen iniciativas para recuperar la función social de la vivienda, desde la regulación de precios del alquiler en Alemania, los alquileres negociados en Suecia o los nuevos movimientos de vivienda cooperativa en Italia, hasta la restricción severa de apartamentos turísticos y de corta duración en las ciudades europeas más turísticas. Desde la limitación de la compraventa de inmuebles en Países Bajos para su uso único como primera residencia, hasta la apuesta sólida por la financiación de un parque público de vivienda en Austria.
La semana pasada, el Gobierno progresista de España marcaba también el camino a seguir con dos iniciativas impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy: por un lado, la apertura de un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por exigir condiciones abusivas e ilegales a los inquilinos; y, por otro, el envío al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de información sobre más de 15.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en la plataforma Airbnb, para que actúe instando a su retirada en virtud de la normativa europea y municipal de consumo. Una iniciativa, por cierto, a la que desde Más Madrid damos continuidad, poniendo en conocimiento de la Fiscalía la inacción deliberada de Almeida ante denuncias fehacientes de pisos turísticos que operan al margen de la ley.
Para devolver el descarrilado mercado de la vivienda europeo al buen camino es necesario que cada estado miembro ponga en marcha una fuerte legislación de alquiler social. Uno de sus principales ingredientes debe ser la disposición de contratos de alquiler indefinido que ya figuran como un tipo de contrato estándar en muchos países europeos como Austria, Alemania, Suecia o Dinamarca. Desde Más Madrid hemos llevado esta propuesta a las Cortes Generales donde, de momento, ha sido tumbada en el Senado por el rodillo del Partido Popular y la incomprensible abstención del PSOE.
Otras de nuestras propuestas pasan por triplicar la inversión en vivienda de la Comunidad de Madrid para crear 10.000 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible de 600 euros al mes frente a la pasividad actual del gobierno de Ayuso. O aplicar una tasa turística, con cuyos ingresos se financie el refuerzo de la inspección para cerrar los más de 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid a plena luz del día.
Los legisladores de la UE, nacional, regional y local deben regular de manera eficaz de forma que el coste de la vivienda no supere el 25 por ciento de la renta disponible de los hogares. Esto puede conseguirse a través de una regulación del precio de los alquileres, incluyendo reducciones de renta y subsidios a la vivienda. La dificultad para acceder a una vivienda afecta de manera desproporcionada a los inquilinos, intensificando situaciones de pobreza y exclusión social. En el momento en el que los inquilinos se ven obligados a destinar una parte significativa de sus ingresos a la vivienda, ponen en serio riesgo su estabilidad financiera, quedando con recursos limitados para hacer frente a otros gastos básicos como la comida, la sanidad, la educación y el transporte. Los inquilinos se ven así inmersos en un círculo vicioso de precariedad, siendo incapaces de ahorrar o invertir en otras oportunidades que podrían mejorar su situación. El aumento del coste de la vivienda tiene un impacto negativo en el conjunto de la sociedad y la economía de un país.
La mayor brecha social de desigualdad en Europa la marca hoy en día la crisis de la vivienda, como vienen observando y advirtiendo el Sindicato Internacional de Inquilinos y la sociedad civil. Por eso, la movilización ciudadana es clave, como va a quedar de manifiesto este sábado 5 de abril, con las manifestaciones convocadas en toda España por el derecho a la vivienda.
Y es que en esta problemática que vivimos tan de cerca, en esta causa que se libra en nuestros barrios, Europa se encuentra en una encrucijada. O nos resignamos a que nuestras ciudades se conviertan en escaparates turísticos y campos de inversión para fondos especulativos, o recuperamos el control democrático sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia. Nosotras lo tenemos claro.
La vivienda es un derecho humano fundamental, no un privilegio. Tener acceso a una vivienda decente y asequible es la base sobre la que las personas y las familias construyen sus proyectos de vida, participan en la sociedad y contribuyen a la estabilidad económica de su país. Sin embargo, en todo el mundo, los inquilinos se enfrentan a retos cada vez más importantes: alquileres por las nubes, insuficiente seguridad jurídica, y un cada vez mayor mercado de la vivienda que, generalmente, prioriza el beneficio frente a las personas. Es nuestro deber garantizar que se respetan los derechos de las inquilinas e inquilinos, y que se escuche su voz.
Rita Maestre y Manuela Bergerot son coportavoces de Más Madrid. Barbara Steenbergen es miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Internacional de Inquilinos.
