A pesar de los ataques que estamos viendo a las universidades y a la libertad de pensamiento en otros países, España cuenta con uno de los sistemas universitarios más equitativos del mundo. ¿Y cómo se ha logrado esto? Gracias a una fuerte inversión pública, a una importante agenda legislativa y a una apuesta clara por la universidad pública de calidad, seña de identidad de los gobiernos socialistas.

El legado de los gobiernos del PP: desigualdad y fuga de talento

Hace siete años, cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno, España contaba con un sistema universitario debilitado por los fuertes recortes presupuestarios y las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Partido Popular.

Estas medidas de la derecha tuvieron consecuencias devastadoras para el sistema universitario y para el futuro de la juventud española y se reflejaron en una subida drástica en el precio las matrículas y en la diminución de las becas. Un gran número de estudiantes tuvo que abandonar sus estudios porque sus familias no podían costearlos. Los recortes generaron también bolsas de precariedad entre el profesorado universitario y expulsaron talento científico al exterior.

El giro socialista: inversión y equidad

En 2018, el nuevo Gobierno progresista de Pedro Sánchez comenzó a revertir los recortes del PP y aumentó la inversión en educación a través de una serie de reformas legislativas para modernizar el sistema universitario de nuestro país y hacerlo más equitativo. Este cambio de rumbo se centró en revertir las políticas de la derecha y en fortalecer el sistema universitario, aumentando notablemente la financiación pública y la inversión en becas.

Los fondos destinados a las becas para educación universitaria se incrementaron un 40%, pasando de 837 millones de euros en 2018 a 1.169 millones en 2024. También aumentó la cuantía media de beca por estudiante.

Pero, además, el equipo del nuevo presidente socialista comenzó una lucha contra la precariedad del profesorado universitario, uno de los objetivos fijados en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada la legislatura pasada.

Para conseguir ese objetivo, el Gobierno de España ha desplegado una inversión estatal en financiación directa del profesorado sin precedentes: el Programa María Goyri. Una iniciativa que permitirá la incorporación de 5.600 profesores y profesoras ayudantes doctores en las universidades públicas españolas. Se trata del programa más ambicioso de nuestra historia democrática en contratación de profesorado universitario y supondrá un relevo generacional en las plantillas docentes, clave para el futuro de nuestras universidades públicas.

El paradigma de política científica y universitaria que ha implantado el Gobierno actual apuesta por el conocimiento y no solo ha mejorado el acceso a la educación, sino que ha situado a la ciencia y a la innovación como pilares del crecimiento económico. Hoy, casi uno de cada cinco nuevos empleos en España está vinculado a estos sectores.

El modelo de la derecha: privatización y poca calidad

Frente a este avance, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han optado por un modelo contrario. Los mejores ejemplos de este paradigma los representan Madrid y Andalucía. Y para muestra de ello, ahí están las reivindicaciones de las universidades públicas madrileñas que denuncian la infrafinanciación de sus campus. Ahí está la apuesta por las universidades privadas de dudosa calidad de la presidenta Ayuso, mientras la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas se ha convertido en algo crónico.

En Andalucía, más de lo mismo: las universidades han tenido que pelear como nunca por la financiación pública y las nuevas leyes de ciencia y universidades socavan la autonomía universitaria y pretenden intervenir la agencia de calidad autonómica. El Gobierno de Moreno Bonilla ha favorecido a las universidades privadas autorizando, al igual que Ayuso, proyectos con informes negativos.

Pero también existen buenos ejemplos autonómicos, como el caso de Asturias, que demuestra que hay alternativas de políticas públicas autonómicas eficaces en materia universitaria, alineadas con el modelo de inversión y equidad desarrollado por el Gobierno de España.

En Asturias, el gobierno del socialista Adrián Barbón ha garantizado una financiación estable a la universidad pública, congelando las subidas de las tasas promovidas por los gobiernos del PP. Además, la Comunidad asturiana acaba de anunciar la implantación de la gratuidad de la matrícula para todo el estudiantado universitario de primer curso, una medida que se extenderá a los demás cursos paulatinamente y que supone una fuerte inversión pública.

La Proposición de Ley: igualdad en las prácticas universitarias

En este contexto, el Congreso ha aprobado esta semana la tramitación de una Proposición de Ley socialista para regular las prácticas académicas curriculares externas. La norma busca evitar la compra de plazas, prohibiendo, al igual que se hizo para la FP, que los centros educativos paguen a empresas para privilegiar a sus estudiantes en la asignación de prácticas. Una medida más en favor de la igualdad de oportunidades que refuerza el compromiso con una universidad accesible y de calidad.

La batalla por una universidad de calidad evidencia los dos modelos existentes: mientras el PSOE cree en la educación como un derecho y un motor de progreso y legisla en favor de su calidad, el PP la concibe como un negocio, algo que ha vuelto a demostrar una vez más votando en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.

Roberto García Morís, portavoz socialista de Universidades en el Congreso. El HuffPost no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.