La Comisión Europea alertó a España sobre las prácticas corruptas vinculadas al 'caso Mediador'
Fue a través de unas cartas enviadas en 2018 al propio general de la Guardia Civil implicado en el caso y a la Fundación FIIAP.
No paran de aflorar nuevos detalles en torno a la presunta trama corrupta del 'caso Mediador', que incluye el cobro de comisiones, gastos en prostitutas, cenas y drogas. Uno de los cerebros de toda la trama, sería el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni', investigado por la Justicia y en libertad con cargos.
Según ha adelantado la Cadena SER, a partir de una serie de misivas de 2018 de la Comisión Europea a las que ha tenido acceso, las autoridades europeas ya advirtieron al general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, el único de los protagonistas de la trama que por ahora ha ingresado en prisión, sobre los criterios que se estaban utilizando en la adjudicación de contratos para equiparar las gendarmerías de Burkina Faso, Mauritania, Malí y Níger.
Aquel año, la coordinadora de Cooperación en África Occidental de la UE, Carla Montesi, advirtió al general de que no se estaban cumpliendo los requisitos necesarios en cuanto a la capacitación técnica del material que se enviaba a aquellos países, que debían adaptarse a las "duras condiciones" y a las "necesidades" de sus policías.
Apenas tres años después, Navas medio para favorecer, presuntamente a uno de sus amigos, José Suárez Esteve, para que consiguiera varios contratos del proyecto GAR-SI SAHEL, tal y como figura en el sumario de la investigación judicial. Fruto de esa maniobra, se adjudicaron tres contratos por valor de 107.440 euros a la compañía Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. que tenían como objetivo suministrar drones para Mauritania, Malí y Níger.
La Comisión Europea también impidió que el general Espinosa Navas solicitara una extensión de los fondos para el proyecto GAR-SI SAHEL en Burkina, Malí y Níger, debido a costos imprevistos y una mayor duración en las fases de diagnóstico. El Ministerio del Interior había iniciado este proyecto, que estaba siendo administrado por la Fundación FIIAPP y financiado por la Unión Europea.
