El alcalde de Móstoles rechaza dimitir y dice que las acusaciones de acoso son una venganza política

No va a dimitir. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha rechazado dimitir y ha defendido que las acusaciones de acoso sexual por parte de una exedil del PP son una venganza política. "No sé de qué me tengo que defender", ha criticado, después de conocerse que la dirección del Partido Popular de Madrid habría presionado a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para que no le denunciara por presunto acoso sexual y laboral, según una información publicada por El País.

Según esa versión, la concejala se dirigió por escrito a la presidenta regional y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle su situación. No fue recibida, pero sí citada en la sede nacional del partido, donde se reunió con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con la vicesecretaria de Organización, Ana Millán. De acuerdo con el relato de la edil, ambos trataron de disuadirla de acudir a la policía o a los tribunales. En una de esas conversaciones, asegura que le dijeron que se quitara "de la cabeza cualquier tipo de denuncia" y que una acción judicial la "afectaría a" ella.

En la denuncia interna a la que alude la información, la concejala describe supuestos comportamientos de carácter sexual por parte del alcalde, con comentarios sobre su físico, insinuaciones y proposiciones explícitas. Según su testimonio, la situación cambió cuando rechazó esas insinuaciones. A partir de entonces, asegura haber sufrido un deterioro de su situación política, que define como acoso laboral. Entre otros hechos, afirma que se le impidió intervenir en los plenos municipales y que se le amenazó con retirarle competencias, lo que describe como una "invisibilización continua".

Tras no obtener respuesta directa de la presidenta regional, la concejala mantuvo al menos dos encuentros con dirigentes del PP madrileño. Según su relato, en esas reuniones se le insistió en que no denunciara y se le sugirió que diera "un paso atrás". El partido, siempre según esa información, no aplicó su protocolo interno de acoso al considerar que la concejala no mantenía una relación laboral con la formación, aunque llevaba afiliada desde 2010.

Meses después, en octubre, la edil renunció a su acta y se dio de baja como militante. Posteriormente acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, donde denunció haber sufrido "revictimización y daño añadido" y una actitud de "parcialidad hacia el alcalde".