El Gobierno crea la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha anunciado que esta oficina estará disponible a partir de mañana 15 de abril.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), con todas las garantías de seguridad y privacidad. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, reafirmando un principio esencial: la primacía de las instituciones del Estado en la tutela de los derechos de las víctimas.

Este mecanismo de reparación, fruto del acuerdo histórico que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento mañana, 15 de abril. Podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica.