La central nuclear de Almaraz ultima su cierre con los ojos puestos en la economía extremeña

A las puertas de Monfragüe, el pueblo más rico de Extremadura, con un presupuesto de 10 millones de euros y solo 1.700 habitantes. Almaraz (Cáceres) mira con recelo la propuesta del Gobierno para cerrar los dos reactores nucleares que proporcionan el 7% de la electricidad en España. 

La central nuclear de Almaraz es uno de los pilares económicos de Extremadura. Mientras el cierre escalonado de las plantas nucleares avanza conforme a lo pactado en 2019 entre las empresas, Enresa y el Gobierno, las críticas por el impacto en las comunidades afectadas no cesan.

María Guardiola, presidenta de Extremadura, lleva semanas defendiendo extender la vida útil de la central. Este martes no dudaba en tachar de “ninguneo” el desinterés del Gobierno central hacia lo que ella considera una “petición masiva” contra el cierre de la central de Almaraz. A través de su cuenta en X, Guardiola reprochaba a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por mantener un calendario que, según ella, no responde a las necesidades de la región. “La incoherencia del Gobierno sobre la energía nuclear y su ninguneo no sonrojan a la nueva ministra”, indicaba al respecto Guardiola, cuestionando lo que llamó un “argumento frágil de quien ni rectifica ni asume su responsabilidad”.

El cierre de Almaraz, programado tras haber superado su vida útil inicial de 40 años, ha generado una profunda división en Extremadura. La central emplea a 4.000 personas directa e indirectamente y aporta buena parte de los presupuestos municipales en los ayuntamientos más cercanos a sus dos reactores. Solo en Almaraz, la central supone el 80% del presupuesto. No es casualidad que sea el pueblo más próspero de la región. Vecinos y empresarios locales temen un colapso económico si la planta cesa su actividad. La ecuación es sencilla: si cierra la central, habrá despidos en otros negocios y lo que más se teme: la despoblación en una tierra, la extremeña, acostumbrada a la pérdida de población por falta de oportunidades.

"La decisión del cierre de la central se tomó en su día. No se con que intencionalidad se tomó y más teniendo en cuenta que la central es parte fundamental de Extremadura y de España por la cantidad de puestos de trabajo que genera y la cantidad de megavatios que aporta a la red. La red no está preparada para compensar la pérdida de electricidad que supondría el cierre de Almaraz", explica a este medio la alcaldesa de Millanes, Ahitana Gómez, que explica que existe cabreo y preocupación entre sus vecinos, en especial en los de la comarca de Campo Arañuelo, donde se ubica la nuclear.

Con poco más de 250 habitantes, casi un tercio del presupuesto municipal depende de la central. Para compensar los riesgos y el impacto que tiene un reactor nuclear, Enresa aporta cantidades de dinero a diferentes municipios próximos a la central. El más jugoso, el de la denominada como 'Zona 1', aquellos términos municipales a menos de cinco kilómetros de la central. "El dinero es lo de menos, pero a nosotros nos viene muy bien. Recibimos cada año 90.000 euros de la central que nos permiten contratar gente, tener personal administrativo y dar buena calidad de vida a los vecinos. Si cierra, desaparecerá", explica Gómez insistiendo en que el foco no es económico sino de la población que vive en la zona.

"Muchos vecinos trabajan directa e indirectamente en la central y nos tememos una pérdida poblacional azuzando la despoblación. No es una cuestión solo de las pérdidas de trabajo o los beneficios, es que sin trabajo los vecinos se van a tener que ir. Por ponerte un ejemplo, en Millanes tenemos una pareja joven con dos niños pequeños. Los dos trabajan en la central. ¿Si cierra qué les queda?", explica al respecto.

"Supone una catástrofe, supone despoblación en nuestros municipios ya que la central da unos 3.000 empleos entre directos e indirectos, si esos se pierden, tendremos una merma de población enorme. Luego está la perdida de energía, ya que la centran nuclear aporta el 61,5% de la energía a Extremadura, una energía estable que es lo que quieren las diferentes industrias", explica por su parte Fernando Sánchez, alcalde de Belvís y presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro".

"Nosotros tenemos claro que la decisión que se tomó en 2019, una orden ministerial, no se sostiene en el mundo actual. En seis años han cambiado muchas cosas, y ahora en toda Europa se habla de la necesidad de reindustrializar, y de la necesidad de la soberanía energética. También en España hablamos mucho de la necesidad de combatir despoblación", explica al respecto asegurando que "una central como Almaraz apoya la reindustrialización, aumenta nuestra soberanía y combate la despoblación". "El mundo ha cambiado y todas las partes han de ser conscientes. Esperamos que dialoguen y se pongan de acuerdo en la continuidad para revocar esa orden ministerial", reivindica.

Unas 7.000 personas se manifestaron el sábado en la comarca de Campo Arañuelo para protestar contra el cierre de la central nuclear de Almaraz. Al grito de "no se cierra", los manifestantes llevan meses movilizándose para la continuidad de la planta, que consideran "motor de vida y progreso" para la zona. El plan establece el cese de la actividad de Almaraz I en 2027 y de Almaraz II en 2028, y el tiempo para movilizarse apremia. "Pese a todo hay un ambiente de optimismo y lucha. Si no creyéramos que las cosas pueden cambiar no estaríamos aquí", explica Sánchez.

"No vamos a parar hasta que se nos escuche. Hay un calendario de movilizaciones porque es muy injusto que no se escuche a los vecinos. Este tema ha puesto de acuerdo al PP y al PSOE en Extremadura. Es una incoherencia dejar de apostar por este tipo de energías cuando muchos países están invirtiendo en ella. Solo tenemos el apoyo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y las diputaciones de Cáceres y Badajoz", se queja la alcaldesa de Millanes.

"La Asociación se constituyó formalmente a comienzos de año, por lo que no hemos tenido contactos oficiales todavía", completa el alcalde de Belvís. "Trabajamos para que más pronto que tarde todas las instituciones, tanto en Madrid como en Bruselas, sean más consciente del peso de decisiones como el cierre en nuestra comarca. Las cosas no se ven igual en el despacho que en el pueblo", avisa. 

Más allá del plan de cierre, lo cierto es que ninguna de las empresas vinculadas a la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- ha solicitado una prórroga para seguir operando en la central. Además, el acuerdo de cierre fue suscrito voluntariamente por las compañías en 2019. “Este calendario permite un proceso ordenado y escalonado”, ha explicado al respecto del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que prefiere en cada comparecencia pública sobre el tema destacar los avances de la región en energías renovables como un camino para suplir la dependencia de la energía nuclear. Sin entrar en la gestión de los residuos nucleares que se producirán una vez cierren los dos reactores.

Sin embargo, la Junta de Administradores de Centrales Nucleares de Almaraz-Trillo (CNAT) ha matizado que la clausura responde a la "desproporcionada carga fiscal" que soporta la planta, que asciende a 435 millones de euros anuales en impuestos y tasas, superando los costes operativos. Además, argumentan, las nuevas normativas de seguridad de la Unión Europea exigen inversiones adicionales que dificultan la viabilidad de la instalación.

Un informe de la consultora Payperthink advierte que la comarca afrontará un "impacto tremendo" con el cierre de la central. "Cuando la planta pare su actividad, el territorio estará en una situación mucho más delicada que otros de similares características", se explica al respecto.

En este contexto, la vicepresidenta Aagesen defendió en el Congreso que el cierre de las nucleares es parte de un plan nacional pactado y que responde a una transición energética hacia las renovables. Sin embargo, en Almaraz, las opiniones van hacia el mismo lugar: qué pasará cuando cierre y cómo se llenará el frigorífico cada mes.

Los salarios de los trabajadores de la planta oscilan entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, con beneficios adicionales para ellos y sus familias. Según un informe de la consultora Payperthink, la planta genera un impacto de 435 millones de euros anuales en impuestos, de los cuales 100 millones van íntegramente a Extremadura. La Junta se queda 85, pero los otros 15 se reparten entre los municipios cercanos con Almaraz, Saucedilla y Romangordo como principales beneficiarios. En tres años no quedará nada.

Ni siquiera el proyecto de la gigafactoría de baterías de litio que se va a instalar en Navalmoral de la Mata, a menos de viente kilómetros de la central termina de convencer. "No entendemos esa ligazón que se hace: ‘se va la central, pero viene una factoría’. ¿Es que en Extremadura solo podemos tener una locomotora industrial? La cuestión es si hay que cerrar la central, y la respuesta es no", resume Fernando Sánchez. "Si tuviésemos otra industria, otra, sería muy bueno, cómo no. Pero no sustituiría a Almaraz. Y ya que hablamos de ese proyecto, hay que recalcar que es eso, un proyecto, y va muy lento", concluye.