Primera asignatura del curso: el Consejo de Ministros aprueba la condonación de la deuda de las autonomías

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas para iniciar su trámite en el Congreso. Una norma que necesitará de la mayoría absoluta de la cámara baja para lograr su aprobación y que supondría una de las leyes más importantes que presente el Ejecutivo. Con ella, el Estado quiere asumir hasta 83.252 millones de todos los territorios —a excepción de Euskadi y Navarra que están fuera del régimen común—. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo anunciaba el pasado viernes dando el primer disparo de salida del curso político. "Es difícil que las comunidades autónomas no acepten la condonación de la deuda", aseguraba Montero marcando la diana la fecha del 2 de septiembre.

La norma tiene en contra a muchas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que mantiene el argumentario de que se trata de una medida "para beneficiar y diferenciar a Cataluña del resto". Precisamente, la condonación fue uno de los acuerdos claves para que Esquerra Republicana apoyara la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Precisamente durante ese tiempo también se cerró la investidura a la Generalitat de Salvador Illa con la que otro de los puntos clave fue la financiación singular del territorio. Todo ello ha creado el marco argumentativo de los principales partidos de la oposición para sostener que esta es una maniobra de Sánchez para seguir en Moncloa. Sin embargo, ni siquiera Cataluña será la comunidad autónoma más beneficiada por esta condonación.    

Andalucía será el territorio que más se aproveche de esta medida fiscal con 18.791 millones de euros, seguida de precisamente Cataluña, con 17.104; y la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones. Madrid también estaría beneficiada con un total de 8.644 millones. Detrás de ellas, también se encuentran Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Murcia o Canarias con entre 5 y 3 mil millones cada una. El proyecto ya fue anunciado por la ministra el pasado mes de febrero donde se estipularon los criterios de la condonación que quitaría un 25% de la losa de deuda que acumulan las autonomías y que sería aprobada a principios del curso político después del verano. Ahora bien, todo ello tendrá que aprobarse en el Congreso en un debate que como viene siendo habitual en la política española de un tiempo a esta parte se prevé acalorado. 

Pese a que parece que la mayoría de las autonomías parecen estar de acuerdo con la condonación, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, muchas pedirán como condicionante indispensable que se actualice el sistema de financiación autonómica que lleva caduco desde el año 2014 después de su aprobación definitiva en 2009. "Es tan sólo un parche para que Sánchez siga en la Moncloa en vez de una reforma integral del modelo financiero autonómico", asegura desde el principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ponía en el centro de su discurso que "no quería pagar la deuda sólo cuando los independentistas lo ponen encima de la mesa" y que "no entiende por qué hay que pagar a autonomías que no han gestionado bien". 

Por otro lado, algunas de las comunidades autónomas han advertido de que recurrirán la ley en caso de su aprobación. Todo ello sucedió precisamente el pasado mes de febrero en las que las comunidades del PP y Canarias —donde cogobiernan— se levantaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se reúne el Ejecutivo con los consejeros de Hacienda. En ese momento, los territorios de la Comunidad de Madrid, Murcia o La Rioja anunciaron que presentarían "los recursos competentes" para que la norma diese marcha atrás.

El mayor escollo que se puede encontrar el Consejo de Ministros es por parte de Compromís, que ya anunció antes de la época estival sus dudas a esta condonación y, ahora, persiste en esta valoración. "La quita de deuda es una solución, lo que no pueden ser son los criterios", ha asegurado el líder de la formación valenciana, Joan Baldoví, que considera que "se debería condonar más a los que peor están en vez de a los que más tienen". "Algo falla en los criterios, ¿cómo a Andalucía le quitan el 50 por ciento de su deuda y a los valencianos lo que nos quitan no llega al 20 por ciento?". Todo está en el aire y se discernirá durante el debate en el Congreso que se producirá después de que este martes se apruebe en el Consejo de Ministros y que dará el pistoletazo de salida a un nuevo curso político en el que el Ejecutivo de Sánchez tiene todavía varias tareas pendientes con la espada de Damocles de la aprobación de los presupuestos sobre Moncloa.

Se estima que esta condonación permitirá un ahorro acumulado de entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, mejorando la solvencia y la imagen crediticia de las autonomías ante los mercados financieros. Sin embargo y pese a ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que ese ahorro no podrá ser destinado a incrementar el gasto público en sanidad, educación o servicios sociales debido a que los intereses no se computan dentro de la regla de gasto, pero que sí permitirá a los territorios tener un mejor gasto y control financiero al dejar de lado una considerable losa que llevan tiempo arrastrando. 

El proceso parlamentario comienza este martes después de que el Consejo de Ministros la haya aprobado y emprenderá su camino hacia la cámara baja. En ella se debatirá sobre el proyecto de ley orgánica donde todos los grupos parlamentarios podrán determinar sus matices, propuestas y réplicas a la ley elaborada por el ministerio de María Jesús Montero. Este será el momento también de la demanda recurrente de la oposición de hacer un nuevo modelo de financiación autonómico íntegramente además de sus críticas habituales al independentismo y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

En principio, el Ejecutivo espera que la condonación de la deuda entre en vigor antes de que finalice este año y, una vez aprobada, será entonces cuando las comunidades autónomas podrán optar voluntariamente a acogerse a ella o no. Pero para ello, la ley requiere de una mayoría absoluta de elevada dificultad por los estragos que puedan plantear partidos como Compromís, la Chunta o Junts, que criticó el "café para todos" y que anhelaba que esta medida sólo fuera para el beneficio del territorio catalán. 

Se trata de la primera medida del Ejecutivo después de un verano marcado por los incendios y la gestión de unos y otros. El curso político terminó con los diferentes casos de corrupción que rodeaban el círculo más íntimo del presidente como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García y ahora, después del verano, vuelve a engrasarse la maquinaria en el que previsiblemente la condonación protagonice los primeros enfrentamientos en el hemiciclo. 

Por delante y después de la condonación de la deuda se encuentran otros temas pendientes de gran trascendencia política y social como los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo todavía no ha logrado aprobar; abordar la crisis de vivienda que impide que miles de ciudadanos se puedan permitir costearse un hogar, la subida del salario mínimo —donde el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz prevé que se saque adelante entrado el 2026— o la reforma de la jornada laboral.