Para estar poco orgullosos: todas las veces que el PP se opuso a apoyar derechos para el colectivo LGTBIQ+

Decía Pedro Zerolo, uno de los activistas fundamentales para entender la evolución de los derechos LGTBIQ+ en España, que lo fácil en esta vida era ser de derechas y no combatir "el despotismo de determinadas costumbres que han discriminado a más de la mitad de la población del mundo durante siglos". El dirigente socialista, fallecido en 2015 a causa de un terrible cáncer de páncreas, luchó durante muchos años para que la sociedad que se estaba construyendo en la España democrática fuera multicolor. Como el arcoíris. Aunque eso significara, en muchas ocasiones, discutir políticamente con una derecha reacia a adoptar y defender los diferentes derechos LGTBIQ+ que se iban conquistando.

Así fue como en 2003, dos años antes de que se aprobara el matrimonio homosexual, Zerolo presentó en el ayuntamiento de Madrid una propuesta de su grupo que instaba a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a "abogar por la consecución del matrimonio entre personas del mismo sexo". "En España llevamos 26 años bregando por nuestros derechos. No quiero hacer aquí un ejercicio de victimismo, pero todos sabemos el sufrimiento que hemos pasado y pasamos los gays. Es una obligación de los representantes públicos hacerse eco del sentir de la ciudadanía", dijo en aquella sesión.

Por supuesto, Ana Botella - la de una manzana es una manzana y una pera es una pera - se opuso a la propuesta y argumentó que no existía una mayoría social que apoyara el matrimonio gay. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones autonómicas había ganado Esperanza Aguirre (entendiéndose, entonces, que los madrileños eran de derechas. Y ser de derechas era estar en contra del matrimonio homosexual)

En 2005, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue una realidad en toda España. De hecho, nuestro país se convirtió en uno de los impulsores de un derecho social que hoy ya es una realidad en más de cuarenta países de todo el mundo. Pero no fue fácil: el PP no sólo votó en contra en el Congreso sino que se unió a la Iglesia Católica para celebrar diferentes manifestaciones por toda España en contra de esta norma. "El matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer para la procreación", defendía el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. De hecho, lo que al gallego le fastidiaba mucho era "la manía del Gobierno de parecer moderno".

Menos mal que, en esto de decir burradas, siempre habrá alguien dispuesto a ganarte. Y en el PP, con la ley del matrimonio homosexual, hubo muchos y muy empecinados. El entonces alcalde de Pontons, Lluis Fernando Caldentey, dijo que los gays o las lesbianas eran "personas taradas", la diputada autonómica Montserrat Nebrera dijo que esto era igual que "la unión entre dos hermanas, un perro y una señora o una señora y un delfín" y el futuro ministro Jorge Fernández Díaz aseguró que el matrimonio gay no garantizaba la pervivencia de la especie. 

Bajo la presión de los lobbies ultracatólicos y de la propia Conferencia Episcopal, el PP presentó una recurso de inconstitucionalidad al TC que no se resolvió hasta casi siete años después. Años y años de mucha incertidumbre y miedo ante la posibilidad de retroceder en un derecho que, por otro lado, contaba con el respaldo mayoritario de la sociedad (aunque Ana Botella siguiera pensando lo contrario). 

Rajoy llegó al poder unos meses antes de la decisión del TC y, aunque tuvo oportunidad de hacerlo, ni reformó ni derogó la ley aprovechándose de su mayoría absoluta. En el PP habían entendido que la evolución de la sociedad había ido en contra de su postura y que no convenía calentar las calles en un momento de máxima sensibilidad por una crisis económica que se estaba llevando por delante el futuro de muchos españoles. De hecho, cuatro años después, el Rajoy que echó pestes del matrimonio gay fue el invitado de honor de la boda (gay) de Javier Maroto. "Esta boda humilde es también un paso más al reconocimiento del matrimonio, sea quien sea quien lo contraiga. Libertad para todos con los mismos derechos. Y hoy, una década después, mis compañeros de mi partido han querido dar este paso al frente" manifestó Maroto junto a su ya marido Josema a los medios de comunicación.

Este enlace podría haber sido el punto y final a la particular cruzada del PP contra la ampliación y defensa de los derechos LGTBIQ+. Pero, por desgracia, no ha sido así. En los últimos años, los populares se han mostrado esquivos a cualquier reconocimiento legal para el colectivo. Para muestra, varios botones.

En el año 2021, el PP se abstuvo en la votación de la Eurocámara para reconocer que las familias LGTBI tengan los mismos derechos en los países de la UE. Maroto, el de la boda, dijo que la propuesta era "una trampa de la izquierda". Y ese mismo año, 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP, incluida la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, también se abstuvieron (es decir, no votaron a favor) en la votación para exigir la retirada de fondos europeos a la Hungría de Viktor Orbán como castigo a sus leyes homófobas.

En el año 2023, el Congreso aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El PP votó en contra al considerar que era una norma "que ataca al feminismo y promueve el borrado de las mujeres". En este aspecto, cabe recordar que la comunidad trans es una de las más discriminadas en nuestro país. Los estudios señalan que el 55% de las personas trans ha experimentado rechazo en procesos de selección laboral, y un 42% sufre discriminación en el trabajo. Esta vulnerabilidad se extiende al ámbito sanitario y a la propia burocracia. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que derogará esta norma en el caso de alcanzar el poder. 

En 2026, hace escasamente unos días, el PP se abstuvo en la votación sobre la reforma del Código Penal que penaliza las llamadas 'terapias de conversión' dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. El diputado nacional del PP y secretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, subió muy orgulloso al estrado para decir que era "maricón y del PP". Preguntado al día siguiente sobre por qué su partido se abstuvo en dicha votación, de los Santos dijo que la posible pena máxima de dos años que incluía la reforma era "poca para semejante delito" y que su partido, en el Senado, presentaría enmiendas para "reforzar" esas penas.

Sobre este último aspecto, el de las terapias de conversión, cabe recordar que PP y Vox votaron juntos en 2022 en contra de prohibirlas en Murcia. Y el año pasado, en la Comunidad Valenciana, los dos mismos partidos aprobaron en comisión varios artículos de la ley trans de la Comunidad Valenciana para, entre otras cosas, abrir la puerta a las terapias de conversión cuando fueran "voluntarias" para las personas que las quieran recibir. Algo que ahora está pendiente de decisión del Tribunal Constitucional.

En paralelo, el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid ha recortado en estos últimos años parcialmente la ley trans y la mayoría de municipios y autonomías que gobierna el PP se opone a exhibir la bandera LGTBIQ+ en los edificios públicos pese a que una sentencia del Tribunal Supremo lo permite. Por no hablar de que asociaciones que trabajan en defensa de los derechos del colectivo denuncian que en muchas de las comunidades en las que gobiernan las derechas se invisibiliza al colectivo o se recortan recursos. 

Por tanto, no importa lo que yo haga o diga, como decía la famosa canción de Alaska y Dinarama. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Pero sí importa, y mucho, lo que nuestros representantes políticos votan cuando están en juego derechos de individuos y colectivos. Porque, como también decía Pedro Zerolo, una sociedad sólo puede construirse "fomentando la diversidad y la pluralidad".