Una condonación sin condiciones: los riesgos del anuncio de Hacienda sobre la quita de la deuda a las Comunidades

La de Yanis Varoufakis con la troika es la historia de una lucha por la condicionalidad. Tras la crisis de deuda soberana de Grecia y después de que Syriza llegara al poder, el exministro de Finanzas denunció de manera sistemática las condiciones para el rescate que había impuesto al país el triunvirato conformado por la Comisión Europea, el Banco Central Europea y el Fondo Monetario Internacional. Unos requisitos de austeridad, los de la troika, que asfixiaron a la población griega. La propuesta de Varoufakis siempre pasó por reestructurar la deuda, con diferentes condiciones, a través de políticas que no empobrecieran a la gente. Aunque Varoufakis tuvo que dimitir por diferentes motivos que ahora no vienen el caso, Grecia validó sus reivindicaciones en el referéndum del 5 de julio de 2015. El país dijo no a las condiciones de la troika y su exministro, en su carta de dimisión, aseguró que llevaría "con orgullo el odio de los acreedores". "El referéndum del 5 de julio quedará para la Historia como un momento único, cuando una pequeña nación europea se levantó contra la esclavitud de las deudas", escribió también.

En materia de préstamos, la condicionalidad lo es todo. Para huir del lenguaje técnico y casi siempre incomprensible para los que no estamos provistos de una gran formación económica, va un ejemplo algo frívolo. Escenario uno: imagina que tienes un amigo que necesita dinero. Qué sé yo, veinte euros. Pero tu amigo es muy dado a seguir los terribles consejos de un influencer que asegura ser experto en el mercado de las criptomonedas, pese a que jamás ha logrado acreditarlo. Decides prestarle el dinero, pero con una condición, que los destine a algo que realmente necesita y no a una criptoestafa. Supeditas así un préstamo a una condicionalidad. Escenario dos: a tu amigo le das el dinero, pero le espetas un desconfiado "con vuelta". Cuando tu amigo tiene, de nuevo, veinte euros, tú, que en el fondo eres muy majo, le dices: "Ok. Te los voy a perdonar. Pero con una condición, que los destines a algo que realmente necesitas". Acabas de ejercer una condonación de una deuda, pero sujeta a una condicionalidad, que no lo invierta.

Este lunes, la palabra "condicionalidad" volvió a demostrar su esencia en materia económica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció una condonación de la deuda para las Comunidades Autónomas sin "condicionalidad" alguna. ¿Esto qué significa? Que los Gobiernos regionales pueden o no acudir a la quita de una parte de sus deudas, de las que se hará cargo el Estado, pero también que, si lo hacen, nadie vigilará en qué invierten los recursos perdonados. Desde el Gobierno presuponen que, gracias a esta dispensa, las Comunidades podrán destinar más fondos a los servicios públicos, pero... ¿Y si no lo hacen?

Durante un coloquio organizado por Artículo 14, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que una medida de este calado debería estar sujeta a "una condicionalidad". Díaz propuso una, que las Comunidades beneficiadas se comprometan a no rebajar "los impuestos que gravan la riqueza". "Si no, estaríamos haciendo trampa", denunció. Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, dudan de que “se pudiera legalmente” establecer cualquier tipo de requisito, según comentan fuentes consultadas por El HuffPost. Pero hay quien lo niega. El economista, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y militante de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, es uno de ellos. "Decir que legalmente no es posible solo muestra la falta de voluntad política que puede tener Hacienda para ello. Claro que es posible la creación de un Fondo Estatal al que se accede libremente, es la clave, a recursos con destino a condonación de deuda, sujeto a condicionalidad positiva, es decir, a hacer ‘cosas’. ¿Qué cosas? Pues las que algunos pensamos que deberían formar parte de la misma son las siguientes: la holgura financiera por el menor gasto financiera y la no amortización de la deuda con el Estado tendría que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) con respecto al año previo a la adopción de la decisión normativa relativa a la condonación", dice.

Lo de la "condicionalidad positiva", recuerda Sánchez Mato, "lo usa la Comisión Europea continuamente: ‘Te doy estos recursos en fondos de cohesión si y solo si haces esta inversión o aumentas el gasto con respecto al año anterior’, etc." Al igual que la ministra de Trabajo, además, Sánchez Mato añade como condición "la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades beneficiadas, es decir, a no realizar reducciones de tributos propios ni cedidos que supongan merma recaudatoria en la memoria que acompaña a las decisiones de materia fiscal". Desde Izquierda Unida, además, reclamarán "que se incluya condicionalidad a la financiación a los Ayuntamientos de las competencias denominadas impropias y que prestan estos sin que sean pagadas por quien tiene la obligación competencial de actuar", es decir, la Comunidad.

Esta mañana, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparaba la condonación de la deuda con el pago de una hipoteca. Lo hizo, en su caso, para combatir la negativa del PP a aceptar la quita. "Imagínense que a un ciudadano se le dice que el Gobierno asume parte de su hipoteca y que la casa sigue siendo suya", equiparó. Pero, al igual que en el caso del amigo y las criptomonedas, el asunto se ve de otra manera si ese ciudadano tiene, por ejemplo, su casa en alquiler. El Gobierno puede pagarle parte de la hipoteca, sin condiciones, ¿pero y si entonces este propietario decide incrementar el alquiler? Sería diferente si a este ciudadano se le ofreciera la posibilidad de acogerse a la quita siempre y cuando no especule con su vivienda. Eso es la condicionalidad.

El riesgo de que haya Comunidades que puedan acogerse a esta medida y luego beneficiar, por ejemplo, a las rentas altas, no es infundado. En Andalucía, por ejemplo, la autonomía que más podría beneficiarse de la condonación, el Impuesto al Patrimonio, que solo pagarían las personas más ricas, ya está bonificado al 100%. Algunos economistas, como Yago Álvarez Barba, coordinador de la sección salmón en El Salto, defienden incluso que la condonación de la deuda debería llevar implícita la condición de "obligar a los gobiernos autonómicos a que suban los impuestos a los que más tienen". Álvarez Barba, autor del libro Pescar el salmón, critica que Hacienda, al igual que hizo con el Salario Mínimo Interprofesional, premie a los Gobiernos autonómicos que hayan subido el IRPF "en lugar de premiar a aquellas que no perdonan impuestos a los ricos".

María Jesús Montero anunció que atribuiría una "condonación adicional" a las Comunidades que subieron el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las autonomías que hayan subido el IRPF por encima de la media "podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media". Pero Hacienda, tal y como confirman a El HuffPost, solo ha tenido en cuenta el IRPF, no los impuestos a las grandes fortunas. El problema es que se mira el IRPF pero, como escribe el economista, "sin atender a qué tramos". "Es decir, si un Gobierno ha subido el impuesto al IRPF a todos los trabajadores, pero le perdona el Impuesto de Patrimonio a los ricos, será premiado con una mayor condonación", prosigue Álvarez Barba. En su opinión, el anuncio de María Jesús Montero "es de todo menos pedagogía fiscal y, si acaso, es una que nuevamente recae en los de abajo mientras los altos patrimonios bajo el paraguas de los gobiernos del PP se siguen librando de aportar lo que les corresponde".

Queda todavía tiempo para conocer cómo será la propuesta definitiva. Hacienda pretende tener lista una ley orgánica a finales de año. Y, como siempre en economía, la clave estará en la letra pequeña.