España construyó solo 11.104 viviendas protegidas en 2025, un 22,7% menos que el año anterior: en los noventa se levantaban 60.000 al año y hoy el parque público es un tercio del europeo
En varias regiones el descenso es particularmente acentuado.
La vivienda protegida en España vuelve a dar señales de debilidad. Tras el repunte registrado en 2024, el impulso se ha frenado en seco: en 2025 se construyeron únicamente 11.104 viviendas de protección oficial (VPO), un 22,7% menos que el año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La caída, que equivale a más de 3.000 viviendas menos, supone un nuevo revés para una política considerada clave para aliviar el acceso a la vivienda. Aunque la cifra del pasado año es la segunda más alta de la última década, el retroceso rompe la tendencia al alza que parecía consolidarse.
Muy lejos de los niveles históricos
El contraste con el pasado es contundente. Durante el auge de la vivienda protegida en España —entre 1991 y 2008— se construían de media cerca de 60.000 viviendas al año. Hoy, el volumen está a años luz de aquellas cifras.
El dato de 2024, cuando se superaron las 14.000 viviendas, hacía pensar en una recuperación progresiva. Sin embargo, el desplome de 2025 refleja que ese crecimiento no era todavía estructural.
Además, el frenazo no solo afecta a las viviendas terminadas. Los proyectos que se inician —medidos a través de las calificaciones provisionales— también han caído con fuerza: pasaron de casi 24.000 en 2024 a poco más de 15.500 en 2025, un descenso del 35%. Esto anticipa que la debilidad podría prolongarse en los próximos años.
Un parque público muy reducido
Este parón tiene consecuencias directas sobre uno de los grandes déficits del sistema residencial español: el tamaño del parque público. Mientras que en Europa la vivienda protegida representa de media alrededor del 9% del total, en España apenas supera el 3%. Es decir, un tercio de la media comunitaria.
Reducir esa brecha es uno de los objetivos del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno quiere aprobar con un presupuesto de 7.000 millones de euros. De esa cantidad, unos 2.800 millones —el 40%— estarán destinados a la creación de vivienda asequible.
Sin embargo, el ritmo actual de construcción plantea dudas sobre la capacidad real de acercarse a los estándares europeos.
Madrid tira del descenso, Cataluña lidera el aumento
El retroceso de 2025 tiene un epicentro claro: Madrid. La región perdió más de 4.600 viviendas protegidas respecto al año anterior y dejó de ser la comunidad que más construye.
Ese puesto lo ocupó Cataluña, que cerró el año con 3.517 viviendas protegidas terminadas, más del doble que en 2024. Andalucía también registró un fuerte crecimiento, con más de 2.200 viviendas.
En cambio, otras comunidades como País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Baleares también experimentaron descensos, mientras que en territorios como Canarias, Murcia o Cantabria no se registró ni una sola vivienda protegida terminada en los dos últimos años.
Propiedad frente a alquiler
Otro dato relevante es el tipo de vivienda protegida que se construye. En 2025, casi la mitad de las VPO se destinaron a la venta, mientras que el 37,4% fueron para alquiler.
Eso sí, con una particularidad significativa: ninguna de las viviendas de alquiler incluía opción a compra. Es la segunda vez desde 2014 que esta modalidad desaparece por completo.
El aumento del peso del alquiler —que ha pasado del 25,9% en 2024 al 37,4% en 2025— va en línea con los objetivos del Gobierno, que busca que al menos la mitad de la vivienda protegida se destine a este fin. Pero aún queda camino por recorrer.
El debate de fondo: modelo y permanencia
Más allá de las cifras, el modelo de vivienda protegida sigue generando debate. Una de las claves está en la duración de la protección.
Comunidades como Madrid permiten que las VPO se descalifiquen con el tiempo y pasen al mercado libre, mientras que otras como Cataluña apuestan por mantener su carácter protegido de forma permanente.
El Gobierno quiere avanzar hacia este segundo modelo en el nuevo plan estatal, al menos para aquellas viviendas financiadas con fondos públicos.
Un problema estructural
El descenso de la vivienda protegida en 2025 no es solo un dato coyuntural. Refleja las dificultades de España para consolidar una política sostenida que aumente de forma significativa el parque público.
Con precios al alza y un acceso cada vez más complicado, la falta de vivienda asequible sigue siendo uno de los grandes retos pendientes. Y los números, por ahora, no invitan al optimismo.